Sessions revive fallidas estrategias contra el narco
Las sentencias mínimas obligatorias que prevalecieron durante los años 80 y 90 llenaron las cárceles federales con delincuentes de bajo nivel, con un gran gasto para los contribuyentes y para las comunidades negras e hispanas del país. Las ciudades, por otro lado, no fueron más seguras.
En 2013, el entonces fiscal general Eric Holder cambió de estrategia al anunciar una iniciativa llamada “Smart on Crime” que buscaba penas más cortas para los delincuentes no violentos y reservaba cargos más duros para los criminales violentos y los narcotraficantes de alto nivel.
Los fiscales federales dejaron de invertir recursos que no tenían en juicios contra vendedores y consumidores de droga sin vínculos con pandillas o cárteles.
Ese enfoque obtuvo un amplio respaldo porque trató de contrarrestar la devastación social causada por el encarcelamiento masivo, mientras que dirigía los recursos a combatir el crimen organizado. El resultado: La población carcelaria federal se redujo de 220 mil en 2013 a un nivel actual de 188 mil 797.
Pero los fracasos del pasado están por repetirse gracias a que Jeff Sessions, el fiscal general del presidente Donald Trump, vuelve a políticas menos tolerantes de uso y venta de drogas.
A principios de este mes, Sessions rescindió la iniciativa de Holder y abrazó las penas mínimas obligatorias para los delincuentes no violentos arrestados por crímenes de drogas. Ordenó a los fiscales federales “acusar y perseguir el delito más serio y fácilmente demostrable”, una medida que quita la discreción de los fiscales y obliga a los tribunales a imponer las penas más severas a los infractores no violentos y de bajo nivel.
La directiva de Sessions refleja las duras políticas de la delincuencia de drogas del procurador general de George W. Bush, John Ashcroft, quien en 2003 también presionó a los fiscales federales para que persiguieran casos mínimos obligatorios, sin importar las circunstancias.
Con la política de Ashcroft, la población carcelaria federal se disparó de 172 mil a 220 mil. La política afectó desproporcionadamente a las minorías: Hoy, el 38 por ciento de los presos federales son afroamericanos y el 33 por ciento son hispanos.
“El encarcelamiento masivo ha impuesto costos sociales masivos a las comunidades y familias, y ese costo ha caído desproporcionadamente sobre las personas de color”, dijeron 15 procuradores generales estatales, incluyendo Lisa Madigan, en una carta del 18 de mayo pidiendo a Sessions que revocara su decisión.
Los estados que se han basado en programas de tratamiento y rehabilitación en vez de la prisión por delitos de drogas de bajo nivel han tenido éxito. Uno de ellos es Texas, que ahorró 2 billones de dólares al cerrar cárceles que ya no se necesitan. El gobierno federal podría ahorrar dinero si adoptaba un enfoque similar.
Las duras e inflexibles políticas de condena han resultado contraproducentes en la lucha contra las drogas ilegales. Hay poca ganancia en llenar nuestras prisiones con los clientes de los verdaderos monstruos del narcotráfico: los cárteles multinacionales y los líderes de bandas organizadas aquí.