En Nuevo México, Ley genera polémica
Santa Fe, N. M.— Un grupo nacional a favor del uso seguro de las armas de fuego impuso mayor presión el martes en Nuevo México en contra de una propuesta de legislación federal que obligará a los estados a reconocer los permisos para portar armas ocultas de otras entidades.
Ahora que los miembros del Congreso están por regresar a sus casas para el receso de agosto, el grupo Estadounidenses a Favor de Soluciones Responsables advirtió que la legislación de “reciprocidad” para portar armas ocultas socavará los rigurosos estándares de entrenamiento y revisión de Nuevo México para las personas que desean obtener una licencia que les permita portar pistolas ocultas.
Robin Lloyd, director de asuntos gubernamentales de Estadounidenses a Favor de Soluciones Responsables, advirtió que hasta un total de 25 estados no cumplen con los requisitos de Nuevo México para realizar revisiones a historiales delictivos ni el entrenamiento necesario para el uso seguro de las armas de fuego que les autoriza a las personas portar armas ocultas.
Nuevo México podría ser obligado a permitirles a personas de otros estados que porten armas ocultas en lugares públicos en apego a la propuesta de legislación, de acuerdo con un volante que fue distribuido por el grupo.
La Asociación Nacional del Rifle ha dicho que el camino está siendo preparado para las propuestas de ley de la Cámara de Representantes y del Senado que protegerán los derechos para portar armas ocultas a través de las fronteras estatales, aunque los actuales proyectos de ley aún no han sido asignados a los comités para ser discutidos.
Greg Blair, un portavoz de la campaña de Pearce para gobernador del estado, dijo que las inquietudes en torno a que el proyecto de ley llegue a socavar la seguridad pública son infundadas, que difiere de las leyes estatales existentes sobre en qué lugares las personas podrán portar armas ocultas.
Nuevo México prohíbe la portación de armas ocultas no sólo en ubicaciones estándar, tales como escuelas, universidades y tribunales, sino también en territorios nativo-americanos, a menos que se cuente con una autorización del Gobierno tribal, y en propiedades privadas con señalamientos informando que a las personas se les tiene prohibido portar armas.