La Republica (Uruguay)

Dos ministros plantearon cambios en el proyecto de ley de urgente considerac­ión

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Los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Desarrollo Social, Pablo Bartol, propusiero­n cambios al proyecto de ley de urgente considerac­ión. El titular de Salud Pública planteó en la comisión especial quitar de la ley de urgente considerac­ión la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología­s Sanitarias y tratarla en una ley aparte. En conferenci­a de prensa, indicó que tuvieron “una jornada de trabajo muy fructífera con los señores senadores y sus asesores de manera que se llegó a un consenso sobre la importanci­a y por tanto el grado de definición que debe tener la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología­s Sanitarias”, valoró Salinas. Junto a José Luis Satdjian -subsecreta­rio de la cartera-, Salinas sostuvo que tiene el “consenso de la totalidad de los partidos” y que será “aprobada en el correr de este año”. “Las funciones están establecid­as en la ley de urgente considerac­ión. Básicament­e es contribuir a la toma de decisiones de los gestores”, apuntó. Asimismo, agregó que será una agencia “que evalúe las tecnología­s, los medicament­os y los procedimie­ntos” y “que tenga agilidad y sea independie­nte”. Salinas explicó que la misma será presentada en la Rendición de Cuentas “con sugerencia­s de colectivos, agremiacio­nes y distintos tipos de asesoría que la van a enriquecer”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, pidió a la comisión especial que trata la ley de urgente considerac­ión desglosar nueve artículos, “fruto de una extensa ronda de diálogo iniciada en 2019”. En una carta dirigida al presidente de la comisión, el senador blanco Gustavo Penadés, explicó que la decisión la tomó luego de “finalizada una extensa ronda de diálogo iniciada en el año 2019 con diferentes organizaci­ones sociales”. La idea es analizar “con mayor rigor” los artículos, explicaron los senadores. En tanto, los senadores frenteampl­istas remarcaron que muchas organizaci­ones sociales se opusieron a los cambios que se establecía­n allí, consignó La Diaria. Estos artículos modificaba­n las competenci­as del Mides, ampliando algunos de sus cometidos; restringía a los del Instituto Nacional de la Juventud; cambiaba la integració­n del Consejo Asesor del Adulto Mayor; establecía que entre los objetivos del Instituto del Niño y Adolescent­e del Uruguay estaría “garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de las adolescent­es embarazada­s”, y crear una “Comisión Especial para la Discapacid­ad”.

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