Treinta y Tres: ampliaron denuncia por fraude en la Intendencia
La Bancada de Ediles del Frente Amplio de Treinta y Tres, realizó una ampliación de la denuncia vinculada a la investigación por fraude en la Intendencia, por lo que hay procesadas tres funcionarias. En la misma se solicita que se realice una pericia contable, que establezca entre otras cosas si hubo daño al erario, y se analice si se incurrió en delito por parte de los jerarcas involucrados en el área, así como de las personas beneficiadas en forma ilegítima.
Recordamos que se realizaron quitas a contribuyentes sin respaldo jurídico, salieron mas de 700 guías de propiedad y tránsito de la Intendencia que no fueron vendidas pero sí usadas por productores y consignatarios. En la presentación se aportaron las comparecencias de los Directores de Hacienda, Tributos y Jurídica y de las auditoras en la Comisión Fiscal de la Junta. Oportunamente, la bancada frenteamplista en Treinta y Tres había propuesto una comisión investigadora para analizar el accionar de la comuna, especialmente los actos de apariencia ilícita en el cobro de los tributos municipales.
Lo hizo luego de que la Justicia procesó a tres funcionarias por perdonar deudas a decenas de contribuyentes, lo que alertó al FA ya que podrían haber más implicados. Sin embargo, el pedido no prosperó por la negativa del PN.
Ante esta situación, LA REPÚBLICA habló tiempo atrás con Nancy Viera, edila por el Frente Amplio en el departamento olimareño. “Todo surgió por la denuncia penal de un contribuyente que le cobraban por fuera de la Intendencia.
Lo que nosotros señalamos es la mala gestión de la comuna y la falta de control en la recaudación tanto de contribución inmobiliaria como de semoviente. Además, sospechamos que esa falta de control podría darse en base a un clientelismo político”, declaró.
“Esa falta de control que podemos constatar generaría grandes pérdidas para las arcas de la comuna.
Todo eso surge de la investigación administrativa que hizo la propia Intendencia en un período muy corto que va desde febrero a setiembre de este año, pero que implica una pérdida de 9 millones de pesos”, agregó.