Cuando los inmigrantes son tratados como esclavos

NEstamos familiarizados con historias desagradables sobre agentes federales con camisas negras que irrumpen en complejos de apartamentos, tiendas de conveniencia y sitios escolares para recoger y deportar inmigrantes.

Hemos escuchado acerca del trabajo forzado, algunos lo llaman esclavitud, dentro de los centros de detención. La nueva agenda de deportación sacando ganancias del negocio de la detención.

Sí, la detención es un negocio. En 2010, las prisiones privadas y sus prestamistas e inversores cabildearon en el Congreso para aprobar una ley que ordenara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que mantuviera sus contratos por no menos de 34 mil camas ocupadas cada noche.

Esto significa que cuando las detenciones son escasas, las personas que pudieran lograr su libertad porque no son una amenaza o no tienen alto riesgo de huir, y es probable que ganarían sus casos en la corte de inmigración los mantienen encerrados, a un costo para el gobierno de alrededor de125 dólares al día.

La gente que está detenida en estas cárceles de inmigración hace casi todo tipo de trabajos que mantiene a la penitenciaria en funcionamiento, excluyendo la seguridad. Eso incluye cocinar, servir y limpiar, servicios de limpieza, lavandería, corte de pelo, pintura, pulido de pisos e incluso mantenimiento de vehículos.

La mayoría de los trabajos pagan un dólar por día; pero hay otros trabajos se les son requeridos y que no les pagan nada.

Algunos trabajadores en centros de detención de inmigrantes han resultado lesionados y hasta han muerto. En 2007, César González murió en una instalación en el condado de Los Ángeles cuando su martillo hidráulico golpeó un cable eléctrico, enviando 10 mil voltios de corriente continua a través de su cuerpo. Él era parte de un equipo que cavaba hoyos para aumentar el perímetro del campo.

Fundamentalmente, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California dictaminó que independientemente de su condición de detenido, el Sr. González también era un empleado, y su empleador fue inculpado de haber violado las leyes estatales de seguridad y salud ocupacional.

Dos de las mayores empresas de detención del país, GEO y CoreCivic, conocidas como CCA, ahora están siendo atacadas por cinco demandas. Alegan que el trabajo obligatorio y los turnos de ocho horas por nula o poca paga son ilegales. También acusan a las compañías de violar las leyes estatales de salario mínimo, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata y la prohibición de las leyes de enriquecimiento injusto.

Los demandantes tienen un caso fuerte. El trabajo forzoso es una condición de castigo, una excepción en las prohibiciones de esclavitud de la 13ª Enmienda. Pero en 1896 el Tribunal Supremo sostuvo que “la orden de expulsión no es un castigo por el crimen”. Por lo tanto, aunque las prisiones privadas pueden requerir trabajo para “castigar” o “corregir” a los presos criminales, los jueces en tres casos han dictaminado que los presos en cárceles de inmigrantes no deben ser forzados porque viven en ese lugar como si fuera su casa.

La propia defensa de GEO proporciona información sobre cuánto dependen sus ganancias del trabajo forzado de las personas que encierran. En 2017, luego de que el juez de Distrito Federal, John Kane certificara una demanda colectiva en nombre de residentes de GEO en Aurora, Colorado, la compañía presentó una apelación alegando que lo siguiente “plantea un riesgo potencialmente catastrófico para la capacidad de GEO de cumplir sus contratos con la gobierno”.

Documentos de la corte indican GEO puede estar pagando solo un 1.25 por ciento a 6 por ciento del salario mínimo, y tan poco como la mitad del 1 por ciento de lo que es el costo del servicio bajo la Ley de Contrato de Servicio. Si los demandantes ganan, se necesitarán decenas de millones de dólares para pagar los salarios a 62 mil personas, sin mencionar pagos adicionales en el futuro. Y eso es solo en una penitenciaria.

La apelación de GEO se derrumbó. Durante los alegatos orales del verano pasado, el abogado de la compañía defendió el programa de trabajo explicando que los detenidos que tuvieron en Aurora “hicieron su propia decisión de trabajar o no en aislamiento”. El juez añadió, “o comer, o ser enviado a confinamiento, ¿verdad? Quiero decir, los esclavos tenían una opción, ¿verdad?”. El panel del décimo circuito en febrero decidió por unanimidad que el caso podría continuar.

Además de eso, el año pasado GEO fue demandada por violaciones similares en la penitenciaría de Tacoma, en Washington. En octubre, el juez del Distrito de los Estados Unidos Robert Bryan, designado por el presidente Reagan, denegó las mociones de GEO para desestimar estos casos y por primera vez aceptó que reclamos bajo la ley de salario mínimo estatal procedieran, al igual que los cuestionamientos por obligar a los detenidos a trabajar y por enriquecimiento injustificado.

El 7 de marzo, 18 miembros republicanos de la Cámara, 12 de los cuales tienen prisiones privadas en sus distritos, enviaron una carta a los líderes de los departamentos de Trabajo, Justicia y Seguridad Nacional quejándose de las demandas. Advirtieron que las agencias no intervienen para proteger a las compañías, “se frustrarán los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración”.

Aquellos que animan este resultado deben sentirse alentados. Las medidas solicitadas por los representantes: una declaración del Gobierno de que los que trabajan no podrán hacerlo. Los pronunciamientos de la agencia no pueden revocar los estatutos. Mientras los jueces cumplan con las leyes, una mayor parte de los costos de la deportación estará en los libros mayores.

Si el precio del sufrimiento humano no disminuye la barbarie de acorralar a la gente, entonces tal vez lo haga el pellizcar las billeteras de los contribuyentes.