CUANDO EL RIO SUENA
RARO...
Los incidentes registrados el pasado fin de semana en Mexicali en Baja California tuvieron un ingrediente sumamente raro que hasta este momento no se logra entender con claridad.
Según las autoridades bajacalifornianas, la pugna entre distintos cárteles de la droga llevó a la quema de unas dos docenas de vehículos en todo el estado.
Esos crímenes llevaron a la población al borde del pánico mientras los negocios y las pocas escuelas abiertas decidieron cerrar sus puertas momentáneamente para evitar mayores percances. Las compañías dedicadas al transporte de pasajeros optaron también por dejar de prestar un servicio ante la posibilidad de que las unidades se vieran siniestradas.
A pesar de los esfuerzos por incrementar el patrullaje y la vigilancia de las calles, los casos se repitieron inclusive hasta el lunes.
Autoridades municipales y estatales en Mexicali y Baja California informaron haber arrestado a varias personas supuestamente involucrados en los acontecimientos.
Sin embargo, salvo en el caso de tres personas que supuestamente tuvieron relación en Mexicali con los primeros incidentes, las autoridades no han revelado los nombres y las imágenes de los detenidos. Según la Fiscalía General del Estado y el Jefe de la Policía de Mexicali, varios de los detenidos (cuyas cifras difieren entre los reportes locales y los federales) fueron trasladados a la Ciudad de México para responder a los delitos.
Sin embargo, fuentes al interior de la Fiscalía Estatal aseguran que los agentes no detuvieron a persona alguna durante los operativos.
Esta serie de acontecimientos que llevaron a muchos residentes del Valle Imperial, que buscaban disfrutar de una noche de entretenimiento del otro lado de la frontera regresaran, ocurrieron luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer a través de un decreto el traslado de la Guardia Nacional que originalmente era una agencia policiaca civil al ejército mexicano. La quema de los vehículos llevó al Gobierno Federal a desplegar cientos de elementos militares y a activar a los que ya se encontraban en el estado para vigilar a la población.
De esta forma, el Gobierno Federal parece justificar la militarización de las calles de Baja California, algo que en su momento se criticó al gobierno estadounidense cuando fueron desplegados militares a la zona fronteriza durante el gobierno de Donald Trump.
Como era de esperarse, los dirigentes de los partidos de oposición criticaron la estrategia de seguridad tanto del Gobierno Federal como del gobierno de Baja California al destacar que los hechos demuestran que las políticas contra el crimen se encuentra lejos de ser exitosas. Las críticas más duras contra la gobernadora Marina Ávila fueron expresadas este miércoles por su predecesor y actual senador, Jaime Bonilla. El ex Gobernador recordó la colocación de mantas en las cuales presuntos miembros del crimen organizado acusaron a la ex diputada federal por haber traicionado los acuerdos alcanzados con los delincuentes para aparentemente y continuar con sus operaciones en el estado.
Bonilla también dijo que el Fiscal General, Iván Carpio, a quién originalmente la gobernadora designó como Secretario de Seguridad, ha sido señalado por presuntamente tener nexos con el narcotráfico, algo que ha ocurrido en la historia de México en fechas recientes. Cabe recordar que hace años un agente policiaco testificó en un video que el entonces procurador, Antonio Martínez Luna, era apodado entre los delincuentes como “El Blindado”, sin olvidar otros casos como el de Genaro García Luna aquí en el gobierno de los Estados Unidos señaló por su relación con la delincuencia.
Hay que recordar que Bonilla y su fiscal, Guillermo Ruiz, también fueron señalados por nexos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix.
Los altos rangos del Movimiento de Regeneración Nacional salieron a defender a la Gobernadora luego de las acusaciones, en lugar de exigir una aclaración de las mismas por parte de las agencias investigadoras.
Los casos de vehículos quemados en Baja California llegaron cuando menos temporalmente a su fin luego de que el exgobernador acudiera a una audiencia judicial el pasado lunes, a pesar de no haber sido acusado de manera oficial por el asunto de la planta solar que su gobierno anuncio como las más grandes de América Latina.