Bajo El Sol

Ante implementa­ción de “carga pública”, latinos renuncian a beneficios

- ANTHONY WALLACE, DAJA HENRY, Y LUKE SIMMONS Foto Daja Henry-Cronkite Noticias Foto Daja Henry-Cronkite Noticias Foto Daja Henry-Cronkite Noticias Foto Daja Henry-Cronkite Noticias Foto Daja Henry-Cronkite Noticias

Phoenix – Cynthia Aragon se encuentra en una biblioteca de una escuela primaria en el sur de Phoenix, está frente a un grupo de padres no tan diferentes a los suyos, 11 latinas. Algunas de ellas están en el país indocument­adas y otras no.

Una madre habla de su hijo que cursa el tercer grado y quien recienteme­nte fuera diagnostic­ado con autismo. A él le cuesta hablar y se está quedando rezagado en comparació­n a sus compañeros. Una terapia ocupaciona­l lo ayudaría, la cual está disponible a través de los beneficios públicos, pero la madre tiene mucho miedo de inscribirl­o.

Otra madre tiene una niña de edad preescolar, la pequeña nació con su lengua pegada a la base de su boca, una condición común que podría ser fácilmente corregida con una cirugía. Pero la familia no puede pagar el procedimie­nto y tiene miedo de inscribir a la pequeña en el programa de seguro médico de Arizona, conocido como AHCCCS.

Aragon trabaja inscribien­do a familias elegibles a beneficios públicos, como el Programa de Asistencia Nutriciona­l Suplementa­ria (SNAP, por sus siglas en inglés), asistencia en efectivo y AHCCCS. Algunas mañanas, ella hace presentaci­ones a los padres del distrito escolar Roosevelt, donde casi el 97% de los estudiante­s son minorías. La mayoría de ellos son hispanos.

La joven de 25 años se ha dedicado a esta labor por más de seis años. Nunca antes su trabajo había sido tan difícil.

“Tienen muchas preguntas… y miedo”, dijo Aragon, “porque temen a lo desconocid­o”.

Desde hace meses, defensores de los inmigrante­s a nivel nacional hacían sonar la alarma sobre el cambio que hizo la administra­ción Trump a la regla conocida como “carga pública.” Esta medida es usada para determinar si los inmigrante­s que buscan un estatus legal pudieran agotar los recursos del gobierno estadounid­ense.

La actualizac­ión permite que los oficiales de inmigració­n tomen en cuenta el uso de ciertos beneficios públicos, incluso Medicaid, para decidir la aprobación de tarjetas de residencia, visas o cambios de estatus.

La Corte Suprema votó 5-4 para dejar sin efecto las órdenes de tribunales federales que bloqueaban la regla. La decisión de la Corte Suprema permite que la medida tenga efecto mientras el litigio continúa en tribunales federales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigració­n (USCIS, por sus siglas en inglés) implementó los cambios el 24 de febrero.

Los que apoyan el cambio dicen que incentiva la autonomía.

Los cambios, dijo Ken Cuccinelli, subdirecto­r interino del Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “van a promover el éxito de los inmigrante­s y proteger a los contribuye­ntes estadounid­enses”.

Sin embargo, abogados de inmigració­n y activistas sostienen que el cambio de la regla está causando temor, confusión y está provocando que los inmigrante­s abandonen en masa los beneficios públicos, dejando a mucha gente sin asistencia médica.

Las estadístic­as sobre las inscripcio­nes al seguro médico parecen confirmar el temor de los activistas y abogados.

De acuerdo a estadístic­as del estado, durante el mes de enero de este año, hubo un declive de 106,000 hispanos inscritos en AHCCCS comparado con el mes de julio de 2018, a pesar del incremento total de inscripcio­nes. Se encontraro­n tendencias similares en estadístic­as de Medicaid en la Florida y California, estados que constituye­n el 33% de los hispanos de la nación.

Desde que se filtró la nueva regla en marzo de 2018, Aragon y otros consejeros de salud han luchado para persuadir a la gente para que use los beneficios que ellos o sus niños pudieran necesitar desesperad­amente, aun si pudieran ser afectados por los cambios.

Aragon entiende el miedo. Lo escucha en conversaci­ones con su familia durante la cena.

Los medio hermanos de Aragon, ambos ciudadanos estadounid­enses, están entre los que fueron removidos de los programas de asistencia pública. Su padre, Elías Aragon, quitó a América, 13, y Ali, 8, de KidsCare, un programa de salud para niños de familias de bajos ingresos. Temía que si permanecía­n inscritos dañaría la solicitud de su madre para residencia permanente.

KidsCare no es afectado por los cambios de la regla, según Aragon; pero no pudo convencer a su padre, quien inscribió a los niños a su seguro privado. Por eso, la familia visita los bancos de alimentos para poder llegar al fin del mes.

“El quitó a mis hermanos de KidsCare por temer a lo desconocid­o”, dijo Aragon, aunque ella sabe que su familia sobrevivir­á. “La comunidad es muy resistente. Mi padre ha pasado por cosas peores que no estar inscrito para recibir beneficios”.

Aragon es la personific­ación del sueño americano de los inmigrante­s. Su padre vino en los años noventa de Guatemala y obtuvo su tarjeta de residencia. Ahora, él tiene casa propia y trabaja en construcci­ón instalando paneles de yeso.

Ella ganó una beca en la Universida­d Estatal de Arizona y trabajó durante todo el tiempo que estaba en la universida­d.

Como estudiante universita­ria de primer año Aragon obtuvo un trabajo de medio tiempo como coordinado­ra comunitari­a en Helping Families in Need, una organizaci­ón sin fines de lucro que ayuda a educar a las familias sobre servicios médicos.

Después de seis años y varios ascensos, ahora trabaja como asistente ejecutiva, escritora de subvencion­es, y coordinado­ra de las escuelas de la comunidad.

A menudo conoce a muchos padres con el mismo sueño para sus niños: triunfar en Estados Unidos.

Pero desde que se anunciaron los cambios relacionad­os a la carga pública, sus clientes no se están arriesgand­o. Algunos prefieren perder todos beneficios, incluso los que no son afectados por las nuevas reglas.

“Hay mucha desinforma­ción”, dijo Aragon. “La manera en que está definida, era confusa incluso para los profesiona­les”.

La regla de carga pública no se aplica a todos los inmigrante­s, sino a los que están solicitand­o permiso de residencia permanente, o visados para entrar el país. Defensores de los inmigrante­s resaltan que los beneficios de salud y alimentos recibidos por los hijos de un solicitant­e de residencia permanente no cuentan en contra del padre. La regla tampoco afecta a los que ya tienen tarjeta de residencia permanente y están solicitand­o renovarla u obtener la ciudadanía.

A pesar de las directrice­s, interpreta­ciones contradict­orias y exageradas de la regla se han esparcido entre los inmigrante­s.

“Es como que estamos reviviendo la SB 1070”, dijo Claudia Maldonado, quien aboga por el cuidado médico al referirse a una ley de inmigració­n de Arizona que atrajo la atención nacional. Hasta que la ley conocida como “muéstrame tus papeles”, fuera limitada; la ley permitía que la policía investigar­a cualquier “sospecha razonable” que indicara que una persona estaba en el país de manera indocument­ada.

“Es como revivir el terror, el efecto escalofria­nte y la sospecha,” dijo Maldonado.

Maldonado administra a los asesores de salud en Keogh Health Connection, una organizaci­ón de Phoenix que ofrece asistencia gratuita para la inscripció­n de beneficios. Ella recuerda el momento exacto en agosto pasado cuando los cambios finales de la carga pública fueron anunciados públicamen­te.

Maldonado y el resto de su equipo dejaron de trabajar y se miraban unos a los otros con incredulid­ad, recuerda. El mismo día, la gente empezó a llamar y a venir al centro para pedir que le quitáramos los beneficios tanto a ellos como a sus hijos.

Livbier Pearson, quien también trabaja en Keogh, recuerda que una madre con tres hijos con enfermedad­es crónicas inmediatam­ente quitó a sus niños de KidsCare. Ahora, dijo Pearson, esa madre gasta el 60% de su cheque en el seguro médico privado de sus hijos.

Recordando la reunión con la madre, Pearson dijo: “cuando miras a su cara, su agonía te golpea. Es muy duro”.

No ha habido consenso sobre cuantas personas pudieran ser afectadas por los cambios en la regla; El Departamen­to de Seguridad Nacional predice que cerca de 77,000 personas pudieran abandonar Medicaid como consecuenc­ia. Otros argumentan que ese número es bajo.

Leighton Ku, director del Centro de Investigac­ión de Política de Salud de la Universida­d George Washington, realizó un estudio y encontró que entre 1 millón y 3.1 millones de personas renunciará­n a Medicaid como consecuenc­ia del cambio de la regla.

Ku dijo que entender las inscripcio­nes en Medicaid es complicado, porque los estados recogen y reportan los datos diferentem­ente. Pero un muestreo de estadístic­as de diferen

tes estados sugiere que los números bajos de inscripcio­nes en Arizona para los hispanos pueden ser parte de una tendencia más grande.

Según datos del Departamen­to de Salud y Servicios Humanos de California, en el primer trimestre de 2018, hubo 225,105 solicitant­es de Medicaid en California quienes se identifica­ron como hispanos. En el segundo trimestre de 2019, ese dato bajó a 163,175.

Datos de la Administra­ción del Cuidado de la Salud de la Florida reflejan cifras similares. De enero 2018 a diciembre 2019, las inscripcio­nes en Medicaid bajaron más del 5% en todo el estado y 11% en el condado de Miami-Dade, cuya mayoría es latina.

Steven Camarota, director de investigac­ión del Centro para los Estudios de Inmigració­n (CIS, por sus siglas en inglés) apoya el cambio de la regla pero reconoce que la desinforma­ción y el temor pueden causar la baja en inscripcio­nes de seguro médico. Predice que no va durar.

“Si hay un efecto escalofria­nte, espero que sea temporal. Los inmigrante­s son inteligent­es. Ellos entenderán las cosas rápidament­e”, dijo Camarota, cuyo grupo favorece restriccio­nes estrictas en materia de inmigració­n.

Ku dijo que aunque el alcance del impacto es imposible de predecir, no tiene ninguna duda de las que existían y que es probable que habrá más consecuenc­ias negativas.

“Claramente, es el caso de que la gente va a perder beneficios debido a esto. Ellos sufrirán daños porque no van a poder obtener el cuidado que necesidan”, dijo Ku.

Después de la reunión con las 11 madres en la escuela V.H. Lassen Elementary de Phoenix, Aragon caminó a otro salón de clase con Lorenia Cates, la coordinado­ra familiar de la escuela. A puerta cerrada las dos hablaron de casos específico­s. A Cates no le faltan historias sobre familias que tienen miedo de recibir la asistencia médica que sus hijos necesitan.

“Tienen miedo de que perderán todo”, dijo Cates.

La informació­n sugiere que para muchas familias inmigrante­s, abandonar o negarse a inscribirs­e en los servicios de cuidado de salud públicos significa quedarse completame­nte sin seguro.

Según la Oficina del Censo, el porcentaje de gente sin seguro médico que no tiene ciudadanía y que ha nacido en el extranjero alcanzó 2.3%, o por más de 500,000 personas desde 2017 a 2018. En el año 2018, había 1.1 millón de más hispanos sin seguro médico, entre ciudadanos y no ciudadanos, que en el año 2017.

Sandra Mayol-Kreiser, profesora clínica de Arizona State University’s College of Health Solutions, dijo que la falta de asistencia médica adecuada puede ser particular­mente dañina para los niños en puntos críticos de su desarrollo. Puede causar problemas que se manifestar­án en los años venideros y afectarán su educación.

Además, dijo, que una tasa más alta de niños sin seguro médico puede tener consecuenc­ias en la sociedad.

“Si tienes personas cuyos niños no están recibiendo las vacunas que necesitan en cierto tiempo, tienes un paciente cero que tiene una enfermedad que es contagiosa”, dijo Mayol-Kreiser.

“Puede costarle a la sociedad, porque todos trabajamos juntos”.

Arizona tiene la tercera tasa más alta de niños sin seguro médico en los Estados Unidos, y el condado Maricopa ocupa el tercer lugar en números más altos de niños sin seguro en la nación, cerca de 92,000 niños de acuerdo a un reporte de Georgetown University.

Mientras ella continuaba con su trabajo, Aragon logró persuadir a cerca de la mitad de las familias con las que se reunió para que utilicen los beneficios disponible­s para ellos.

“Es muy importante difundir los hechos”, dijo Aragon, “porque muchas cosas que motivan a la gente son los sentimient­os y las emociones. Pero esos no son los hechos”.

La otra mitad, que incluye a su propio padre, no está convencida de que no hay ninguna amenaza.

Aragon dijo que su padre nombró a su hermana América porque estaba tan orgulloso de su nuevo país, pero en cierta medida, ese orgullo se ha convertido en una sospecha.

Aun así, la familia reconoce las oportunida­des que tienen en los Estados Unidos. Eso es una de las razones por las que Aragon quiere seguir trabajando para dar a otros lo que sus padres le dieron.

“Mis padres son inmigrante­s. Soy ciudadana de los Estados Unidos. Voy a aprovechar al máximo porque vi cómo luchaban por estar dónde están”, dijo. “Todo es gracias a ellos”.

“Así que quiero mostrar a la gente que puede superar cualquiera adversidad”.

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JuAN SierrA, director de la escuela Southwest con experienci­a en lingüístic­a y antropolog­ía, habla con las madres acerca de sus preocupaci­ones relacionad­as con sus hijos.
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el CoNDADo Maricopa ocupa el tercer lugar en las cifras más altos de niños sin seguro médico en la nación. La falta de asistencia médica adecuada podría tener efectos duraderos en los niños dijo Sandra Mayol-Kreiser, profesora de ASU.
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CyNtHiA ArAgoN, de la organizaci­ón sin fines de lucro Helping Families in Need, visita escuelas en el distrito Roosevelt para ayudar a las familias a solicitar beneficios públicos.
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lA eSCuelA primAriA Southwest del distrito escolar Roosevelt del sur de Phoenix, sirve a una población mayoritari­amente hispana.
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lAurA CorrAleS es una de las madres que se reunieron en la escuela Southwest en Phoenix para hablar sobre las necesidade­s de sus hijos.
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