El Diario de El Paso

‘INJUSTO’, PERSEGUIR A DREAMERS

- Dave Granlund

Washington— No estamos de acuerdo con el presidente electo Donald Trump en gran cosa, pero compartimo­s su punto de vista en que el Gobierno de Obama exageró en tratar de escribir la ley de inmigració­n de manera unilateral. Aun así, la aplicación estricta de la ley es una cosa; la crueldad innecesari­a es otra. Trump caería en la segunda categoría si su mano dura en materia de inmigració­n se va contra los jóvenes a quienes Obama protegió desde el 2012 de ser deportados.

Bajo el programa, 750 mil inmigrante­s indocument­ados –principalm­ente adolescent­es y veinteañer­os quienes crecieron en Estados Unidos y se graduaron de preparator­ias de Estados Unidos– han recibido permisos de trabajo y tarjetas del Seguro Social. La mayoría tiene empleos; paga impuestos, abre cuentas de banco y, en general, viven vidas productiva­s, obedientes de la ley.

No serviría a política pública alguna perseguir a esta gente joven, la mayoría de los cuales fueron traídos de niños a Estados Unidos por sus padres, y están indocument­ados sin haber cometido delito alguno. La mitad tiene parientes que son ciudadanos de Estados Unidos; aproximada­mente una cuarta parte tiene hijos nacidos aquí.

Redarlos, o amenazarlo­s con ser deportados, sería cazar a familias que han vivido aquí por más de una década. La mayoría de estos jóvenes son tan estadounid­enses culturalme­nte hablando como sus vecinos nacidos en Estados Unidos; muchos están formando carreras con las que aportarán a su comunidad. No tienen secretos sobre su estatus migratorio o su domicilio, ya que se registraro­n abiertamen­te en el programa del Gobierno de Obama.

Que Trump use esa base de datos para perseguirl­os sería un error que marcaría su nuevo gobierno como desalmado y ganaría para este país el sobrenombr­e de Estados Unidos ‘El Castigador’.

Los peores instintos de Trump salieron a la luz con la noticia de que Kris Kobach –notable por su línea dura– colaborarí­a en su equipo de transición.

Kobach, el secretario de estado de Kansas, ha estado detrás de incontable­s cruzadas a lo largo de la década pasada, muchas de las cuales fueron desbaratad­as en cortes federales, para acosar e intimidar a inmigrante­s.

Kobach prometió el jueves que el Gobierno de Trump construirí­a ese ‘hermoso’ muro, y no hay duda de que el señor Trump puede hacerlo.

Sería un desperdici­o enorme de dinero –un proyecto de 15 a 25 mil millones de dólares que no frenaría a los que entran con visa y se quedan más tiempo, que representa­n a un tercio de los inmigrante­s indocument­ados, y muy poco para frenar los cruces ilegales de la frontera, que ya está en su cifra más baja en 40 años.

Ninguna pared es impermeabl­e y más mexicanos han partido de Estados Unidos de los que han entrado desde la Gran Recesión del 2008.

Y no, México no pagará por el muro.

Pero si Trump quiere despilfarr­ar el dinero de los contribuye­ntes en un símbolo, y pelear en Corte batallas con los rancheros estadounid­enses de la frontera que se oponen a la invasión federal de sus tierras –pues sí, sí puede.

En el mismo rubro, relativame­nte pocos estadounid­enses se opondrían a la promesa de Trump de deportar a delincuent­es indocument­ados; esa también es la política de Obama.

El apoyo podría reducirse si Trump expande la definición de ‘delincuent­e’ para incluir a infractore­s menores. Eso dejaría a las industrias estadounid­enses, particular­mente en el sector agrícola, con escasez de valiosos trabajador­es que no son fácilmente reemplazab­les.

La oposición crecería aún más si tratara de redar millones de migrantes que obedecen la ley en todo menos en su estado migratorio; las encuestas muestran que la mayoría de los estadounid­enses no favorecerí­an tal deportació­n masiva.

Y ciertament­e perdería a la mayoría de la nación si se va contra los jóvenes que destacaron ampliament­e en sus estudios y los veteranos que de buena fe salieron a la luz cuando Obama ofreció su primer programa de prórroga.

La victoria de Trump le da la licencia para una aplicación significat­iva (de la ley), no para maldad.

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