Preocupación del Sindicato del INAU por 400 trabajadores
Dirigentes sindicales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), denunciaron en el Parlamento la complicada situación laboral por la que atraviesan alrededor de 400 trabajadores de empresas tercerizadas que cumplen tareas en ambos organismos. Una delegación del Sindicato Único del INAU e INISA (Suinau), integrada por los dirigentes Carlos Salaberry, Ángel Amestoy, Mirta Duthill, Juan Quevedo y Margarita Sueiro, compareció el pasado 5 de diciembre en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. Según consta en la versión taquigráfica, Ángel Amestoy comenzó señalando a los legisladores “la preocupación que tenemos como organización sindical por las tercerizaciones, tanto en INAU como en INISA”.
El dirigente dijo que existe una“situación general de incumplimiento que se mantiene en las distintas empresas privadas que se contratan, producto de licitaciones, para servicios no personales, y lo terminan pagando los trabajadores y el propio Estado”. “Si bien a nivel parlamentario se han aprobado herramientas para que el Estado pueda controlar a las empresas que contrata, en la práctica se mantiene la situación de incumplimiento en forma permanente. En definitiva, los trabajadores no cobran en tiempo y forma, se terminan haciendo juicios y el Estado es el que paga”, expresó el sindicalista. Sostuvo que si bien están vigentes tanto la Ley Nº 18.099 (Actividad privada. Seguridad Social. Seguros por accidentes de trabajo y responsabilidad solidaria), como su interpretativa la Ley Nº 18.251 (Tercerizaciones laborales. Responsabilidad solidaria), que son herramientas que buscan favorecer a los trabajadores en relación con sus créditos, la normativa “termina siendo la excusa que tienen los empresarios para evadir sus responsabilidades y permitir que el Estado, como solidario o subsidiario -según el caso-, termine abonando lo que no paga el privado”.
“Situación compleja”
Amestoy dijo que este tipo de situaciones atentan contra los derechos de los trabajadores, pero además “nos preocupa que el Estado termine pagando por un servicio mucho más dinero que si contratara directamente a los funcionarios”. A modo de ejemplo, comentó los inconvenientes de los funcionarios de la empresa San Jorge, que tiene una “situación compleja” en INAU, INISA, ASSE, Hospital Policial, Educación Secundaria y otros organismos públicos. Relató que días pasados la firma no se presentó a una reunión con la subdirectora Nacional de Trabajo, Cristina Fernández, y no reconoce la libertad sindical de los trabajadores afiliados al Suinau, por lo que desconoce nuestro marco jurídico, los convenios firmados y la legislación en materia de autonomía sindical. “Aun desconociendo todo eso, esta empresa sigue siendo proveedora del Estado, sigue teniendo posibilidades de presentarse a licitaciones y, en definitiva, mañana o pasado un organismo u otro podrá seguir pagando por sus incumplimientos. A su vez, los trabajadores quedan pendientes de juicios engorrosos, además de la inestabilidad laboral”, lamentó el dirigente. Agregó que una situación similar se da en la Cooperativa Redes.