El derecho humano a vivir en libertad
La aprobación del proyecto de Ley Integral para Personas Trans comporta un nuevo hito histórico en materia de consecución de derechos, que coadyuva a profundizar aun más una democracia cada vez más inclusiva.
Esta norma constituye un nuevo avance y transformación cualitativa en el ejercicio de las libertades, en una sociedad tradicionalmente pacata y de fuerte raigambre conservadora.
Aunque esta ley suscite rechazos y controversias representa el sentir de miles de personas, quienes, el pasado 28 de setiembre, se expresaron en el marco de la Marcha por la Diversidad.
Ese día, casi cien mil uruguayos manifestaron su inveterada voluntad de seguir luchando por la obtención de nuevas conquistas sociales, bajo el lema “¡Ley trans ya!”
No todos los participantes en la multitudinaria demostración militan en la comunidad LGTBI. También se observó a otras personas sin pertenencia a dicho colectivo, marchar portando pancartas y entonando cánticos de reclamo.
Esta demanda excede explícitamente a las personas identificadas con dicha condición y se proyecta a una sociedad que -mal que les pese a los reaccionarios de siempre- clama por más y mejor democracia.
La sanción de esta iniciativa parlamentaria en el Senado, únicamente con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente, es otro mojón en la construcción de un nuevo tiempo.
No en vano, la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario, de unión concubinaria, de identidad de género y de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante los gobiernos progresistas, ubicó a nuestro país a la vanguardia en materia de derechos a nivel mundial.
En efecto, estas prerrogativas habilitaron nuevos ámbitos de interacción social para grupos recurrentemente oprimidos, segregados y estigmatizados, como las mujeres y los homosexuales.
Los cavernícolas que hacen gárgaras con la palabra democracia y la suelen vaciar de contenido, no comprenden que no hay democracia sin inclusión, igualdad y respeto por el diferente.
La aprobación de este nuevo marco normativo que favorecerá a las personas trans, confirmó, una vez, que la derecha política sigue aferrada a un statu quo realmente perimido.
No en vano la discusión en el pleno senaturial fue tan intensa como extenuante, en un ámbito que enfrentó dos concepciones radicalmente diferentes de la libertad como bien supremo e inalienable, en todo estado de derecho que se precie de tal.
En la oportunidad, quedaron explicitadas posturas filosóficas irreconciliables, entre quienes realmente creen en la inclusión social y jurídica sin cortapisas y los que buscan atajos políticamente correctos para no traicionar sus tradiciones conservadoras.
Lo realmente contradictorio es que varios voceros de la oposición que manifestaron compartir el espíritu de la ley, no la acompañaron con su voto y hasta pretendieron justificar su actitud de prescindencia ante un tema de suma gravedad.
Tal vez el caso más patético sea el de la senadora y precandidata blanca senadora Verónica Alonso, quien afirmó que “hoy hay discriminación ética y social. El trato digno no se logra con leyes, sino con respeto e inclusión a las personas cualquiera sea su posición”, dijo.
Según la parlamentaria, la ley no consagra derechos sino beneficios. Esto confirma la discriminación. “No comparto que el Estado pague por beneficios”, expresó.
Aunque pueda ser una discusión de naturaleza semántica, Alonso parece no comprender que, en este como en otros tantos casos de segregación, los beneficios generan a su vez derechos.
No esperamos que entienda este tema alguien que integra un partido político ultra-conservador y con religiosos ortodoxos como aliados estratégicos, que siempre pregonó y aplicó políticas anti-populares y de talante regresivo y represivo.
Contrariamente a lo que Alonso y sus compañeros derechistas afirman, la proyectada ley no otorga privilegios. Aunque hay una modesta reparación económica, no olvidemos que la comunidad transgénero ha sido demonizada desde siempre.
No en vano la esperanza de vida de las personas que están en esa situación es de apenas 35 años, más del 67% tiene o tuvo que prostituirse para sobrevivir, casi el 88% no culminó estudios de Educación Media, el 25% tiene que abandonar su hogar porque es segregado hasta por su propia familia y el 18% no asiste a un centro de salud por temor a la discriminación.
Nadie en su sano juicio puede pensar que estas personas son privilegiadas y, mientras no exista un instrumento legal que las ampare como es obligación y responsabilidad del Estado, seguirán siendo objeto de una flagrante violación de sus derechos humanos.
Si será impresentable la derecha que en la votación de la cámara baja, algunos legisladores de la oposición votaron la ley. Nuevamente, afloró la demagogia como estrategia electoral, propia de reaccionarios que se maquillan y se disfrazan de demócratas aunque sus actitudes lo desmientan.