Miles de empleados públicos de Ecuador podrían quedar desvinculados
Entre tres mil y tres mil quinientos trabajadores de instituciones públicas de Ecuador podrían quedar desvinculados, según anuncios de ejecutivos del gobierno nacional, debido a la situación que experimentan hoy las empresas.
La revelación se hizo en un encuentro sostenido entre miembros del ejecutivo nacional y representantes de los trabajadores, en la Plataforma Financiera, ubicada en el norte capitalino.
“Queremos optimizar la masa salarial, que no implica botar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes y es de eso de lo que estamos hablando”, aseguró el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones.
De acuerdo con sus precisiones, la reducción corresponderá al 10 por ciento de las nóminas, porque el escenario es insostenible, pero “se precautelará el trabajo honesto”.
Por su parte, Sergio Enderica, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, especificó que la medida implicaría un ahorro de alrededor de 60 millones de dólares al año por concepto de pago de remuneraciones.
La medida también fue analizada en la Asamblea Nacional, a donde acudió el ministro de Trabajo, Madero, quien advirtió que responde al plan de optimización del sector público.
“Se están revisando todas las instituciones y se han ejecutado fusiones para evitar que exista duplicidad de funciones” apuntó y añadió que la optimización no es una búsqueda de ahorro o de eliminar personal, sino de garantizar un mejor servicio del Estado.
El nuevo recorte se suma a otras iniciativas puestas en práctica por el gobierno del presidente, Lenín Moreno, consideradas impopulares y que han sido motivo de protestas en la población.
En el marco del denominado Plan de Austeridad, aplicado desde 2018, la administración nacional fusionó ministerios y secretarias, cerró algunas carteras de Estado y redujo el número de asesores, entre otras disposiciones, que despertaron el fantasma del paquetazo en este país andino.
Las iniciativas aplicadas han provocado rechazo popular y desatado movilizaciones y protestas en demanda de poner fin a medidas que, según consideran, atentan contra la ciudadanía.