Separan a funcionarios paraguayos de sus cargos por el caso del avión venezolano
En Argentina incautan los celulares de la tripulación que está alojada en un hotel.
Dos funcionarios de la autoridad aeronáutica de Paraguay fueron separados del cargo a raíz del caso del avión venezolano con tripulación iraní retenido en Argentina, informó el ministro del Interior de Paraguay, Federico González.
El ministro dijo a la emisora paraguaya "ABC Cardinal" que los funcionarios pertenecen a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), encargada de regular y vigilar la aviación en el país.
Uno de los funcionarios es al parecer el administrador del aeropuerto Guaraní, que sirve a la localidad de Ciudad del Este (sureste), fronteriza con Brasil, adonde esa aeronave aterrizó en mayo pasado para transportar una carga de cigarrillos hasta Aruba.
González indicó que tras el ingreso del avión a Paraguay, entre el 13 y el 16 de mayo pasado con 18 tripulantes (siete iraníes y 11 venezolanos), se puso en marcha "un trabajo de inteligencia". El ministro del Interior indicó que el ingreso se dio debido a que la aeronave obtuvo permiso de la DINAC “con fines comerciales”.
En ese sentido, confirmó que, tras verificaciones, el avión iraní solo trasladó en el país cigarrillos. Sin embargo, sostuvo que“llamó la atención” la cantidad de tripulantes (18) para un avión de carga, por lo que solicitaron información desde Estados Unidos sobre la aerolínea.
Explicó que tuvieron posteriormente información de que la nave pertenece a una aerolínea sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Además, afirmó que Estados Unidos suministró informes de que los tripulantes iraníes "formaban o forman parte" de un grupo que es considerado terrorista por Washington. "Se obró en consecuencia y se tomaron las medidas correspondientes", afirmó el ministro, quien aseguró que dos funcionarios de la Dinac "fueron separados de sus funciones".
También reveló que se están tomando "medidas" al interior de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El ministro ratificó que Paraguay alertó a las fuerzas y los organismos de seguridad de la región sobre el avión, pero aclaró que la advertencia no se difundió hace un mes.
El avión arribó a la Argentina el lunes 6 de junio procedente de México, según los registros oficiales que se encuentran en la Justicia. En tanto, el miércoles de la semana pasada despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza y, tras sobrevolar el Río de la Plata durante 20 minutos, aterrizó nuevamente en la misma terminal porque Uruguay no habilitó su aterrizaje.
Según los “flight records” recientes de la aeronave, estuvo en los últimos 15 días en Paraguay, Bielorrusia, Teherán y Moscú. Mientras que en la actualidad tendría vedado el uso de los espacios aéreos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
Allanamiento en Buenos Aires
Ayer se realizó un allanamiento en el hotel de Plaza Canning Design, dónde se encuentra alojada la tripulación del controvertido avión. La justicia federal argentina secuestró los celulares de los iraníes que integran la tripulación del Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo. El trabajo sobre los celulares secuestrados y que pertenecen a los ciudadanos iraníes, identificados como Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi, estará a cargo del área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. La medida se ordenó junto con la prohibición de salida del país no sólo de los cinco iraníes, sino también de los catorce venezolanos que conforman la tripulación
Hora después se ordenó una pericia sobre los dispositivos electrónicos. La fiscal Cecilia Incardona pidió una varias medidas para determinar si algunos de los ciudadanos iraníes guarda alguna vinculación con organizaciones terroristas.
La causa penal para dilucidar las sospechas alrededor del avión venezolano-iraní se abrió el lunes por la tarde, con un pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal para que se decrete el secreto de sumario. En esas condiciones se encuentra a la fecha el expediente.
Cuando impulsó la acción penal, la fiscal Incardona le sugirió una serie de medida al juez Federico Villena, que apuntan, esencialmente, a esclarecer los motivos por los cuales el avión matrícula YV3531 y que hasta enero pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, aterrizó en suelo argentino.
La investigación penal se abrió en base a la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En el texto plantearon la posible conexión del piloto de la aeronave con un organización considerada terrorista.
La audiencia prevista para este 14 de junio para evaluar una petición de hábeas corpus solicitada por el exvicepresidente de ese país Jorge Glas (2013-2018), quien busca cumplir en libertad dos condenas por corrupción, quedó suspendida por una posible amenaza de bomba, informaron medios locales. La diligencia estaba prevista en la sede del Complejo Judicial Norte, en la capital del país, pero no se instaló porque minutos antes se informó sobre una amenaza de bomba, publicó el periódico Expreso. Agregó que varios funcionarios del complejo habrían recibido mensajes en los que se alertaba que iba a reventar el edificio, por el estallido de un artefacto explosivo. Debido a la amenaza, se dispuso el desalojo de todas personas que se encontraban en la edificación. En la audiencia, tenía que definirse si el exsegundo mandatario puede o no terminar de cumplir sus condenas fuera de la cárcel 4, en Quito, donde se encuentra desde el pasado 21 de mayo. El equipo legal de Glas argumentó, en la solicitud de hábeas corpus, que la salud del exvicepresidente se encuentra deteriorada. Al momento no se conoce sobre una nueva fecha para la diligencia. Esta es la segunda ocasión que se suspende la audiencia de hábeas corpus; inicialmente fue convocada para el 1 de junio, pero se pospuso porque el defensor de Glas, Carlos Alvear, presentó un certificado médico por estar contagiado de COVID-19. El pasado 21 de mayo, un tribunal de la Corte de Justicia de la provincia de Santa Elena (oeste) dispuso la recaptura de Glas al anular el fallo otorgado por un juez inferior de esa jurisdicción que ordenó su liberación el pasado 9 de abril. Un día después, el exvicepresidente abandonó la cárcel de la ciudad de Latacunga (centro) y permaneció en libertad durante 40 días. Glas tiene dos sentencias en firme, la primera de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la segunda a ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El exvicepresidente está en prisión desde diciembre de 2017.