Junta de Seguridad Vial pide penas más duras para quienes manejen bajo efectos de alcohol
También, bajo efectos de otras drogas y de psicofármacos. Sesionó la Junta Nacional de Seguridad Vial y resolvió enviar al Parlamento un proyecto de ley que actualice las penas que se aplican a determinados siniestros viales. Por ejemplo, se pretende penalizar de manera más dura la conducción bajo efectos de drogas y alcohol. También se pretende incluir penas para quienes manejan tras haber consumido psicofármacos, comentó Alejandro Draper, presidente de Unasev.
Además, se llevó a cabo un relevamiento de las rutas nacionales que requieren instalar radares con el objetivo de reducir la siniestralidad. Se conversará con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para colocar radares en las rutas 1 y 5, entre otras. “Uruguay estará a la vanguardia en seguridad vial”, aseguró Draper, tras presentar el informe sobre el plan mundial de Naciones Unidas, que trabaja en los pilares de educación, fiscalización, descentralización y coordinación. Unos 3.700 estudiantes terciarios accederán a cursos de seguridad vial, que se replicarán en primaria y secundaria.
La Junta Nacional de Seguridad Vial se reunió en la Torre Ejecutiva, junta a la que asistieron la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y representantes de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Salud Pública, el Congreso de Intendentes y la Comisión Directiva de la Unasev.
Draper declaró que se presentó un informe sobre el Plan Mundial de Seguridad Vial recomendado por la Organización de las Naciones Unidas, para el segundo decenio de acción en seguridad vial 2021-2030. Al respecto, en Uruguay, el proyecto es tratado en el Parlamento.
Además, el jerarca reveló que se dictaron cursos acerca del factor humano en la siniestralidad vial, en coordinación con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en educación terciaria, en el norte del país, en los que participaron 150 estudiantes y aprobó un 80%. La capacitación se replicará próximamente en aulas de Montevideo para 3.500 alumnos.
Sostuvo también que se pretende que esta materia se imparta en 2022 en educación primaria y media y destacó el trabajo coordinado con Policía Caminera, organismo que ha reforzado la cantidad de vehículos y que en 2022 dispondrá de más motos. Asimismo, informó que se presentó ante el MTOP un mapeo de puntos rojos con la finalidad de instalar radares para controlar la velocidad.
El hecho ocurrió en Artigas; deberán cumplir penas de hasta dos años. La justicia de Artigas dictó sentencia tras juicio abreviado contra cuatro hombres por el delito de retribución a menores de edad a cambio de que estos realizaran actos sexuales. A cargo del caso estuvo la Fiscalía Departamental de Artigas de 2º Turno, a cargo de la fiscal Sabrina Massaferro, quien consiguió la condena. H.A.R.B, M.C.R y L.A.N.C recibieron condena como autores penalmente responsables de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que realizaran actos sexuales. Estos delitos se cometieron en régimen de reiteración real, por lo que deberán cumplir una pena de dos años y seis meses de penitenciaría. Por otro lado, Z.D.L.T recibió condena a dos años de penitenciaría.
Penas accesorias Además, la justicia dispuso que se incorporara a los sujetos en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales del Ministerio del Interior. Asimismo, los cuatro imputados perdieron o recibieron inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia. Esto aplica sobre niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Asimismo, se inhabilitó el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y aquello que implique trato con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia. Además, deberán pagar a las víctimas 12 ingresos mensuales o 12 salarios mínimos para resarcir patrimonialmente y, cuando terminen de cumplirse las penas, se les prohíbe el acercamiento y la comunicación con las víctimas por un plazo de 180 días. No podrán estar a menos de 500 metros.