CCRU: “Hay que planificar de manera prospectiva para el desarrollo de la región"
Plan de acción 2022-2023.
El pasado martes 7 de diciembre en la Torre Ejecutiva se realizó el traspaso de la presidencia pro témpore del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay y se presentaron los lineamientos para el Plan de acción del período 2022-2023.
Entendiéndose a sí mismos como “un espacio de acción y coordinación estratégica de los gobiernos locales y subnacionales de la Cuenca del Río Uruguay”, el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU), trabaja activamente desde 2010 con Intendencias, Alcaldías y Municipios de Uruguay, Argentina y recientemente Brasil, en el margen de los 200 kilómetros del río para analizar cuestiones medioambientales, el desarrollo de parques naturales y la navegabilidad del río.
Durante el evento de traspaso de la presidencia pro témpore del intendente de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, Martín Oliva, al intendente de Río Negro, Uruguay, Omar Lafluf, se presentó un documento con los lineamientos para el plan de acción del período 2022- 2023 en el que subraya, en primera instancia, la oportunidad de renovar en un nuevo período los desafíos del Comité ya que se vio afectado por la pandemia. “Por ello vemos con especial atención la necesidad de revisar nuestras metas y plantear la reafirmación de los acuerdos políticos necesarios para la consolidación del Comité”, añade el documento al que accedió Diario La R.
Para poder lograr esto, el Comité sugiere que es imprescindible planificar de manera prospectiva, ya que realizar esfuerzos basados únicamente en la realidad existente no es suficiente. “La existencia de obras de infraestructuras básicas donde se destacan la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, los corredores viales bordeando el Río Uruguay, el desarrollo de la traza ferrovial a ambos lados de la frontera, entre otras obras, requieren de un accionar en materia de integración mucho más profundo, máxime que los pueblos de la cuenca han expresado su voluntad inequívoca de transitar ese derrotero”, aclara el escrito.
Un plan de acción
Para el período 2022-2023, según se indica, se buscará consolidar la representatividad del Comité ante los gobiernos nacionales y subnacionales de los tres países del Mercosur. Además, se continuará con el proyecto de incorporar las Prefecturas y Municipios de Brasil y Argentina que están localizadas en la región Media de la Cuenca, y se aprobará “a la brevedad”, la Hoja de Ruta que surja a partir de la consultoría entre ARFE/ Eurosocial con la Secretaría Técnica. Entre otras cosas, también se priorizará “de forma inmediata” la gestión de recursos económicos en alianza con los aliados estratégicos para garantizar el funcionamiento del plan de acción.
En referencia a dicho plan, el Comité afirmó que deberá contemplar dos acciones; “en primer lugar, intervenciones estructurales destinadas a la generación del modelo de gobernanza, y en segundo lugar, acciones sectoriales cuyo fin será el desarrollo económico, social, ambiental, políticoinstitucional y cultural del territorio transfronterizo conforme a lógicas de buena gobernanza”.
A su vez, presentaron en el documento los temas prioritarios para poder llevar a cabo los nuevos desafíos: el primero que se menciona es la navegabilidad de la cuenca y dentro de él, el mantenimiento y dragado actual entre Paysandú y Nueva Palmira, y la ampliación del dragado y desarrollo portuario hasta Concordia-Salto con la habilitación de la operación de barcazas. Otro de los temas incluye obras para las infraestructuras nacionales del puente Bella Unión-Monte Caseros; Aeropuerto Internacional de Concordia; el puerto de barcazas en Salto y la consolidación de obras de sistemas de tratamiento de efluentes urbanos. Por otro lado, se remarca la importancia del proyecto de desarrollo regional de la región de Salto Grande y la focalización de acciones en la región trinacional (que incluye temas de medioambiente, gobernanza, cohesión social y género). En quinto lugar se subraya la relevancia de incrementar la participación de los gobiernos locales y consolidar las relaciones interinstitucionales (instituciones del Mercosur, universidades, sectores privados, ONGs y Universidades).
Entre otras cosas, también se reafirma la consolidación del Observatorio Socioeconómico a través de la integración de un comité científico formado por universitarios que aporten visiones estratégicas sobre distintos ejes, y la creación de condiciones básicas para poder obtener indicadores sobre la gobernanza, participación de actores territoriales, de género, étnicas, y más. El último desafío incluye proyectos y programas de ejecución como por ejemplo EuroSocial+ (en el que se dialogará sobre juventud y género, salud, promoción de cooperativas y agricultura familiar y formación en integración); Juventudes sin fronteras y el proyecto binacional de adaptación al cambio climático en las costas vulnerables del Río Uruguay.
Para finalizar, el Comité entiende como relevante “que en los estudios prospectivos no se omitan cuestiones claves como reservas de puestos de trabajo para técnicos y operarios de las ciudades que impactan directamente en las obras, capacitar jóvenes de la región y asegurar la provisión local de otros recursos necesarios especialmente en los casos de obras de infraestructura”.
¿Cómo se sustentan?
Por último, en referencia a los nuevos proyectos del período 2022-2023, el documento sentencia que “el sistema de gobernanza debe promover específicamente la autonomía presupuestaria para la operatividad regular de la organización-estructura que la gestiona y promueve, dotándola de independencia de los Estados miembros, así como de recursos financieros en el largo plazo”. Asimismo, asevera que “es necesario contar con recursos necesarios para promover acciones y desarrollar herramientas efectivas de comunicación y contacto regular entre las partes” por lo que explorarán nuevas fórmulas de capacitación de recursos propios y/o de terceros.