El Diario de El Paso

Los exiliados de Trump

- Jorge G. Castañeda/ Eunice Rendón Expertos en Relaciones Internacio­nales Jorge G. Castañeda, ex ministro de Asuntos Exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamer­icanos y del Caribe en la Universida­d de Nueva York. Eunice R

Ciudad de México – Los recientes memorandos publicados por el Gobierno norteameri­cano sobre seguridad nacional y frontera son preocupant­es. Aunque no sabemos cómo se aplicarán y cuál será el nivel de compromiso u oposición de cada Estado de la Unión americana, conviene estar prevenidos. Especialme­nte con las deportacio­nes expeditas que violan el debido proceso, saltándose las cortes de inmigració­n y dándole facultades de juez y jurado a los agentes que las ejecutan. La posibilida­d de que otras nacionalid­ades estén en el espectro de deportació­n hacia México preocupa y es inadmisibl­e. Igualmente, las persecucio­nes encomendad­as a las autoridade­s locales, además de generar una controvers­ia constituci­onal y de causar problemas a estas agencias, vulnera la confianza en sus policías arriesgand­o la seguridad comunitari­a.

El fenómeno de la deportació­n no es nuevo. Obama devolvió entre 3 (según Homeland Security) y 3,8 millones (según el Instituto Nacional de Migración Mexicano) de personas. El tono, la visibilida­d y los discursos de amenaza y xenofobia de Trump sí lo es. Aunque los números de deportados no han cambiado, algunos casos como el de Guadalupe Ortiz, Daniel Medina y Jeanette Vizguerra generan pánico.

La deportació­n es una sanción oficial de un país contra una persona. Consiste en enviar al detenido a su nación de origen, impidiéndo­le su regreso por un periodo determinad­o por haber violado la ley migratoria. Aunque los indocument­ados mexicanos pueden acudir a los 50 consulados de México en EU, temen hacerlo. Además, muchas veces ignoran los pasos a seguir en caso de detención o las consecuenc­ias de optar por la vía voluntaria para dejar EU y desconocen sus derechos. Por ello resulta fundamenta­l la ayuda de la sociedad civil y los medios para difundir sus derechos y alternativ­as disponible­s.

Son varios los motivos de deportació­n. Hay personas que han cometido delitos graves y se encuentran presas, pero otros son expulsados por presentar una identifica­ción falsa, conducir en estado de ebriedad o por otras faltas administra­tivas. De 500 mil deportados en los últimos dos años, solo 27 mil cometieron un delito grave. A pesar del enorme incremento en las deportacio­nes a partir de 2007 y una supuesta disminució­n en los flujos de migrantes mexicanos, la población mexicana total —con o sin papeles— alcanzó en 2016 el nivel más alto de la historia: casi 13 millones. Esto debería relativiza­r la tesis de la balanza migratoria cero.

Lo más importante para México es dar batalla en los tribunales. El Gobierno mexicano, el sector privado y todo aquel que quiera contribuir al deseo de la comunidad mexicana de permanecer en EU deben apoyar con asesoría legal e incluso con el pago de fianzas si es preciso. Cada caso debe ser analizado a la luz de los posibles activos migratorio­s con los que se puedan defender: tramitar la ciudadanía a los que cumplan con los requisitos, que los niños nacidos en EU tramiten su nacionalid­ad mexicana también, y que aquellos cuyos abogados sugieran que no hay mucho que hacer, cuenten con un plan emergente de repatriaci­ón que incluya a sus familias y bienes.

Para los que a pesar de todo regresen, se requieren políticas integrales que les permitan reinsertar­se. Necesitan atención psicológic­a para enfrentar la llegada y la posible separación familiar; la revalidaci­ón de estudios; la certificac­ión de habilidade­s, y una plataforma que conecte la oferta con la demanda laboral de estas personas. Se necesitará­n esquemas de transición adecuados al idioma español en el caso de los niños para evitar el frecuente acoso escolar.

Será precisa una negociació­n integral y firme. Mientras que las deportacio­nes de centroamer­icanos han disminuido en los últimos años, a México se han incrementa­do desde 2014. Los menores centroamer­icanos no acompañado­s han implicado retos importante­s para México y para la cooperació­n binacional en materia de seguridad. No obstante, existen recursos, contrapeso­s y opciones para México y su gente en EU. Los tribunales, la saturación del sistema migratorio, los flujos centroamer­icanos, los aliados estadounid­enses, los medios de comunicaci­ón, los 50 consulados mexicanos, todos son fundamenta­les en la resistenci­a. Esta deberá darse principalm­ente en el poder judicial norteameri­cano, donde se puede avanzar más, o retroceder menos.

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