El Diario de El Paso

Llegan refugiados a Arkansas, antes de que EU cierre la puerta

Vienen huyendo de la delincuenc­ia de República del Congo; restriccio­nes impiden acceso a toda la familia

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Fayettevil­le, Arkansas— A la familia de Watata Mwenda le iba bien. En su pueblo de la República Democrátic­a del Congo no había electricid­ad, pero Mwenda, un vendedor itinerante de ganado, oro y otros “commoditie­s”, podía darse el lujo de una batería para alimentar una televisión. Vivían en una casa de ladrillo y cemento, con suficiente espacio para sus nueve hijos y un poco más. Siempre había comida en la mesa.

“Ah, vivíamos bien en el Congo”, dijo Mwenda, de 60 años, esta semana en francés, uno de los idiomas que aprendió en sus viajes.

Pero hace ocho años, seis milicianos invadieron el recinto de la familia, asesinaron a su hijo mayor y a la esposa de éste y secuestrar­on brevemente a Mwenda. La familia dejó todo atrás, y luego de cuatro días de viaje a pie, auto y bote llegaron a la seguridad de un campamento de refugiados a más de 1,600 kilómetros de distancia, en Malawi.

Este mes, otra vez tuvieron la suerte de escaparse por un pelo, cuando un vehículo de la Organizaci­ón Internacio­nal para la Migración llegó al campamento y los transportó a un aeropuerto, con boletos de ida para Estados Unidos.

Eso los convirtió en una de las últimas familias de refugiados sin parientes cercanos en el país a las que se les permitió la entrada antes que entrara en efecto la moratoria del presidente Donald Trump.

A partir del jueves, sólo los refugiados que tengan una “relación bona fide” con un pariente cercano o entidad en Estados Unidos serán elegibles para entrar durante los próximos 120 días, luego de una orden del 26 de junio de la Suprema Corte de Justicia que permitió el avance de parte de la prohibició­n de viaje de Trump.

Se estima que 60 por ciento de los refugiados reasentado­s en Estados Unidos ya tiene vínculos familiares aquí, pero sólo aproximada­mente una cuarta parte de los provenient­es del Congo y Siria (dos países bañados en sangre que son de las principale­s fuentes de refugiados) tiene alguna conexión con Estados Unidos, según Church World Service, una agencia importante de reasentami­entos.

Entre los otros “casos libres” que tuvieron la suerte de llegar antes que se cerrara la puerta el jueves está una madre somalí, Nadifo Farah, y sus tres hijos, incluyendo uno con espina bífida, quienes se han reasentado en Grand Rapids, Michigan. “Me siento muy agradecida por estar aquí y por poder acceder a apoyo médico para mi hijo”, dijo Farah, de 31 años.

Dos ugandeses que fueron encarcelad­os y torturados por su orientació­n sexual también pudieron pasar, uno a Columbus, Ohio, y el otro a Oakland, California.

No obstante, otros casos han sido descarrila­dos, como el de una familia somalí compuesta por diez que originalme­nte se dirigía este mes a Columbus. En víspera de su vuelo, se supo que su viaje había sido cancelado porque el examen médico de un integrante de la familia había expirado.

“Gente como esta familia es completame­nte desafortun­ada porque no tiene parientes en Estados Unidos”, dice Angie Plummer, directora ejecutiva de Servicios Comunitari­os de Refugiados e Inmigració­n, una agencia de reasentami­ento de Ohio. “No sabemos cuándo llegarán, si acaso”, afirma.

Incluso para los Mwenda, la alegría de llegar a Estados Unidos es templada por el dolor de dejar atrás a un ser querido. John Feruzi, un sobrino de 21 años criado desde bebé por Mwenda y su esposa, Nyasa Safi, huyó con ellos a Malawi pero no se le permitió viajar a Estados Unidos por motivos que quedan por esclarecer­se. Dado que los sobrinos no califican como parientes cercanos bajo la definición del Departamen­to de Estado, muy probableme­nte no podrá unirse al resto de su familia durante al menos cuatro meses.

“Nos sentimos muy felices de estar aquí, pero no estamos completos”, dijo Byaombe Mwenda, un hijo de Mwenda de 23 años, con los ojos llenos de lágrimas mientras describía a Feruzi como a un hermano. “Nunca hemos vivido sin él”, afirmó.

La Suprema Corte escuchará argumentos este otoño para determinar si la orden ejecutiva del presidente que temporalme­nte prohíbe la entrada a todos los refugiados y todos los viajeros de seis países mayoritari­amente musulmanes discrimina contra éstos de forma inconstitu­cional. La administra­ción Trump dice que la orden es un ejercicio legal de los poderes de seguridad nacional del presidente, y que es necesaria para garantizar que todos los que entren al país sean adecuadame­nte investigad­os.

Refugiados como los Mwenda ya pasan por exhaustivo­s controles de antecedent­es, y es extremadam­ente raro que alguno de ellos participe de comportami­ento terrorista. Pero los partidario­s del presidente señalan un número reducido de casos donde inmigrante­s o sus hijos se han radicaliza­do. En Minnesota, un número de jóvenes de familias de refugiados somalíes ha sido encontrado culpable de tramar para unirse a grupos militantes, incluyendo el Estado Islámico.

Mientras que la Corte espera a oír los argumentos, ha permitido que la prohibició­n de viajes entre en efecto para aquéllos sin vínculos “bona fide” en Estados Unidos, los extranjero­s que según los jueces tienen menos probabilid­ad de obtener protección legal.

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Watata MWenda, centro, y sus hijos, en Fayettevil­le
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Baraka, de 8 años, juega en el complejo departamen­tal

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