Sentencian a ex funcionarias de institución financiera
Una ex gerente de la Cooperativa de Crédito Federal de El Paso (EPFCU) y una subgerente fueron sentenciadas por su participación en una estafa para robar millones de dólares de la institución financiera, conllevando a la quiebra de la cooperativa de crédito, informaron autoridades federales ayer.
El juez federal Philip Martínez sentenció a la ex gerente de la EPFCU, Hilda Simental Mendoza, de 53 años, a pasar 121 meses en una prisión federal, seguidos de cinco años en libertad condicional. Adicionalmente a la sentencia de tiempo en prisión, el juez Martínez le ordenó a Mendoza realizar 100 horas de servicio comunitario.
El 21 de septiembre del 2015, el juez Martínez sentenció a la ex gerente de la EPFCU, María Guadalupe Hernández, a 188 meses de cárcel, seguidos de cinco años en libertad condicional. Adicionalmente a la sentencia de tiempo en prisión, el juez Martínez le ordenó a Hernández pagar una multa de 10 mil dólares.
Al dictarles sentencia, Martínez le ordenó a ambas acusadas pagar 18 millones 376 mil 542 dólares en restitución a la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), monto que representa la pérdida generada por su estafa.
El 24 de mayo del 2016, las acusadas se declararon culpables de once cargos, en los que se incluyen fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico y bancario.
De acuerdo con documentos de la corte, en agosto del 2007, las acusadas vendieron más de 100 certificados accionarios a otras cooperativas de crédito sin registrar la venta de estos certificados en los archivos de la cooperativa de crédito.
El dinero generado de las ventas no registradas de certificados accionarios de la EPFCU fue puesto en cuentas creadas y controladas por las acusadas, utilizando cuentas de parientes, cuentas de clientes inactivos, e incluso cuentas activas que pertenecían a individuos finados.
Las acusadas utilizaron los fondos generados de las ventas recientes de certificados accionarios de la EPFCU para pagar dividendos a inversionistas y pagos principales a antiguos compradores de certificados accionarios de la EPFCU. Hernández utilizó el dinero generado de la venta de certificados accionarios de la EPFCU para su beneficio personal, incluyendo viajes, compra de bienes raíces y vacaciones.
Las acusadas crearon registros fraudulentos de la EPFCU para ocultar su estafa de los auditores, pero en septiembre del 2011 un examinador descubrió irregularidades.
En junio del 2012, los examinadores realizaron una detallada auditoría de los registros de la EPFCU y descubrieron irregularidades de contabilidad adicionales.
Los examinadores descubrieron una carpeta oculta en la cooperativa de crédito, la cual contenía una contabilidad de todas las ventas no registradas de los certificados accionarios de la EPFCU.
El 28 de septiembre del 2012, el Gobierno ordenó la liquidación al Consejo Directivo de la EPFCU, finiquitando a la EPFCU a partir de entonces.