Aduanas no debe hurgar teléfonos en la frontera

Los viajeros estadounidenses que regresan al país comprenden que los funcionarios de Aduanas pueden esculcar su equipaje en busca de contrabando o armas. Pero muchos se sorprenden al saber que los agentes también han estado inspeccionando el contenido de sus teléfonos inteligentes, dispositivos que pueden contener una gran cantidad de información personal.

Además de meter sus narices en textos personales, correos electrónicos y fotos, los agentes pueden usar cualquier cosa que encuentren en una búsqueda tan espontánea para presentar cargos contra el propietario del dispositivo, incluso si las acusaciones no tienen nada que ver con el contrabando.

La semana pasada 11 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que han sido sometidos a búsquedas sin orden judicial presentaron una demanda alegando violaciones de sus derechos de Primera y Cuarta Enmienda. La demanda, presentada por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles y la Fundación Frontera Electrónica, argumenta persuasivamente que los agentes de aduanas deben tener que obtener una orden basada en una causa probable antes de buscar dispositivos de viajeros.

De acuerdo con los datos de US Customs and Border Protection, los agentes registraron los dispositivos electrónicos de 14 mil 993 viajeros internacionales que llegaban en los primeros seis meses del año fiscal 2017. Es un número preocupante incluso si, según la agencia, implica menos del 1 por ciento de personas que llegan a Estados Unidos.

Históricamente, los tribunales han dado a los funcionarios de Aduanas amplios poderes para realizar búsquedas en la frontera, señalando el fuerte interés del gobierno en proteger su “integridad territorial”. En un caso del 2004, la Corte Suprema dijo que “la expectativa de privacidad es menos en la frontera que en el interior”.

Pero la información contenida en un teléfono inteligente o portátil es diferente del contrabando y las búsquedas de armas. Es propiedad intelectual.

En defensa de su política de búsqueda, la Aduanas dice que las búsquedas en medios electrónicos “han producido información usada para combatir el terrorismo, violaciones de controles de exportación y condenas por pornografía infantil, violaciones de derechos de propiedad intelectual y fraude de visas”.

Pero la Policía sin duda podría reunir pruebas similares de mal comportamiento si detuvieran a la gente caminando por la calle y hurgaran, sin orden judicial, en sus aparatos electrónicos. Y bajo una decisión de la Corte Suprema del 2014, la Policía que no puede revisar los teléfonos inteligentes y dispositivos similares, incluso de un sospechoso bajo custodia, sin obtener una orden judicial.

En ese dictado, el juez John G. Roberts Jr. señaló que la gran cantidad de datos recopilados y almacenados en los teléfonos celulares los hace diferentes “en un sentido cuantitativo y cualitativo de otros objetos” que una persona podría llevar. Si se requiere una orden para buscar los dispositivos electrónicos de una persona dentro del país, también debe ser necesario para una búsqueda en la frontera. Los tribunales federales deberían reconocer esa realidad.

Los congresistas Ron Paul, republicano de Kentucky, y Ron Wyden, demócrata de Oregon, han introducido el proyecto de ley de Protección de Datos en la Frontera, que requeriría una orden para las búsquedas fronterizas de los dispositivos electrónicos de ciudadanos y residentes permanentes.

Pero en lugar de esperar a que la Corte Suprema proteja la privacidad de los viajeros, el Congreso debe aprobar rápidamente esa ley.