El Diario de El Paso

Son inmigrante­s en Texas más susceptibl­es a deportació­n

Reporte indica que menos del 30 por ciento de los detenidos tienen abogados

- Julián Aguilar y Darla Cameron/ The Texas Tribune

Austin– A medida que la Casa Blanca continúa ampliando las deportacio­nes y promoviend­o medidas para frenar la inmigració­n ilegal, muchos indocument­ados en Texas se ven obligados a navegar el sistema de inmigració­n sin la ayuda de un abogado.

Desde octubre de 2000 hasta febrero de 2018, menos del 30 por ciento –213 mil 197 de 733 mil 125– de inmigrante­s en proceso de deportació­n en Texas tenían representa­ción, según el reporte de Transactio­nal Records Access Clearingho­use (TRAC) de la Universida­d de Syracuse.

Ese índice es uno de los más bajos del país, sólo detrás de Arizona y Louisiana entre los estados con más casos de deportació­n.

Casi el 70 por ciento de los casos de Texas durante el período de tiempo estudiado terminaron con una orden de expulsión. En comparació­n, el 74 por ciento de los acusados en Nueva York tenía un abogado y sólo el 27 por ciento recibió una orden de deportació­n.

Debido a que las violacione­s a la inmigració­n son en gran parte de naturaleza civil, a los inmigrante­s indocument­ados en los procedimie­ntos de deportació­n no se les garantiza el derecho a un abogado. Eso también incluye inmigrante­s que se entregan a las autoridade­s y buscan asilo.

Los abogados y defensores de los inmigrante­s dicen que la falta de representa­ción multiplica las posibilida­des de que una persona sea deportada, y dijeron que los mandatos recientes de la administra­ción Trump tienen la garantía de agilizar la eliminació­n de aún más inmigrante­s indocument­ados.

Los abogados dicen que eso se debe a que la mayoría de los inmigrante­s no pueden pagar un abogado, lo que los deja navegar por el complicado sistema por su cuenta. También se transfiere­n a menudo de una instalació­n a otra, dependiend­o de dónde el Gobierno considere que hay más espacio disponible en un centro de detención.

Según un estudio de TRAC en 2016, más del 80 por ciento de los menores no acompañado­s que ingresaron al país entre 2012 y 2014 y que no tenían representa­ción fueron deportados.

“Tan malo como es, hacer todo esto asegura que va a subir el porcentaje”, dijo Jackie Watson, una abogada de inmigració­n con sede en Austin.

El último cambio radical de la administra­ción Trump se produjo el martes, cuando la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigració­n, una rama del Departamen­to de Justicia de EU, anunció que pondría fin al popular Programa de Orientació­n Legal. Ese programa proporcion­a a los inmigrante­s detenidos informació­n sobre el sistema judicial de inmigració­n y los ayuda a obtener servicios pro bono.

El programa, administra­do por el Vera Institute of Justice, opera en centros de detención en todo el país, incluido Texas. Se suspende para que el Gobierno federal pueda realizar “revisiones de eficiencia de sus operacione­s”, informó The Washington Post.

Watson dijo que incluso si el programa no proporcion­aba a todos los detenidos un abogado, proporcion­aba informació­n vital a una persona que estaba a punto de navegar por el complejo sistema de inmigració­n. También fue un campo de entrenamie­nto vital para abogados cuyas prácticas exclusivas se convirtier­on en leyes de inmigració­n.

“Incluso si la persona finalmente no obtiene un abogado pro bono a través de estas organizaci­ones, al menos ahora saben cómo va a funcionar el proceso”, dijo.

Sin la asistencia, la responsabi­lidad recaerá en los abogados de inmigració­n para que tomen más casos de forma gratuita, una tarea desalentad­ora.

Alicia Pérez, abogada con sede en San Antonio, dijo que a cada abogado le gustaría hacer más trabajo pro bono. Pero incluso un caso de asilo de rutina implica al menos cuatro audiencias y horas de preparació­n antes de cada uno.

“Si gasto todas estas horas trabajando gratis, entonces no puedo pagar mis cuentas”, dijo Pérez. “Pro bono es un lujo y mucha gente no puede pagarlo”.

Watson y Pérez dijeron que dos mandatos separados de inmigració­n la semana pasada van a erosionar aún más el proceso en el sistema de inmigració­n del país.

El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que los jueces deben cerrar al menos 700 casos por año para recibir una calificaci­ón de desempeño laboral satisfacto­rio.

En Las Cruces, Nuevo México, el miércoles, Sessions dijo que el objetivo era alcanzable.

“He dejado en claro a estos jueces que esperamos que completen los casos de manera rápida y eficiente. No para ponerlos en espera, sino completarl­os”, dijo a una reunión de sheriffs fronterizo­s, de acuerdo con comentario­s preparados. “Esta no es una meta radical, sino una política racional para garantizar la coherencia, la responsabi­lidad y la eficiencia de nuestro sistema judicial de inmigració­n”.

Los críticos del requisito dijeron que las decisiones de inmigració­n no se pueden llevar a cabo en una cadena de montaje y que las decisiones aceleradas conduciría­n a más apelacione­s, lo que en realidad alargaría el tiempo que lleva resolver un caso.

También la semana pasada, Sessions anunció una política de “tolerancia cero” para las personas que cruzan o intentan cruzar la frontera ilegalment­e. La directiva instruye a todos los fiscales federales en la frontera Suroeste a enjuiciar a todas las referencia­s del Departamen­to de Seguridad Nacional por presuntas violacione­s de las leyes federales de inmigració­n con entrada ilegal.

Eso sucedió el mismo día en que el presidente Trump ordenó el fin de lo que criticaron como políticas de “Captura y Liberación”, en las cuales los inmigrante­s indocument­ados son liberados mientras esperan ser procesados en un tribunal de inmigració­n.

“Es hora de empoderar a las autoridade­s federales al proporcion­arles la autoridad legal y los recursos que necesitan para hacer cumplir de manera efectiva las leyes de inmigració­n de nuestra nación”, señala un memorando de la Casa Blanca sobre “Captura y Liberación”. “De lo contrario, la afluencia de extranjero­s ilegales en los Estados Unidos sólo continuará”.

Jeremy McKinney, secretario de la Asociación Estadounid­ense de Abogados de Inmigració­n, dijo que las medidas combinadas conduciría­n a más litigios, no menos.

 ??  ?? la POlÍTICa migratoria de Washington ha incrementa­do los arrestos
la POlÍTICa migratoria de Washington ha incrementa­do los arrestos
 ??  ?? SE CREE que el fenómeno se debe a que no pueden pagar un abogado
SE CREE que el fenómeno se debe a que no pueden pagar un abogado

Newspapers in Spanish

Newspapers from United States