ELIMINA CORTE SUPREMA DEPORTACIÓN INMEDIATA
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el martes que parte de una ley que facilita la deportación de inmigrantes declarados culpables de delitos violentos no se puede aplicar porque es demasiado confusa.
De acuerdo con expertos en inmigración en El Paso, el fallo emitido por el máximo tribunal es de suma importancia para la comunidad inmigrante, tanto para indocumentados como para inmigrantes, porque el Gobierno federal no va a poder ordenar su deportación sólo porque cometen un crimen.
“Esta decisión es muy favorable para la comunidad inmigrante porque le dice al Gobierno federal que no puede formularle cargos a un inmigrante con el propósito de deportarlo del país sólo porque ha cometido un delito”, explicó Daniel Terrazas, abogado de inmigración en El Paso. “Se determinó que la ley era demasiado vaga y que para que exista un delito de violencia debe haber daños a terceros, entonces un robo, por ejemplo, no sería considerado un delito violento”, agregó.
La decisión por cinco votos a favor y cuatro en contra se centra en una cláusula de la ley que define “delito violento”. Si un inmigrante ha sido hallado culpable de un delito violento, puede ser deportado con mayor agilidad.
Ya antes un tribunal federal de apelaciones en San Francisco había anulado la ley por considerarla demasiado ambigua y la Corte Suprema coincidió ayer. El tribunal de apelaciones basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema en 2015, que anuló una ley similar que permitía imponer sentencias más largas a delincuentes reincidentes.
“La medida tomada por la Corte Suprema significa además que muchas de las personas que fueron sentenciadas por un crimen violento pueden apelar sus casos, si los delitos cometidos no han involucrado víctimas. Incluso pudieran salvarse de la deportación si en el momento tiene una orden vigente”.
Según Carlos Alberto Vásquez, también abogado migratorio en la ciudad, debido a la decisión de la Corte Suprema ahora no se puede decidir la deportación de una persona porque cometió un acto en contra de la ley en base en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia.
Los expertos coinciden en que la decisión es muy importante porque ahora los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se verán limitados para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante.
El caso examinado por la Corte Suprema de Justicia se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Tras ser acusado de robo en California, el gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.
El caso fue debatido inicialmente en enero de 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4. Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente. En esta ocasión hizo partido con los magistrados más liberales al concluir que la redacción de la ley era demasiado confusa.
Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.