Gobierno habilitó a empresas de cable a vender servicios de internet a hogares
La opción era solicitada desde hace años por los cableoperadores de Montevideo y el interior
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto que habilita a las empresas de cable que pertenecen a los canales de televisión abierta a vender a los usuarios servicios de internet para hogares. El documento también tiene la firma del ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini.
Las concesiones fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que cinco cableoperadores presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el artículo n° 56 de la ley n° 19.307, del 29 de diciembre de 2014. Dicha normativa prohíbe prestar servicios de telecomunicación de telefonía o transmisión de datos a aquellas personas físicas o jurídicas que ofrecen los de comunicación audiovisual.
Debido a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó el reclamo, las empresas, a partir de ahora, podrán ofrecer esas prestaciones y proporcionarles a sus usuarios mayores opciones y más libertad para elegir, informó ayer a través de Presidencia la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía. Agregó también que se analiza en el Parlamento y en la Rendición de Cuentas la posibilidad de derogar de forma específica esta prohibición, sostuvo.
La habilitación era solicitada por las empresas de cable desde hace años, tanto en Montevideo como en el interior del país, pero las anteriores autoridades fundamentaban la negativa en la Ley N° 19.307 (Ley de medios. Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual). Las compañías de televisión por cable de Montevideo involucradas en el tema son TCC, Montecable y Nuevo Siglo. Además, se habilitaron por intermedio de dos resoluciones a los cableoperadores de Colonia y la ciudad de Pando (Canelones): Korfield y Praimar.
En tanto, el artículo Nº 56 de esa norma indica que:“Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos” y que esa “incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas”. Este artículo fue impugnado como inconstitucional por los cableoperadores y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de las empresas que brindan servicios de televisión por cable en 2016.
El decreto, al que accedió el Diario La R, expresa que “Otórgase a la empresa (Tractoral SA, Riselco SA y Monte Cablevideo SA) la licencia de Telecomunicaciones “Clase B” para brindar a terceros, que habilita la prestación del servicio de transmisión de datos, en el departamento de Montevideo, mediante la utilización de red alámbrica (cable coaxial), que posee la empresa, o mediante la contratación de terceros habilitados para llegar al cliente con fibra óptica”. Opinión de Paganini El ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), fue consultado en rueda de prensa sobre esta medida, y expresó que se recibió y tramitó el pedido de las empresas relacionadas. “Tienen derecho porque obtuvieron la sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia (SJC) hace tiempo. El gobierno entiende que legalmente tienen el derecho, dado que tiene constitucionalidad, no hay un impedimento legal para darles el derecho, es un servicio que no está bajo un régimen restrictivo, así que se firmaron las autorizaciones”, explicó el secretario de Estado.
Agregó también dijo que “hace tiempo desde el gobierno buscan impulsar que la Ley de Medios se cambie para que no tenga esa restricción; en ese caso, todas las empresas que deseen dar el servicio de telefonía fija, ahora restringido por la ley, podrán hacerlo”.
Cuando se le preguntó a
Paganini sobre como esta decisión podría afectar a la empresa estatal Antel, contestó: “¿Cómo afectará esta resolución del Ejecutivo a Antel?. Antel no tiene el monopolio legal de la venta de internet fija. No lo tuvo nunca. Sí tiene una infraestructura con muy buena calidad. Con lo cual, tiene unos competidores nuevos que tendrán que hacer una inversión, tendrán que ver cómo se despliegan, cómo consiguen dar el servicio”.
Integrantes del sindicato del taxímetro participaron de una movilización en la rotonda del Palacio Legislativo, a los efectos de manifestar diversos reclamos y preocupaciones que actualmente aquejan al sector. Los trabajadores, que interrumpieron parte del tránsito, realizaron la manifestación sin contratiempos ni incidentes, este jueves 18. Dirigentes del sindicato lograron entregar una carta con sus reivindicaciones a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche y a los presidentes de ambas cámaras, Beatríz Argimón (Senadores) y Ope Pasquet (Representantes), según informó Radio Carve – 850 AM. El presidente de la gremial, Óscar Dourado, expresó a esa emisora "Hace un año y tres meses que no nos podemos comunicar con el presidente, no nos atiende, y en casi tres años de gobierno tampoco fuimos recibidos por la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) o por quien ella entienda que debe atender las urgencias del taxímetro". “El aumento del combustible es muy periódico y no se puede trasladar todo a tarifa, porque no nos queremos alejar del público. Si bien pedimos una adecuación de la tarifa, pedimos que sea moderada, que nos permita pagar el combustible pero que no agreda a quien usa el servicio de taxi en todo el país”, dijo. El dirigente del taxi señaló además que, “hasta 2019 estuvo la posibilidad de descontar los impuestos del combustible para pagar el BPS y DGI, algo que era muy favorable para el sector. Sin embargo, ese beneficio venció y no se volvió a renovar, a pesar de que existía la promesa de todos los partidos políticos”. Añadió también que desde hace más de un año y medio este tema está a consideración del Ministerio de Economía, pero sin avances.