Paysandú y Canelones dan señales claras para regular uso de pirotecnia
Las Intendencias de Paysandú y Canelones vienen dando claras señales del trato responsable con apoyo técnico que sus administraciones quieren darle a la regulación del uso y comercialización de fuegos artificiales.
En el caso de Paysandú, el Intendente Nicolás Olivera envío a la Junta Departamental un decreto complementario, con normas relativas a la prohibición de uso y comercialización de artículos pirotécnicos, aprobado por la Junta Departamental en julio de 2021 y promulgado en agosto, quitando la prohibición total, reduciéndola a los artefactos de pirotecnia “de presión sonora alta”. EI Intendente Departamental propone dar un marco de actuación que garantice la seguridad jurídica y los derechos involucrados. En concreto se opta por explicitar la prohibición de aquellos artefactos de estruendo que por su presión sonora tienen la potencialidad de afectar a las personas y animales, remitiéndose al rotulado que fija el SMA. Asimismo, se estipula la prohibición de comercialización de aquellos artefactos considerado peligrosos como superbombas, foguetas, globos aerostáticos o de los deseos y petardos. Desde la comuna sanducera se realizó un detallado estudio técnico y se parte de la base de un informe de la Unidad Asesora Jurídico Notarial, el cual advierte que el decreto ya promulgado con anterioridad “plantea una serie de dificultades, principalmente porque existen conceptos jurídicos indeterminados que impactan sobre la interpretación y aplicación de los criterios técnicos, competencias y procedimientos que requieren ser definidos y reglamentados”.
En ese sentido, el Ejecutivo Departamental determina en el proyecto complementario que la prohibición alcanza solo “a los artículos pirotécnicos que registren una presión sonora alta, según los niveles estipulados por la Dirección Nacional del Servicio de Materiales y Armamento del Ministerio de Defensa”.
El decreto enviado por Olivera también hace referencia a la exhibición y venta al público de artificios pirotécnicos, la cual deberá realizarse en sectores separados y ordenados de forma que permitan diferenciar claramente los artículos sonoros o de estruendo de aquellos esencialmente lumínicos. En cada sector o área de exhibición deberá indicarse el nivel de impacto audible de los artículos según la presión sonora expresada en decibeles.
Cabe destacar que Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército emitió en agosto pasado una orden para clasificar los fuegos artificiales a comercializar a partir de febrero de 2022, con un sistema similar al que se aplica con el etiquetado de alimentos. La pirotecnia llevará un hexágono según la cantidad de decibeles que alcance el estruendo.
La nueva reglamentación establecerá a nivel nacional que la pirotecnia con hasta 80 decibeles se considerará de ruido bajo y etiqueta verde, lo que permitirá su venta libre. Entre 81 y 110 decibeles de nivel medio y color amarillo, que podría ser comercializada, y de 111 en adelante, ruido alto y color rojo, prohibida su venta.
Esta reglamentación tendrá carácter nacional, por lo que será una norma legal superior a un decreto departamental.
Desde la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales ya se viene trabajando en el tema con un sistema de etiquetado inédito en la región y un claro mensaje de apoyo a la regularización de la actividad.
Canelones quiere una ley
Mientras tanto en Canelones, para el intendente, Yamandú Orsi, una posible prohibición de la venta de fuegos artificiales debería darse a través de una norma de carácter nacional. Desestimó de esta manera la posibilidad de una prohibición departamental ya que a su juicio sería de casi imposible aplicación. La Junta Departamental de Canelones tiene a estudio una resolución propuesta para algunos ediles que prohíbe la venta y uso de pirotecnia en todo espacio público del departamento y sí permite la venta en locales comerciales. No obstante, la resolución, que faculta a la comuna canaria a fiscalizar la prohibición, contradice la opinión de Orsi quién había declarado que la prohibición “tiene que ser una disposición de carácter nacional”. “O es nacional o no es”, sentenció en declaraciones al portal canario Canelones Ciudad. Varios trabajadores y revendedores de mesitas, que son unos 700 en Canelones y unos 5.000 en todo el país, se manifestaron este lunes en la ciudad de Canelones contra los ediles propulsores de esa iniciativa.