El ocultamiento como estrategia política
Doce años después de la inauguración del ciclo progresista, el salario completó un incremento del 55% en términos reales, dejando atrás los tiempos más oscuros de la dantesca crisis económica y social del 2002, cuando la pérdida de poder de compra superó largamente el 20%.
La noticia, que fue confirmada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en una entrevista concedida al portal de la Presidencia de la República, actualiza la evolución de las retribuciones de los trabajadores.
El anuncio -que no ha sido desmentido porque es irrefutable y responde a un minucioso trabajo estadístico- fue ignorado como es habitual por los medios de comunicación masiva, que suelen alimentar sus agendas informativas más de versiones tendenciosas y chismes de redes sociales que de realidades cotidianas tangibles.
Por supuesto, esa estrategia de permanente desgaste le ha permitido al bloque conservador -que tiene su expresión mediática más grotesca en el oligopolio audiovisual- horadar la credibilidad del gobierno e instalar en la sociedad uruguaya la falsa percepción de que el oficialismo ha perdido el rumbo.
Si realmente hubiera perdido el rumbo, la economía no estaría creciendo a tasas bastante más auspiciosas a las pronosticadas por los analistas y por las agencias internacionales ni el índice de pobreza hubiera descendido al 9%, la cuarta parte del registrado hace 12 años.
En efecto, en 2016, el Producto Interno Bruto -que alcanzó los 52.400 millones de dólares- experimentó una moderada suba del 1,6%, superando el estancamiento de 2015 y confirmando el desacople con respecto a nuestros vecinos regionales.
Aunque Uruguay ya no crece a tasas chinas como en el pasado reciente, porque la demanda externa es menor y la coyuntura es de enfriamiento global, igualmente mantiene un ritmo ascendente.
Obviamente, esa tendencia aun no tiene su correlato en el mercado de empleo, que recién en el último mes comenzó a esbozar síntomas de recuperación.
Buena parte de la expansión económica esperada, que este año se situaría entre un 2% y un 3% según estimaciones privadas, está íntimamente vinculada al crecimiento del salario y de las pasividades que, por ley, están acopladas a estos. En el período analizado las jubilaciones y pensiones aumentaron casi un 58% en términos reales.
En efecto, en nuestro país el consumo de las familias es la variable que más contribuye a la conformación del PIB, explicando aproximadamente las tres cuartas partes del total. Este ha sido el gran motor de la economía uruguaya desde 2005, sumado a la inversión productiva que genera puestos de empleo.
La situación es radicalmente diferente a la de los cuatro gobiernos de derecha de la post-dictadura, cuando el crecimiento de los salarios fue apenas moderado, casi nulo o directamente hubo pérdida salarial, pese a coincidir, en algunos casos, con ciclos de auge económico y condiciones externas favorables.
En efecto, entre 1985 y 2004, el salario real aumentó promedialmente apenas un 4%, logrando una modesta recuperación con respecto a la debacle del último tramo de la dictadura cívico-militar.
Mientras durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti las remuneraciones de los trabajadores crecieron un 26% con negociación colectiva, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle el repunte fue de apenas un 2%.
En tanto, en la segunda administración encabezada por Sanguinetti los sueldos se incrementaron en términos reales apenas un 1% y en el dramático quinquenio presidido por Jorge Batlle la pérdida de salarios y pasividades superó el 20%.
Por supuesto, estos dos últimos gobiernos fueron de coalición blanqui-colorada y responsables de la devastadora crisis económica y social que eclosionó a partir de 2002.
En el decurso del ciclo conservador, los beneficios del crecimiento de la economía no impactaron positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y jubilados, que siguieron rezagados.
Esa tendencia a la inequidad se acentuó en la década del noventa -en el marco de la ofensiva neoliberal - con una profundización del modelo concentrador, acorde a los dictados del denominado Consejo de Washington.
No en vano el gobierno nacionalista encabezado por Luis Alberto Lacalle suspendió la convocatoria de los Consejos de Salarios, dejando el mercado de trabajo librado al mero juego de la oferta y de demanda.
En ese contexto de desregulación y en algunos casos de precarización laboral con absoluta prescindencia del Estado, se estancó el nivel de retribuciones de los asalariados. Esa situación se confirmó y agravó durante el segundo período de Julio María Sanguinetti y el gobierno de Jorge Batlle.
Desde la reinstauración de los Consejos de Salarios y la sanción de las leyes de negociación colectiva y de fuero sindical que coincidió con el comienzo de los gobiernos de izquierda, se estableció un nuevo marco normativo en materia laboral.
Esas herramientas legales, que recrearon los ámbitos de diálogo y la búsqueda de consensos entre el capital y el trabajo, también ampararon a los empleados dependientes en su constitucional derecho a sindicalizarse y desarrollar su actividad gremial sin cortapisas.
El año pasado, en un contexto de moderada recuperación del crecimiento económico, se alcanzó un 95% de acuerdos en los ámbitos de negociación, inequívoco testimonio del éxito y de la voluntad de entendimiento de todas las partes.
Un testimonio de madurez observado en esa ronda es que, en muchos casos, empleadores y empleados acordaron mejoras que excedieron las pautas impartidas por el gobierno.
Otra información relevante aportada por el ministro Ernesto Murro y que tampoco trascendió masivamente, es la relativa al aumento de la cantidad de cotizantes a la seguridad social registrada en los últimos doce años.
En efecto, en ese período, son 550.000 los nuevos trabajadores que ingresaron a la plantilla del Banco de Previsión Social y, por ende, están amparados en sus legítimos derechos.
Esta situación se originó naturalmente en el aumento de la tasa de empleo derivado de la recuperación económica experimentada durante los gobiernos del Frente Amplio, así como también en la reducción de los índices de informalidad laboral a la mitad. En ese contexto, el 80% de la población en edad de trabajar dispone de cobertura legal.
La indiferencia y el ocultamiento de estas realidades confirman la flagrante complicidad de los medios masivos con el bloque conservador de impronta restauracionista.
El desafío del Frente Amplio es recobrar el protagonismo y relanzar una agenda política transformadora para recuperar el apoyo de los desencantados.