Militares en Rio: ¿un ensayo del gobierno?
La ocupación militar de Rio de Janeiro ordenada por el presidente Michel Temer es apenas el ensayo de una práctica que pudiera extenderse a otros estados brasileños, alertó el politólogo brasileño Jorge Rubem Folena de Oliveira. Unos 10 mil militares fueron enviados a Rio de Janeiro por Temer para frenar lo que según dijo es “una ola de violencia”. “Una vez más, como en 1964, los militares pudieran ser manipulados para instaurar un estado de excepción contra el pueblo brasileño”, sostuvo de Oliveira y subrayó que “Temer y sus socios no entregarán fácilmente el poder que usurparon el pasado año mediante un golpe muy costoso para la incipiente democracia brasileña”.
“Tomando en cuenta la manipulación política con vistas al recrudecimiento del estado de excepción, mediante la utilización de las fuerzas militares, puede pensarse que la realización de las elecciones en 2018 es hoy una incógnita”, advirtió.
El también abogado denunció que el decreto emitido por Temer autorizando el despliegue de 10 mil militares en Rio de Janeiro contradice la Constitución y la ley de empleo de las Fuerzas Armadas. Para ser autorizada la implementación de la Garantía de la Ley y el Orden (GLO) el gobernador del Estado, Luiz Fernando Pezão, debió declarar formalmente, por decreto, que las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro son incapaces de combatir el aumento de la violencia allí, lo cual no ocurrió, dijo. La GLO -remarcó- “está siendo utilizada de forma indebida por el gobierno federal, como viene denunciando el Comandante del Ejército (general Eduardo Villas Boas), pues no es papel constitucional de las Fuerzas Armadas servir de guardia pretoriana de gobiernos impopulares, ni de policía”. “En el caso de Rio de Janeiro, como en los demás Estados brasileños, el aumento de la violencia urbana está ligado al crecimiento de la pobreza y al corte de fondos públicos, patrocinados por el desgobierno Temer en este último año”, manifestó. Además de ello, sostuvo que“no existe una efectiva política de combate a los negocios relacionados con el tráfico internacional de armas y estupefacientes, que exigen un gran movimiento de capitales y lavado de dinero, los cuales no son fiscalizados adecuadamente por las autoridades monetarias y fiscales del gobierno federal”.