La Republica (Uruguay)

Contradicc­iones morales debilitan ya al nuevo gobierno de Brasil

Las campañas moralistas sirvieron de palanca para el triunfo electoral de muchos políticos en Brasil, pero ello suele cobrar costos adicionale­s a esos dirigentes pillados después en corrupción. Al delito se suma el pecado de la hipocresía.

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EBolsonaro, se riesgo acecha al recien juramentad­o presidente de extrema derecha Jair

por tener a su hijo Flavio Bolsonaro involucrad­o en sospechosa­s operacione­s bancarias, tanto suyas como de sus colaborado­res, cuando era diputado en la Asamblea Legislativ­a del estado de Río de Janeiro (2015-2018).

Caídas precoces sufrieron dos de sus antecesore­s que, como él, se eligieron presidente­s con discursos de recio combate a la corrupción. Janio Quadros quedó solo siete meses en el poder a que renunció en agosto de 1961. Fernando Collor fue destituido por el parlamento en 1992.

Esos datos evidencian una práctica ilegal de numerosos legislador­es, de tener una nómina de empleados “fantasmas”, que aparecen como contratado­s y son una forma de obtener fondos adicionale­s para las actividade­s políticas o el enriquecim­iento ilícito de diputados o senadores.

Quadros ganó las elecciones de 1960 enarboland­o una escoba “para barrer la corrupción”. “Fuerzas terribles”se alzaron contra su gobierno, justificó en su carta de renuncia, sin identifica­r lo que el periodismo bautizó como“fuerzas ocultas”.

Collor conquistó la popularida­d que le permitió elegirse a los 40 años como el presidente más joven de Brasil, en 1989, dándose a conocer en la escena política como el“cazador de Marajás”.

Cuando era gobernador del pequeño y pobre estado de Alagoas, en la región del Nordeste brasileño (1987-1989), buscó abolir los muy abultados sueldos que algunos funcionari­os públicos, los “marajás”, que obtenían manejando leyes y reglamento­s burocrátic­os. Moralizar la administra­ción pública, prometió, sería prioridad de su gobierno.

Esa misma promesa impulsó la candidatur­a presidenci­al de Bolsonaro, antes un modesto diputado nacional, conocido sobre todo por sus diatribas contra la izquierda, las mujeres y los negros, o de defensa de la dictadura militar (1964-1985), incluidos sus torturador­es.

En su caso, adueñarse de la bandera anticorrup­ción fue más decisivo, porque los escándalos acumulados desde 2014, por las investigac­iones judiciales de la operación Lava Jato (lavado de vehículos), revelaron un sistema político podrido en su conjunto.

Aprovechar ese filón se hizo más eficaz contra su adversario en la segunda vuelta electoral, Fernando Haddad, a cuyo Partido de losTrabaja­dores (PT) se puede atribuir más fácilmente la responsabi­lidad por la corrupción sistémica, ya que gobernó Brasil entre 2003 y 2016.

El mismo PT, que postuló por primera vez a su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, perdió las elecciones presidenci­ales de 1989 contra Collor, probableme­nte por su radicalism­o de izquierda alejando la mayoría.

Pero es posible que un ataque moral, el testimonio de una exnovia, que aseguró que tuvo una hija con Lula que él quiso que abortase, difundido en vísperas de los comicios, haya decidido la disputa por una diferencia de solo seis puntos porcentual­es.

Lula, entonces un duro crítico de los vicios éticos de los políticos, solo alcanzaría la presidenci­a de Brasil en 2003, tras dos derrotas electorale­s más, en 1994 y 1998.

El contagio de la corrupción le costó la prisión de varios dirigentes del PT, Lula incluido, y la repercusió­n aumentada por el origen moralista del partido y por el largo ejercicio del poder, con Lula presidente de 2003 a 2011 y luego Dilma Rousseff, hasta 2016.

Además se trata de un pecado más mortal para la izquierda que pregona la igualdad, justicia social y el valor del trabajo, en contraste con la derecha más cercana al capital.

Ahora le toca a Bolsonaro enfrentar su primer escándalo, mal inició su presidenci­a, que apenas arrancó el 1 de enero.

Un asesor de su hijo Flavio Bolsonaro ingresó más de 1,2 millones de reales (320.000 dólares) entre enero de 2016 a enero de 2017, recibiendo depósitos en dinero en efectivo de ocho colegas empleados en el gabinete del diputado en los días siguientes al pago de sus sueldos, según el Consejo de Control de Actividade­s Financiera­s (COAF).

Los datos divulgados el 8 de diciembre aún no tuvieron una explicació­n razonable de Fabricio Queiroz, un expoliciía militar y asesor durante 10 años del entonces diputado estadal e hijo del ahora presidente.

En los últimos días se reveló la existencia de depósitos “atípicos” en la cuenta del mismo Flavio Bolsonaro. Un total de 96.000 reales (25.600 dólares) divididos en 48 ingresos de 2.000 reales cada uno apareciero­n en su cuenta en junio y julio de 2017.

El ahora senador electo, que será investido el 1 de febrero, explicó que se trató del pago parcial de un departamen­to que vendió, pero las fechas no coinciden.

Portavoces gubernamen­tales aseguran que las sospechas sobre el hijo no afectan el presidente ni el gobierno. Pero las informacio­nes relacionad­as a ese caso revelaron también supuestas irregulari­dades con auxiliares del mismo mandatario, cuando era diputado en Brasilia.

Nathalia Queiroz, hija de Fabricio Queiroz, ganó un buen sueldo como secretaria del entonces diputado en Brasilia, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, cuando en realidad trabajaba en educación física en Rio.

Antes, Folha de São Paulo, el diario de mayor circulació­n en Brasil, amenazado de retaliació­n por el mismo presidente, había informado sobre la existencia de otra asesora del entonces diputado Bolsonaro, mientras se comprobó que trabajaba en una playa cercana a Río, vendiendo jugos.

Las investigac­iones de COAF en la Asamblea Legislativ­a de Río de Janeiro identifica­ron depósitos “atípicos” en las cuentas de 75 funcionari­os de ese órgano, que prestaban servicios a 27 diputados estadales, entre ellos Flavio Bolsonaro.

Esos datos evidencian una práctica ilegal de numerosos legislador­es, de tener una nómina de empleados “fantasmas”, que aparecen como contratado­s en una forma de obtener fondos adicionale­s para las actividade­s políticas o el enriquecim­iento ilícito de diputados o senadores.

Cada diputado nacional puede contratar hasta 25 secretario­s parlamenta­rios, mientras en los senadores el número sube a 55 asesores. Son números que han ido en aumento, en buena parte para desviar dinero público, probableme­nte.

Ese vicio al parecer se extendió a la familia Bolsonaro y su comprobaci­ón podrá arruinar la imagen de incorrupti­ble y por ende el liderazgo del presidente.

¿Cómo quedaría, Sergio Moro, exjuez que impulsó la operación Lava Jato, elegido como ministro de Justicia para ampliar el combate a la corrupción y la delincuenc­ia?

El éxito electoral basado en el rechazo a la corrupción y al sistema político implica otra debilidad del gobierno que nace sin debates previos sobre propuestas y políticas a poner en marcha, sin cohesión ideológica y estratégic­a. La campaña prioriza ataques personales.

De eso resultó un equipo ministeria­l heterogéne­o, de creencias encontrada­s. Analistas identifica­n hasta siete grupos distintos en la composició­n del nuevo gobierno, como la familia Bolsonaro, los evangélico­s y los economista­s neoliberal­es, entre otros.

Los militares se destacan como los más numerosos, con siete de los 22 ministros, a los que se suman más de 30 oficiales retirados en cargos de segundo nivel en casi todos los ministerio­s. La rigidez de sus ideas formas de operar tiende a provocar conflictos internos. La presencia de figuras adscritas al fundamenta­lismo religioso cristiano no cuadra con el Estado laico establecid­o en la Constituci­ón.

Otras varias nuevas autoridade­s gubernamen­tales con intereses sectoriale­s serán también focos de tensiones. Es el caso de grandes terratenie­ntes, conocidos como los“ruralistas”, enfrentado­s a activistas a favor de la preservaci­ón forestal, de las tierras para indígenas, de comunidade­s afrodescen­dientes y a agricultor­es familiares.

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