CAE SOSPECHOSO DE EXPLOSIONES EN NY
Nacido en Afganistán, fue captado en video al colocar bombas
Albuquerque, N.M. - Ayer el manejo que el Departamento de Policía de Albuquerque dio a un incidente fatal con un indigente enfermo mental volvió a quedar bajo la lupa cuando la fiscal que entabla las acciones judiciales contra los dos ex oficiales acusados alegó que intensificaron el nivel de lo ocurrido para luego asesinar intencionalmente al hombre.
Los sucesos que condujeron a la muerte de James Boyd comenzaron cuando la Policía recibió el reporte en torno a que alguien acampaba ilegalmente a las afueras de Albuquerque, dijo la fiscal especial Randi McGinn durante su exposición inicial.
Eventualmente, 19 agentes acudieron al lugar de los hechos con armas de fuego, cientos de balas, tres escopetas, 10 botes de aerosol irritante y dos perros policías entrenados.
Durante el atrincheramiento de marzo del 2014 que concluyó con su muerte a tiros, Boyd estaba armado con dos navajas de bolsillo, señaló McGinn.
“El señor Boyd trajo una navaja a una pelea con pistolas”, dijo. “Nuestro testigo experto dirá que cuando uno se enfrenta a alguien con una navaja, la mejor defensa es la distancia”.
Pero los abogados defensores del expolicía Dominique Pérez y el agente retirado Keith Sandy, acusados de homicidio en segundo grado, aseguran haber abierto fuego a fin de proteger a un oficial desarmado que iba con un perro policía y se hallaba muy cerca de Boyd al momento en que el sospechoso sacó las navajas y gritó amenazas de muerte.
“El Gobierno quiere que ustedes crean que se trata de asesinato. Es lo más alejado de un asesinato”, dijo el abogado Sam Bregman, quien representa a Sandy. “La evidencia que ustedes escucharán y verán en esto con sus propios ojos es que esto es un homicidio justificado cometido por oficiales de policía que estaban haciendo su trabajo”.
El video policial difundido tras el tiroteo provocó en Albuquerque una ola de protestas en medio de las crecientes tensiones en torno a los disparos que la policía había hecho en la localidad, con el desasosiego seguido por un debate nacional más amplio sobre la policía y el uso de fuerza. Dicho debate se ha concentrado básicamente en la raza pero también ha despertado preguntas en torno a los conflictos fatales con personas que padecen enfermedades mentales.
Al mes siguiente del deceso de Boyd, el Departamento de Justicia dio a conocer los hallazgos de una investigación de más de un año acerca de la policía de Albuquerque en la cual se le responsabilizaba por hacer uso irrazonable de la fuerza con los enfermos mentales y otras personas incapaces de acatar las órdenes de los agentes.
Los abogados de los policías manifestaron en el juzgado que éstos debían dispararle a Boyd de acuerdo con el entrenamiento que habían recibido. Pero McGinn señaló que Boyd se negó a acatar las órdenes de los agentes de soltar las navajas y abandonar su campamento por temor a que los oficiales le dispararan y lo mataran.
El jefe de la Policía de Albuquerque Gorden Eden fue el primer testigo a quien llamó la fiscalía ayer, siendo bombardeado con preguntas en torno a las políticas de su corporación en torno al uso de la fuerza al momento cuando fue baleado Boyd.
Un vecino se había quejado del campamento que Boyd tenía cerca de una zona habitacional de clase media, instando el 16 de marzo del 2014 el uso de la fuerza por parte de la Policía..