Venta de alimentos y mascarillas: cómo la Covid-19 fortalece la base político-social de los “narcos”
La crisis sanitaria ha ocasionado cambios en las estrategias implementadas por los grupos de la delincuencia organizada para la producción y transportación de drogas.
Durante la pandemia por la Covid-19, las redes del crimen organizado en América Latina apuntan hacia un fortalecimiento de su estructura político-social que, eventualmente, podría generar estados de más violencia en países de la región, afirma un informe sobre el tema efectuado por Laura Itzel Domart de la agencia Sputnik.
La emergencia sanitaria por la Covid-19 ha puesto de cabeza a las redes del crimen organizado en todo el mundo. Sin gente en las calles, restricciones fronterizas y falta de insumos para la fabricación de drogas, la delincuencia organizada se ha visto afectada en lo que corresponde a sus actividades delictivas tradicionales.
De acuerdo con el informe, “Covid-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use”de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), la crisis sanitaria ha ocasionado cambios en las estrategias implementadas por los grupos de la delincuencia organizada para la producción y transportación de drogas.
No obstante, explica para Sputnik, Edgardo Buscaglia, asesor de unidades contra la delincuencia organizada e investigador de la Universidad de Columbia, que la delincuencia organizada es un negocio ampliamente diversificado, con múltiples actividades delictivas, capaz de reorganizarse en las crisis.
“La delincuencia organizada se dedica mundialmente a decenas de delitos que son tradicionales, delitos complejos como: la compraventa de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, todo tipo de contrabando. (…) Esos negocios tradicionales, que son el tráfico de drogas, de armas, el lavado de dinero y demás, se ven negativamente afectados por esta pandemia”, señala.
Toque de queda en favelas
A pesar de ello, todavía estamos en una etapa temprana de la pandemia para medir los efectos en el narcotráfico latinoamericano, pues las reacciones de este han sido distintas en las diversas zonas del continente; por ejemplo, en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, los grupos criminales impusieron toque de queda para evitar la propagación de la Covid-19.
En este sentido, Buscaglia apunta hacia una posible reorganización de la delincuencia organizada, en medio del contexto de la pandemia por la Covid-19, en lo que concierne a la diversificación de sus negocios. Sobre este punto recuerda la crisis económica del 2008, en la que el crimen organizado reorientó su actividad económica hacia la expedición de préstamos a empresas en bancarrota.
“La delincuencia organizada cuando no puede traficar lo que usualmente trafica debido a los menores flujos internacionales de comercio, se dedica a producir lo que la gente demanda y lo que la gente demanda hoy en día es grandes cantidades de alimento. A veces en zonas con poblaciones muy vulnerables de México, de Centroamérica, se dedican a abastecer de agua a la población”, expresa el asesor en temas del narcotráfico.
Respecto a este tema, el informe de la Unodc indicó que se han detectado cambios en las formas en las que se trafica droga en las zonas fronterizas, lo cual se debe al aumento en las restricciones de tránsito y la reducción de los flujos comerciales en todo el mundo.
“Ellos (la delincuencia organizada) se ajustan como cualquier empresa legal y lo hacen con mucha más facilidad porque como no están sujetos a regulaciones de Estado, no necesitan permisos, lo hacen con mucha más velocidad que una empresa legal promedio. Entonces, estamos viendo muchos de esos dineros sucios y muchos de esos negocios que están disminuyendo en los delitos económicos tradicionales, ahora están cambiando a deli
tos económicos no tradicionales, que van desde la producción de máscaras, uniformes productores para el personal médico, abastecimiento de alimentos y de agua”, detalló el investigador de la Universidad de Columbia.
La crisis económica: caldo de
cultivo para el narcotráfico La crisis sanitaria ha ocasionado una contracción estrepitosa de las economías del mundo, lo que se traduce en estados propicios para el aumento de la criminalidad en aquellos países en desarrollo.
“A largo plazo, la recesión económica causada por la crisis de COVID-19 podría conducir a una transformación duradera de los patrones de consumo de drogas, ya que las consecuencias económicas causadas por COVID-19 pueden conducir a una mayor pobreza y menores oportunidades económicas para las poblaciones ya vulnerables”, alerta la Unodc.
Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 14 millones de personas han perdido su empleo en América Latina durante la crisis sanitaria por COVID-19; mientras que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) pronostica una caída en la economía de la región de hasta el -5,3%.
En este escenario, las crisis político-económicas de las potencias del mundo podrían impactar aún más en países cuyas economías son frágiles. Por lo que, según Buscaglia, “una depresión en Estados Unidos, ya no recesión, depresión, va a causar un enorme colapso económico en México, con lo cual México queda de rodillas ante una situación de una delincuencia organizada fortalecida”.
De tal forma que, una situación socioeconómica más precaria, advierte la Unodc, puede conducir al uso de sustancias ilegales lo que podría agravar el uso nocivo de drogas entre la población, así como aumentar la participación de usuarios dependientes de drogas en actividades delictivas.
“Los estudios sobre la crisis financiera mundial de 2008 han mostrado cambios en los patrones de consumo de drogas y la prestación de servicios. Tendencias similares pueden materializarse a partir de la recesión económica relacionada con COVID-19”, expone el informe de la Unodc.
Tomando como base la situación actual, Buscaglia precisa que es necesario que los Estados implementen políticas que regulen la producción y el consumo de drogas, y no políticas que militaricen la seguridad pública en función de acciones represivas.