Pequeña fracción de las solicitudes de DACA enviadas a ICE
Washington, D.C. – De más de 3 millones de solicitudes de DACA desde 2012, alrededor de 900 fueron remitidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, todavía demasiadas para los defensores que dijeron que se les prometió que no se compartiría información con las agencias de control.
Los números estaban contenidos en un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. El informe dice que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por su sigla en inglés) pueden remitir información sobre los solicitantes de protección de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por su sigla en inglés) a los que se les niega, si sus solicitudes incluyen indicios de delincuencia o fraude.
Solo 106,000 solicitudes se enviaron entre 2012, cuando comenzó DACA, y junio de 2021, y menos del 1 % de ellas se enviaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés), dijo el informe. Pero los defensores dicen que eso aún podría tener un efecto escalofriante en los posibles solicitantes.
“Todavía hay varias personas que conozco personalmente… que no han presentado solicitudes de DACA porque tenían miedo de que esa información fuera compartida con ICE, y noticias como esta reafirman su decisión”, dijo José Patiño, director de educación y asuntos externos para Aliento, un grupo de defensa con sede en Arizona que brinda apoyo a jóvenes indocumentados.
Evangeline Chan, directora del Proyecto de Leyes de Inmigración en Safe Horizon, una organización sin fines de lucro de servicios para víctimas, dijo que esos temores no son infundados, a pesar de la baja cantidad de informes a ICE.
“Les decimos a nuestros clientes que siempre existe un riesgo cada vez que presentan una solicitud de inmigración y les asesoramos sobre cuál es el riesgo relativo”, dijo Chan. “Para los solicitantes de DACA, es considerablemente bajo y definitivamente más bajo que otros grupos y otras solicitudes para diferentes formas de alivio, pero no es cero”.
El informe de la GAO de enero fue solicitado por el Comité Judicial de la Cámara en respuesta a un informe de ProPublica de 2020 que encontró que ICE tenía acceso a las bases de datos supervisadas por USCIS, la agencia que procesa las solicitudes de DACA.
DACA está dirigido a inmigrantes indocumentados que fueron traídos a este país cuando eran niños y es posible que no hayan conocido otro hogar.
El programa de la era de Obama no evita su deportación, pero la suspende durante dos años, otorgando a los solicitantes exitosos la capacidad de trabajar, conducir e ir a la escuela mientras están protegidos, entre otros beneficios.
Para calificar, los solicitantes deben ser menores de cierta edad, haber vivido en los EE. UU. durante un mínimo de cinco años, tener un historial limpio y estar en la escuela, graduado o en el ejército. También pagan $495 por cada solicitud, que se puede renovar.
Unas 800,000 personas tenían protección de DACA en el punto más alto del programa, pero ese número se había reducido a 611,030 a partir de septiembre, según datos de USCIS, ya que la agencia dejó de procesar solicitudes ante desafíos legales. El número de beneficiarios de DACA en Arizona llegó a 30,358, pero se redujo a 23,070 en septiembre, según USCIS.
Las solicitudes de DACA que han sido denegadas debido a una indicación de criminalidad o fraude pueden remitirse a ICE, pero solo si los solicitantes han “participado en ciertos tipos de fraude o actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”.
El informe de la GAO no dijo cuántas de las 900 solicitudes remitidas fueron procesadas por ICE, pero señaló que ICE “no tiene los recursos para investigar cada referencia”.
“Sus criterios para aceptar referencias priorizan casos penales de gran escala, complejos y de alto impacto, que a menudo involucran a grandes organizaciones internacionales o criminales”, dice el informe.
Pero Chan dijo que su equipo ha visto a clientes de DACA referidos a ICE para procesos de deportación.
María García, estudiante de segundo año de la Universidad Estatal de Arizona, solicitó DACA en diciembre de 2020 y se sorprendió al saber que ICE tenía acceso a cualquier información relacionada con las solicitudes de DACA. Dijo que aunque presentó su solicitud con la ayuda de un grupo de defensa de DACA, no le informaron sobre la posibilidad de ser denunciada.
“Saber que ellos pueden ver mi solicitud o, literalmente, la de cualquier persona… no sabía que podían hacer eso”, dijo García. “Y no me siento segura”.
Patiño, él mismo beneficiario de DACA, ha estado involucrado en la defensa de DACA desde que se implementó en 2012. Dijo que el informe es frustrante porque a los defensores y a los inmigrantes elegibles para DACA se les prometió cuando se discutió el programa por primera vez que la información no sería compartida.
“La administración de Obama y los funcionarios nos aseguraron varias veces que esa información se mantendría en USCIS, que de ninguna manera USCIS compartiría esa información con ICE”, dijo Patiño.
Incluso antes del informe de la GAO, dijo, persistían las preocupaciones sobre ser remitido a la policía de inmigración.
“Tuve una conversación con un estudiante el sábado (29 de enero) en la que tenía miedo de esto, no quiere que la gente sepa su estado de DACA porque sus padres y él creen que existe la posibilidad de que ICE pueda conseguir agarrarlo de alguna manera”, dijo Patiño.
Chan dijo que es imposible cortar por completo el flujo de información entre USCIS e ICE. Ella dijo que USCIS tiene el deber de informar a cualquier persona con antecedentes penales particularmente peligrosos para que ICE pueda eliminar a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.
Aunque existe un riesgo, Chan alienta a las personas elegibles para DACA a comunicarse con grupos de defensa o abogados que puedan ayudarlos durante el proceso de solicitud y sopesar los riesgos de presentar la solicitud frente a los beneficios.
“Definitivamente, evaluaremos primero la elegibilidad de una persona para ver si corre algún riesgo y qué tipo de riesgo en función de su historial y antecedentes penales, si los tiene”, dijo. “Entonces, en última instancia, sería su decisión si quieren o no seguir adelante, sabiendo que existe un riesgo”.