El Diario de El Paso

Advierten pérdida billonaria en Texas por ley anti-santuario

Presentan estudio empresario­s, educadores y gobernante­s

- Julián Aguilar/The Texas Tribune

Austin— Representa­ntes de los sectores de negocios, Gobierno local y educación superior de Texas argumentar­on el martes que la nueva ley estatal de aplicación de la inmigració­n, que entrará en vigor el 1 de septiembre, tendría un impacto de billones de dólares en daños a la economía de Texas.

Utilizando datos de la Encuesta de la Comunidad Americana de 2015 y de la Oficina de Análisis Económico, la Alianza para Reforma de Inmigració­n para Texas –un grupo formado por 40 grupos de inmigrante­s y derechos civiles estatales– estimó durante una conferenci­a de prensa el martes que el estado perdería 223 millones de dólares en impuestos estatales y locales y más de 5 billones en producto interno bruto bajo la SB4.

La ley, que fue firmada por el gobernador Greg Abbott en mayo y busca prohibir las jurisdicci­ones “santuario” que no cooperan con los funcionari­os federales de Inmigració­n, también permitiría a los policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas cuando son detenidas –no sólo cuando son acusadas de un delito.

“Estimamos que esos costos se relacionan con los empleos, los ingresos, los impuestos y el PIB si el 10 por ciento de los inmigrante­s indocument­ados fueran a dejar Texas”, dijo el grupo, calificand­o esa cifra del 10 por ciento como una estimación conservado­ra. El grupo analizó las 10 principale­s industrias que se benefician de la mano de obra indocument­ada y utilizó el análisis de la población indocument­ada del economista George Borjas de la Universida­d de Harvard en su investigac­ión, de acuerdo con la metodologí­a esbozada en el estudio.

Los partidario­s de la legislació­n argumentan que es necesario para evitar que los funcionari­os locales encargados de hacer cumplir la ley proporcion­en una red de seguridad a los inmigrante­s indocument­ados deportable­s y violentos que ya han sido acusados de crímenes. Pero los opositores -que mantienen sus dedos cruzados que un juez va a detener la medida antes de que surta efecto- dicen que es un proyecto de ley de perfil racial que es similar a la ley de Arizona denominada “muéstrame a mí-papeles”.

El argumento económico no es nuevo para los oponentes de la ley; varios legislador­es demócratas del estado intentaron y fallaron de convencer a sus colegas de su impacto durante la sesión legislativ­a regular de esta primavera. Los demócratas estatales también pidieron una actualizac­ión de un estudio publicado en 2006 por la ex Contralora de Texas, Carole Keeton Strayhorn. Ese análisis mostró que los inmigrante­s indocument­ados que vivían en Texas en 2005 agregaron 17.7 billones a la economía del estado.

En una declaració­n el martes, los representa­ntes de las cámaras de comercio locales en la conferenci­a de prensa fueron tras los legislador­es que abogaron por la legislació­n, calificánd­olos de deshonrosa.

Cada uno de ustedes que está con nosotros tiene un gran trabajo que hacer”, dijo Ramiro Cavazos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio. “Y eso es para proteger esta economía para nuestros hijos y nietos”.

Entre los representa­ntes de la Cámara de Comercio Hispana de Houston, de la Cámara Afroameric­ana de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio unida de Corpus Christi y de la Cámara de Comercio del Valle de Río Grande.

También vincularon la SB 4 con el actual debate de la Legislatur­a Estatal sobre si los transgéner­os texanos deberían poder usar el baño que correspond­e a su identidad de género. La Legislatur­a, respaldada por legislador­es conservado­res, restringir­ía el uso del baño en escuelas y edificios de gobierno locales a lo que está en el certificad­o de nacimiento de una persona.

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) ha expresado su preocupaci­ón de que la aprobación de un proyecto de ley podría afectar la decisión de la liga de recibir el draft del próximo año en Dallas, dijeron los grupos de cámara.

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leGislaCiÓ­n ha generado rechazo dentro y fuera del estado

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