Chivo expiatorio del tamaño de Texas
Washington— A pesar de las absurdas teorías de conspiración, los casos actuales de fraude electoral intencional o hasta los probablemente intencionales son tan raros en Estados Unidos que cuando surge alguno, los republicanos se ponen frenéticos.
Eso explica el desagradable tono de arrogancia y represalias que tomaron en contra de Rosa Ortega, a quien la convirtieron en un chivo expiatorio y cuya sentencia de ocho años en prisión por votar ilegalmente en Texas representa una parodia de la justicia.
¿De verdad le van a aplicar ocho años? Eso cae en el rango de las sentencias por delitos graves de segundo grado en Texas, que incluyen el homicidio, agresión agravada, ataque sexual, posesión de hasta 2 mil libras de mariguana y tráfico humano.
Es un castigo draconiano y absurdamente severo para Ortega, quien estudió hasta el sexto grado e ingenuamente expuso su intención de votar ilegalmente en las elecciones oficiales.
Ortega, quien tiene 37 años, ha vivido la mayor parte de su vida en Texas. Como residente legal permanente de Estados Unidos, tiene autorización para trabajar, prestar sus servicios en el ejército, pagar impuestos y recibir la mayoría de los beneficios públicos.
Sin embargo, su tarjeta verde no le permite votar, por lo tanto, cometió un delito al haberlo hecho mientras vivió en el Condado Dallas en el 2012 y 2014.
Generalmente, el voto ilegal ha sido castigado en Texas con una sentencia corta en prisión o incluso con libertad condicional.
Sin embargo, en el caso de Ortega, el procurador general Ken Paxton, quien es republicano, se sintió feliz de tomarla como chivo expiatorio y a través de lo que él catalogó como un castigo “está enviando el mensaje de que las violaciones a la ley electoral del Estado serán procesadas con todo rigor”.
Paxton forma parte de un grupo de funcionarios republicanos de todo el país, incluyendo al presidente Donald Trump, quienes han conjurado el espectro de los votos fraudulentos que emitieron votantes demócratas a una escala masiva --- a pesar del hecho de que no existe la más mínima evidencia que apoye ese punto de vista y que estudio tras estudio lo han refutado.
El Partido Republicano está decidido a convertir a Ortega en un ejemplo, aun cuando ella votó por los republicanos.
Ortega tiene una familia que está integrada mayormente por ciudadanos estadounidenses, incluyendo a sus cuatro hijos adolescentes y dos hermanos, todos ellos nacieron en Texas.
Dijo que pensó que podía votar, habiéndolo hecho sin dificultad en el Condado Dallas después de marcar una casilla señalando que era ciudadana de este país.
Después de mudarse a un condado adyacente, su solicitud de registro electoral fue rechazada, ya que marcó la opción indicando que no era ciudadana.
Posteriormente, llamó a los funcionarios electorales y les dijo que anteriormente había votado sin ningún problema y les pidió otra solicitud, en esta ocasión, marcó la casilla afirmando que era ciudadana.
Eso alertó a los oficiales, quienes la arrestaron y acusaron de fraude.
Por ahora, Ortega está fuera de la cárcel bajo apelación. Es concebible que su sentencia será reducida y así deberá ser si las cortes de Texas tienen el sentido de la proporción.
Sin embargo, también es probable que sea deportada después de purgar la condena que reciba, y va a ser separada de su familia.
Esto también podría ser una injusticia.