Cae en Artigas una banda de policías: un asesor del Partido Nacional entre los procesados
La investigación se inició en 2010, tras una denuncia de un ex subjefe de la Jefatura.
Todo comenzó en 2010 con una denuncia del ex subcomisario de la Jefatura de Artigas Roy González, que había señalado ante la Justicia una serie de maniobras con predios productivos pertenecientes a la Jefatura, uso de vales de combustible y la salida de reclusos a trabajar en las viviendas privadas de funcionarios policiales, según informó el medio local Artigas Noticias.
Tras varios años de investigación, la Justicia solicitó el procesamiento del Inspector Principal Hugo Ferreira Martínez -que estuvo desde 2005 a 2016 a cargo de la Jefatura de Policía de Artigaspor los delitos de peculado, fraude y contrabando. Entre los procesados, figura también un jerarca policial asesor del Partido Nacional en materia de seguridad. Se trata de Carlos María Díaz Capelli, también denunciado por el ex subcomisario González. A este funcionario, la Justicia le imputó un delito continuado de abuso de funciones, agravado especialmente por sus escalafones jerárquicos. Su nombre se manejaba como posible Jefe de Policía de Artigas en caso que el Partido Nacional ganara la elección.
El dictamen
El dictamen, citado por el mencionado medio local, señala que los procesados“obtenían un provecho injusto derivado de la mano de obra gratuita en algunos casos y a cambio de una suma vil en otros, en claro abuso de sus funciones”. El entonces jefe de Policía sacaba de la cárcel a hombres para que trabajaran en la refacción de las viviendas de integrantes de su comando. La investigación también arrojó que los policías formaron una “comisión administradora” cuyo cometido era“administrar”los bienes inmuebles que eran del Estado y de la Jefatura. Se explotaba comercialmente la panadería y carnicería policial,“desviando claramente el destino de ellas, consistente en el abastecimiento interno de funcionarios policiales y personas privadas de libertad”. Se comercializaba lo producido en ambos lugares y se vendió maquinaria perteneciente a la Panadería, como el horno y la amasadora industriales. Por otra parte, señala que los procesados faenaron y comercializaron ovejas y lana y que realizaron “numerosas compras” en free shops y en comercios fuera del país.
No sólo utilizaron personas privadas de libertad para trabajar, si no también funcionarios policiales, a los que se les encomendó la realización de trabajos de sanitaria, electricidad, albañilería, etc., en las viviendas particulares de los jerarcas y funcionarios, dentro del horario laboral y sin compensación extra. Por último, sostiene que las utilidades y ganancias de todas las actividades irregulares constatadas, que debían ser volcadas a Rentas Generales, fueron en “gran parte utilizadas en beneficio personal de los jerarcas investigados, causando un grave daño al erario del Estado”.