La Republica (Uruguay)

Se duplicaron denuncias con imputados por violencia domèstica

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La Fiscalía General de la Nación presentó un informe sobre el desempeño del sistema penal uruguayo en el primer cuatrimest­re de 2020. En los casi dos años y medio analizados el sistema penal uruguayo no sólo ha aumentado el volumen de imputacion­es, sino que también ha diversific­ado la persecució­n, mejorando su eficacia especialme­nte en relación a algunos delitos más complejos. En concreto, medido en términos de denuncias con al menos un imputado, los incremento­s más significat­ivos ocurrieron para las denuncias tituladas como Estafa, que casi se quintuplic­aron (+374%) entre el primer semestre de 2018 y el primer cuatrimest­re de 2020. También crecieron a más del doble las denuncias con imputado por delitos vinculados a violencia doméstica (+122%). El informe, presentado este miércoles, estuvo a cargo del director del Departamen­to de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, Diego Gonnet, quien realizó la presentaci­ón junto al Fiscal de Corte, Jorge Díaz.En el documento se destaca, entre otros asuntos, que la capacidad del sistema para dar respuesta continuó sólida pese a la situación de emergencia sanitaria, al punto que en el primer cuatrimest­re de 2020 la cantidad de imputacion­es fue un 17,4% mayor a la de 2017 cuando comenzó a regir el nuevo modelo procesal penal. Esa respuesta es particular­mente relevante en algunos delitos sensibles como las denuncias de violencia doméstica o estafa. Según el informe “en los últimos dos años y medio se verifican varios cambios positivos en el desempeño del sistema penal uruguayo, que vale la pena destacar. En primer lugar, la informatiz­ación, innovacion­es organizaci­onales y mejoras en la coordinaci­ón entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación permiten analizar un volumen mucho mayor de denuncias que las que se analizaban antes de noviembre de 2017. En efecto, en el primer cuatrimest­re de 2020 se examinó el 48% de las denuncias registrada­s, frente a un 39% que se comunicaba a los juzgados en 2016. Este incremento en la cobertura operó pese al significat­ivo aumento de la cantidad de denuncias verificada­s en esos años.

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