Solicitan prisión para vicepresidenta argentina y fuerzas sociales y políticas sostienen que es "una persecución"
Cristina Fernández de Kirchner pidió volver a declarar en la causa y dice que los fiscales "montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".
La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.
Tras la solicitud, más de 500 intendentes de Argentina, la bancada parlamentaria del gobernante partido Frente de
Todos, militantes, intelectuales y dirigentes políticos rechazaron ayer lo que consideran una la persecución judicial contra Fernández de Kirchner, y le ofrecieron su apoyo.
En diferentes mensajes difundidos a través de las plataformas digitales, denunciaron los intentos de sancionar penalmente a la líder argentina por acusaciones de supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur).
Manifestaron que con el uso del sistema judicial se procura anular políticamente a Fernández de Kirchner, e impedir su presencia en la dirección del país y su participación en las elecciones de 2023.
La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desdeTwitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales "montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas". Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.
En su texto, los intendentes, oriundos de 22 provincias argentinas, condenaron que la persecución judicial se instrumente con participación de medios de comunicación hegemónicos y la calificaron de práctica violatoria de los derechos humanos.
Ayer Fernández de Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria en la audiencia judicial que tendrá lugar este martes.
Por otra parte, refirió la existencia de pruebas contundentes que echan por tierra buena parte de los argumentos acusatorios. Días atrás, el periódico local Página 12 dio a conocer que el fiscal Diego Luciani, a cargo de la causa, mantiene una relación personal con uno de los miembros del tribunal, Rodrigo Gimenes Uriburu, con quien disputó partidos de fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri. El 13 de agosto pasado, el abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, presentó una recusación contra el vicepresidente del tribunal oral, Jorge Gorini, quien sostuvo encuentros con la exministra de Seguridad durante la gestión de Macri, Patricia Bullrich, una de las denunciantes originales de la causa contra la exjefa de Estado.