Tarifas públicas y el subsidio al agro
La situación energética en el país en el año 2005 era crítica. Los problemas eran de todo tipo pero haciendo un listado generoso podemos resumirlos en tres. El desabastecimiento de energía, la dependencia de la matriz energética y las tarifas públicas.
El país se encontraba al borde del desabastecimiento, de quedarse sin energía. No había inversiones en el área y las que se habían realizado resultaron un fracaso millonario (los gasoductos que conectaban con la Argentina). El crecimiento económico del país es una excelente noticia para la Economía pero una complicación muy importante para el erario público, ya que la demanda de energía cuando crece de manera incesante tiene que tener una infraestructura que la respalde.
Está bárbaro que el país crezca, pero si no adaptas tu infraestructura energética con inversiones que vayan acompasando ese crecimiento estás liquidado. Dicho en otras palabras tenés que tener capacidad de generar tantos Megawatt (Mwh) para sostener el nivel de producción que se genera.
Si no tenés esa capacidad sales a “comprar” energía afuera (Brasil y Argentina) a precios exorbitantes, generando un “costo país” que te saca de cualquier rango de competitividad. Eso pasó en el Uruguay durante mucho tiempo anterior al 2005 y luego de ese período las inversiones en alguna nueva Central, la energía eólica, la biomasa y otras fuentes de energía cambiaron radicalmente este panorama. Hoy los uruguayos y sobre todo la producción uruguaya duermen tranquilos. La energía está y no hay riesgo de que falte.
La matriz energética del país era un horror. Un país que no producía petróleo dependía de él para abastecerse. Todos los días teníamos que mirar la pizarra para saber si el precio del petróleo estaba a U$30 (con lo cual salíamos a festejar por 18 de Julio) o si estaba a U$180 (había que buscar con desesperación como pagar ese precio, desequilibrando totalmente las cuentas del Estado).
Todos los días mirábamos las noticias. Si Saddam Hussein se le ocurría invadir algún país, si Israel o Hezbollá se agredían o si Bush tiraba alguna bomba en alguna zona cercana de Medio Oriente. Estos hechos determinaban la cotización al alza o a la baja del precio del barril, nosotros éramos meros espectadores de decisiones ajenas de las que no teníamos el más mínimo control.
Se logró el milagro de la independencia energética. Salimos de la locura del barril de petróleo a tal punto que las centrales térmicas se convirtieron en infraestructura de respaldo y no de abastecimiento.
Las inversiones en energía eólica principalmente cambiaron el paisaje rural del Uruguay. Hoy somos un rara avis en el mundo moderno, abastecidos casi en su totalidad por energía propia, producida por nuestros vientos, nuestros residuos forestales y otros. De yapa, contribuimos al medio ambiente y a reducir nuestra cuota parte de destrucción de la capa de ozono.
Abastecimiento e independencia energética. Pavadita de problemas que hemos solucionado en estos años. Somos la envidia de nuestros vecinos, ni Brasil ni Argentina tienen estos problemas solucionados, a pesar que en el caso de Brasil nos llevaba años de ventaja con su programa de biocombustibles.
El último problema a solucionar son las tarifas públicas. Que sean competitivas, esto es que estén alineadas a los precios de la región y del mundo en el caso de las empresas y que tengan un peso lo más pequeño posible para las familias, ya que la luz, el combustible, el agua y las comunicaciones forman parte importante del costo de una familia.
Debido a que la polémica pública hoy son los combustibles, no vamos a profundizar en las tarifas de luz, de agua y de comunicaciones que en general han tenido performances adecuadas de precios y en la mayoría de los casos -mirado en un horizonte de los últimos 12 añoscon una tendencia por debajo de los aumentos inflacionarios. Esto involucra directamente a tres entes públicos; UTE, AntelY OSE.
El gobierno anunció una suba de tarifas de las naftas Premiun y Súper en un 9% en el semestre y el gasoil y el supergás un 0%.
La paramétrica de Ancap es una estimación del precio del barril de petróleo y la cotización del dólar, que son las dos variables que tienen mayor incidencia. En enero de 2018 el precio del barril de petróleo estaba en U$65 y el precio del dólar estaba en $29,05; hoy el precio del barril está en U$73 y el del dólar en $32,1. Se trata de aumentos del 12% y de 10,5% respectivamente por lo que puede concluirse en grosso modo que un aumento del 9% en el semestre tiene una correlación razonable con los aumentos registrados de las variables consideradas.
Pero no puede pasarse por alto que el aumento fue en las naftas, ya que en el gasoil (utilizado principalmente por el sector productivo y en particular por el agro) el aumento fue 0, tratándose de una rebaja en los hechos atendiendo seguramente las movilizaciones y los reclamos que han estado realizando las gremiales rurales. Si el aumento hubiese sido parejo para todo el mundo, es decir, si también se hubiesen aumentado el gasoil con la misma recaudación final para Ancap, el aumento hubiese sido del 5,4%.
No podemos ignorar que la inflación de los últimos 12 meses a junio 2018 fue del 8,11% por lo que un aumento de las naftas del 9% es un costo bastante superior que afecta a las familias que en definitiva subsidian al agro, lo cual es una medida discutible o al menos que debería ser objeto de una discusión política que tenga otra profundidad.
Tampoco puede soslayarse que el déficit fiscal ya ha trepado al 4% y que se necesitan señales claras y contundentes de que al menos comience una tendencia a su reducción. La consecuencia es que la sábana no da para todos, si nos tapamos en demasía quedan descubiertos nuestros pies y viceversa.
En ese contexto es poco entendible que algunos sectores del gobierno sigan solicitando más recursos y más partidas para el gasto social. ¿Es que acaso no visualizan que seguir incrementando el déficit significa arriesgar los logros que se han conseguido en todos estos años? Es la situación donde los avances se convierten en verdaderos retrocesos, America Latina está plagada de ejemplos de esas características.
La política tarifaria de los servicios públicos es un debe de nuestros gobiernos. Si resaltamos con justicia nuestros logros para que nadie se olvide lo que hemos conseguido, no debemos titubear para decir sin ambages que en esta materia debemos y podemos hacer más.
Hay dos formas de fijar las tarifas públicas. La primera definiendo que los entes del estado son herramientas al servicio de los objetivos del gobierno y por lo tanto mediante el mecanismo de las transferencias las tarifas públicas se convierten muchas veces (no todas) en impuestos encubiertos de los que se nutren el erario público.
La segunda forma de fijar tarifas es atendiendo de manera estricta a los costos de las empresas públicas, eliminando las transferencias al gobierno central y que estas sean estrictamente empresas con sus aciertos y con sus errores. Esta modalidad de fijación de tarifas parece muy atractiva, pero ¿qué pasa cuando el precio del petróleo aumenta al doble? ¿Los uruguayos estamos dispuestos a que nuestra tarifa de combustible aumente el doble de un porrazo? Aquí se encuentra el talón de Aquiles de esta definición.
La otra opción es vender los entes públicos o cerrarlos, y dejar paso al sector privado y que haya libre importación. Estas recetas ya se probaron en América Latina con resultados desastrosos de los que todavía algunos no se han repuesto. Algunos en la oposición parecen pensar en esta opción, pero no se animan a plantearlo, tienen miedo de ser destruidos en un debate y espantar a la gran mayoría de los uruguayos.
El Frente Amplio ha optado por la primera de las opciones, de la misma forma que lo hicieron los partidos tradicionales cuando les tocó gobernar. No han existido cambios en esta materia.
Las inversiones en materia eólica han generado ciertas rigideces de costos a largo plazo que ameritan alguna solución si queremos tener tarifas a precios más reducidos.
Se vienen nuevos tiempos y no parece adecuado ni sensato que un gobierno se ampute la posibilidad de utilizar a los entes del estado como herramientas de su política económica y que mediante sus transferencias financien una parte de sus políticas. Eso no significa que no haya margen para mejorar por diversos mecanismos la eficiencia de ellas y sobre todo una racionalización de costos acorde a las actuales exigencias de la ciudadanía.
En un mundo globalizado e interconectado cada vez a velocidades más importantes, tampoco podemos cerrar la puerta a tener que apelar en determinadas situaciones o circunstancias a la importación de algún insumo por simple comparación de costos.
Es momento de aguantar los graznidos de la oposición. La experiencia dice que se sienten pero pasan como una ráfaga con poca pena y escasa gloria.