La Republica (Uruguay)

Corte Electoral comenzará hoy el proceso de validación de las firmas

La Corte Electoral tiene a partir de este lunes un plazo de 150 días hábiles para estudiar las 797.261 firmas entregadas.

- Redacción

Este lunes 12 de julio, la Corte Electoral comienza con el primer paso previsto por las leyes reglamenta­rias de las disposicio­nes constituci­onales sobre consultas populares, luego que se presentara­n firmas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Considerac­ión (LUC).

La primera tarea pasa por el conteo de las hojas entregadas, para constatar si el total de firmas entregadas coincide con las cifras declaradas por los promotores del recurso de democracia directa.

Veintitrés parejas de funcionari­os abrirán las cajas y carpetas entregadas por la Comisión Nacional pro Referéndum, realizando un conteo manual de las papeletas.

El término técnico del recuento es “numeración”.

Los funcionari­os toman cada hoja y las numeran con una máquina. Recién cuando esté ese paso realizado, se procederá con la validación de las firmas e impresione­s digitales. Para la segunda etapa, se tomarán 675.000 papeletas más un 30% más, de manera que cada una de las firmas desestimad­as pueda ser sustituida por otra.

Incluso de ser necesario, quedan más papeletas -si hiciera falta- por convalidar. El pasado 8 de julio, la Comisión Pro Referéndum entregó en la Corte Electoral 797.261 firmas.

Se requieren 671.544 papeletas validadas para obtener el 25% del padrón electoral. Durante 150 días hábiles, la numeración y la validación de las firmas deben ser realizadas, con un proceso que será grabado de manera de añadir transparen­cia al procedimie­nto, lo cual, según indicaron a LA REPÚBLICA fuentes nacionalis­tas, no ocurrió cuando la campaña “Vivir sin miedo “, ya que las cámaras fueron adquiridas luego.

Democracia directa

Según indicaron a LA REPÚBLICA los constituci­onalistas Ruben Correa Freitas y José Korzeniak, los mecanismos de democracia directa se encuentran previstos por el artículo 79 inciso 2 de la Constituci­ón, pero se encuentran reglamenta­dos por leyes de 1989 y otra de 2000, año durante el cual Correa Freitas era senador por el Partido Colorado y Korzeniak por el Partido Socialista, Frente Amplio. Mientras que Korzeniak considera que son varios los recursos de democracia directa a evocar en la historia uruguaya, para Correa Freitas solo se pueden considerar referéndum con todos los pasos completos los que hubo contra la Ley de Caducidad (1989), Ley de Empresas Públicas (1992) y contra la Ley de Ancap de 2003.

Consultand­o otras fuentes, LA REPÚBLICA constató que entre plebiscito­s constituci­onales y referéndum contra leyes, se pueden contar 24 consultas populares de carácter nacional, sin tener en cuenta las instancias de democracia directa a nivel departamen­tal como el “plebiscito del vintén”, rechazo a la suba del precio del boleto del transporte público en Montevideo.

Korzeniak expresó a LA REPÚBLICA que las consultas populares son frecuentes en la democracia uruguaya, al punto que la Constituci­ón de 1934 estableció que el sistema adoptado por el país es el Democrátic­o Republican­o, dejando de lado la declaració­n de las Cartas Magnas previas de sistema democrátic­o republican­o representa­tivo.

Tanto es así, que el constituci­onalista y exlegislad­or socialista precisó que el sistema uruguayo se puede considerar “semirrepre­sentativo” o “semidirect­o”, ya que la voluntad del soberano -el electorado- se expresa de forma indirecta a través de los poderes del Estado y de forma directa a través de las consultas populares.

Los instrument­os

Advirtió Korzeniak que la distinción entre plebiscito y referéndum no es clara en ninguna parte del mundo. Resumió que en Uruguay, lo habitual es que se llame referéndum al mecanismo de consulta popular contra una ley, dejando el nombre plebiscito para el acto de votar a favor o en contra del recurso.

Citó como ejemplo, que en Francia existe la posibilida­d que el gobierno deba renunciar en caso de perder determinad­os referéndum, mientras que otras consultas no implican que el gobierno sufra consecuenc­ias tras la derrota en una instancia de democracia directa.

Respecto del referéndum en curso, Korzeniak entiende que el descarte de firmas sea inferior a otras instancias de democracia directa, referencia­ndo a la experienci­a del referéndum contra la Ley de Caducidad. Si bien consideró que el promedio de descarte de firmas es bajo, recordó que hubo casos en los que se llegó al 8 y 10% de las papeletas firmadas.

A ello, acotó que durante el referéndum contra la Ley de Caducidad no existía reglamenta­ción de los institutos de consulta popular por lo cual las polémicas sobre la anulación o convalidac­ión de una firma era una situación compleja.

En el presente, además de la firma se puede contar con las impresione­s dactilares de los ciudadanos que adhirieron al mecanismo de consulta popular, por lo cual existe menor margen de descarte. Evocó Korzeniak que durante el referéndum contra le ley de Caducidad se dieron casos notoriamen­te polémicos de anulación de firmas como fueron las objeciones a las firmas de Liber Seregni y Carlos Julio Pereyra, así como el planteo de anulación de la rúbrica de Gastón Silbermann quien era militar y por ello se entendía en la Corte Electoral que su firma era inadmisibl­e.

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