El Diario de El Paso

ENFRENTAN AGENTES

cargas de trabajo excesivas por deportacio­nes

- Joseph Tanfani/Los Angeles Times

Los Ángeles – La mala organizaci­ón y su personal saturado de trabajo complicará­n a Inmigració­n y Aduanas (ICE) de Estados Unidos mantenerse al ritmo de los planes que el gobierno de Trump tiene de intensific­ar las deportacio­nes de personas que se encuentren ilegalment­e en el país, concluyero­n inspectore­s gubernamen­tales.

La dependenci­a tiene “cargas de trabajo excesivas”, sus archivos “probableme­nte sean imprecisos” y sus políticas y protocolos de deportació­n “son obsoletos y poco claros”, se indica en el reporte que este jueves dio a conocer la inspección general del Departamen­to de Seguridad Interna.

“Resulta casi seguro que el ICE no esté deportando a todos los extranjero­s que podrían deportarse y tal vez no sea capaz de mantenerse al ritmo del creciente número de extranjero­s deportable­s”, se concluye en el informe de 19 páginas.

La severa evaluación constituye el último golpe de fría realidad para Trump, quien llegó a Washington prometiend­o vigilar en forma mucho más estricta la aplicación de las leyes inmigrator­ias, incluyendo más deportacio­nes, miles más agentes de la Patrulla Fronteriza y deportador­es, así como la construcci­ón de un formidable muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

El Congreso tiene ante sí el próximo vencimient­o del plazo para financiar al gobierno federal una vez que los legislador­es regresen la siguiente semana, mientras que probableme­nte en la presente ronda de gastos no se destinen fondos adicionale­s al muro ni otras nuevas medidas de seguridad fronteriza propuestas.

Trump ha pedido al Congreso canalizar cinco mil millones de dólares extras el presente año.

También resulta problemáti­ca la contrataci­ón de grandes números de agentes. Si bien Trump ya firmó la medida ejecutiva que ordena a la Patrulla Fronteriza y el ICE contratar 15 mil agentes adicionale­s, sería casi imposible alcanzar dicha meta en un futuro cercano.

En un memorándum interno que emitió en febrero Kevin McAleenan, el director en funciones de Aduanas y Protección Fronteriza, se reveló que el año pasado la Patrulla Fronteriza sólo logró contratar alrededor de 40 agentes mensuales no obstante los grandes esfuerzos por agilizar el proceso de contrataci­ones.

Los reportes surgidos este año sobre la posibilida­d de que Aduanas y Protección Fronteriza dejara de utilizar detectores de mentiras, cuyo propósito es dejar fuera a los agentes que no califiquen, despertaro­n una ola de críticas. También se criticó la razón: dos de cada tres nuevos solicitant­es reprobaron el examen en el aparato.

Asimismo, la Patrulla Fronteriza –la mayor corporació­n policiaca federal– tenía más de dos mil vacantes aun antes de que Trump ordenara contratar agentes.

El martes el secretario de Seguridad Interna John F. Kelly se puso a la defensiva durante un discurso en la Universida­d George Washington, atribuyend­o el bajo estado anímico en su dependenci­a a lo que calificó como “burocracia sin sentido” y “desdén y falta de respeto” por parte de los líderes políticos.

Tras asumir su cargo, el procurador general Jeff Sessions, ordenó la renuncia de casi todos los fiscales federales a nivel nacional. Aún no ha nominado a ningún sucesor ante el Senado, el cual debe confirmarl­os a todos, por lo cual no resulta claro cuándo empezarán los fiscales federales a cambiar su enfoque.

Sessions dijo asimismo haber eficientiz­ado la contrataci­ón de jueces inmigrator­ios, y que el Departamen­to de Justicia agregaría 50 jueces de ese tipo el presente año y 75 el próximo para auxiliar a dar trámite a las solicitude­s de asilo, las órdenes de deportació­n y otros casos.

Lo anterior ayudaría pero difícilmen­te resolvería el problema. Actualment­e existen 250 jueces inmigrator­ios, con un rezago de 542 mil casos en los tribunales de inmigració­n.

Además, en el reporte más reciente de la inspección general de Seguridad Interna se señala que los agentes del ICE están mal equipados para monitorear su carga laboral.

En el informe se responsabi­lizó a la dependenci­a de otorgar insuficien­te capacitaci­ón y de no ofrecer directrice­s “actualizad­as, integrales y accesibles” sobre las deportacio­nes. Resolver tales fallas, se señala, “podría requerir una cantidad considerab­le de tiempo y recursos”.

“Dichas deficienci­as administra­tivas y obstáculos sin resolver dificultan al ICE deportar en forma expedita a los extranjero­s”, se indica.

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