ONG Salud y Mujer plantea datos “preocupantes” sobre salud reproductiva en tiempos de pandemia
Integrantes de la organización informaron a legisladores en la Comisión de Salud Pública.
A l menos 8 embarazadas murieron en lo que va de 2021 por causa de la Covid-19; una adolescente de 14 años murió durante un aborto legal en diciembre 2020 en el interior. Fueron algunos de los datos aportados a la Comisión de Salud Pública del Senado por una organización no gubernamental que planteó informaciones “preocupantes”, referidas al aborto legal y salud reproductiva en contexto de pandemia.
A través de un encuentro a distancia, integrantes de organización Salud y Mujer de Uruguay (SYMU) informaron a un grupo del Senado que encontraron “debilidades” en el sistema de aborto legal, agravadas por la pandemia y que ha cobrado víctimas en mujeres jóvenes.
“Nuestros monitoreos han detectado que hubo una debilidad en el funcionamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo con una acción, a veces, discrecional de los servicios, interpretaciones restrictivas de la ley o demoras innecesarias en la atención que en muchos casos expulsaron a las mujeres del sistema poniéndolas en mayor riesgo en medio de la pandemia” acotó Puyol.
El funcionamiento de los servicios de atención adolescente –población particularmente afectada en este contexto de pandemia– ha sido débil cuando no inexistente. El disparador del encuentro fue la denuncia del fallecimiento de una adolescente de catorce años en el departamento de Treinta y Tres durante un proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
“Desde entonces a la fecha hemos continuado con el seguimiento de la actividad de los servicios de salud reproductiva y su interacción con la emergencia sanitaria.
Es en ese sentido que queremos presentarles algunos datos que nos alarman”, dijo Santiago Puyol, encargado del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva.
“Durante 2020 pusimos especial atención en el funcionamiento de los servicios en el contexto de emergencia sanitaria por covid-19 y desde el año pasado hemos advertido algunos riesgos en cuanto a la desatención de las necesidades y requerimientos en la salud sexual y reproductiva.
En ese sentido, realizamos una serie de solicitudes de información, tanto al Ministerio de Salud Pública, como a la Administración de los Servicios de Salud del Estado”.
Añadió que: “En los primeros meses de este año tuvimos que lamentar la muerte de ocho embarazadas por covid-19, una cifra que iguala la cantidad promedio de muertes maternas que suelen darse por año en Uruguay.
En varios casos no ha sido clara la causa de la muerte, así como tampoco si era evitable o si hubo fallas con relación a la asistencia brindada”.
“La Junta Nacional de Salud nos informó que no tiene capacidad metodológica para corroborar si un ginecólogo –o ginecóloga– objeta conciencia en un prestador de salud o en otro, limitando así en uno de tantos aspectos la capacidad que tienen las autoridades sanitarias de garantizar que se cumpla cabalmente la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo”. Puyol afirmó: “El funcionamiento de los servicios de atención adolescente –población particularmente afectada en este contexto de pandemia– ha sido débil cuando no inexistente”.
“La información presentada por ASSE –a la que accedimos por solicitud de información– daba cuenta de que el departamento de Treinta y Tres no contaba con espacio adolescente en Salud Pública, mientras que solo Montevideo tenía suficiente personal asignado de todas las especialidades requeridas para brindar atención integral a esa población.
Este es un déficit histórico que se agravó particularmente en este contexto” de pandemia, dijo Puyol.
La directora de la organización, Lilián Abracinskas; “Solicitamos –y reiteramos en esta comisión–la conformación de un grupo de trabajo donde haya representación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las asociaciones profesionales y de las organizaciones sociales que hemos promovido esta agenda durante tantos años para tratar de ver simplemente las políticas y servicios que ya existen en el país –donde además lo que necesitamos es que realmente se flexibilicen algunas condiciones que actúan como obstaculizadores en tiempo de pandemia y que podrían rápidamente mejorar la situación– y no seguir insistiendo con nuevos proyectos de ley que realmente retroceden”.