Las madres, vanguardia por la justicia en México
El Día de las Madres es cosa seria en México. Desde que se declaró oficialmente el 10 de Mayo de 1922, la fecha es una de las celebraciones familiares más importantes en el país. Los restaurantes de la Ciudad de México estaban llenos el jueves mientras miles de personas abarrotaban los centros comerciales de la capital para comprar regalos a última hora.
Pero el ambiente frente al emblemático monumento del Ángel de la Independencia en el centro de la ciudad no era nada festivo. Cientos de mujeres se reunieron ahí para protestar la violencia y la desaparición forzada de sus hijos durante la “Marcha por la Dignidad Nacional”.
La marcha fue un recordatorio importante de la crisis de derechos humanos que sigue pegando a México, donde decenas de miles de personas han sido asesinadas durante poco más de una década, y miles más han desaparecido sin dejar rastro.
Sin embargo, el evento también destacó el papel esencial que han asumido las madres mexicanas en la lucha por la justicia y los derechos humanos. Mientras la ley mexicana les falla, ellas asumen la tarea de buscar a sus seres queridos y exigir justicia. Se han organizado en colectivos que hacen el trabajo que, según ellas, las autoridades no son capaces, o dispuestas, a hacer, como promover leyes para atender su tragedia.
Según estadísticas oficiales, más de 35 mil mexicanos han desaparecido durante la última década. Muchos creen que la cifra real es mucho más alta, ya que el gobierno no ha sido de registrar estadísticas precisas sobre la delincuencia y la violencia.
Miles de los desaparecidos se presume que han sido asesinados y enterrados en incontables fosas clandestinas.
Las desapariciones ocurren en un contexto de violencia extrema y violaciones a los derechos humanos en el marco de una “guerra contra el narco” que sigue en curso y ha cobrado la vida de más de 200 mil personas desde que el expresidente Felipe Calderón en 2006 desplegó al ejercito para combatir a los cárteles.
Entre los manifestantes del jueves había cientos de madres que perdieron a uno o más de sus hijos y no han tenido respuesta de las autoridades. Se sienten abandonadas por el Estado, que en el mejor de los casos está mal equipado para resolver las desapariciones, o en el peor de los casos colude con el crimen organizado.
Enojadas y frustradas ante la inacción, las madres han asumido la tarea de buscar ellas mismas a sus seres queridos. Desde que el actual presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en el 2012, decenas de las llamadas brigadas de búsqueda han sido organizadas, a menudo por mujeres en búsqueda de sus hijos.
Las brigadas rastrean los terrenos con unas herramientas y un conocimiento forense muy rudimentarios. Al recibir tips anónimos salen en busca de fosas comunes donde podrían encontrar restos humanos y saber por fin si sus hijos fueron asesinados.
“Necesitamos encontrar a nuestros hijos, vivos o muertos, pero ya encontrarlos”, me dijo Rosa María Ramírez en un mensaje de texto desde de Veracruz, uno de los estados donde se ha encontrado la mayor cantidad de fosas.
Su hijo Ricardo desapareció en el 2013 el pueblo Potrero Nuevo. Rosa ha estado buscando a su hijo junto a un pequeño grupo de madres en su misma situación. “La justicia es difícil por la corrupción que nos gobierna.”
Por eso las madres son la vanguardia de un movimiento activista y a menudo corren peligro. Algunas han pagado con sus vidas. En diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue acribillada frente al palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua, en el norte de México. Protestaba la falta de justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí.
El año pasado, Miriam Rodríguez, organizadora de un grupo de búsqueda en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fue asesinada en su casa el 10 de Mayo – Día de las Madres.
Pero a pesar del dolor, el abandono por las autoridades y la vulnerabilidad frente a la impunidad y la violencia, las madres continúan. En los últimos años su activismo fue más allá de las brigadas de búsqueda y protestas callejeras hasta lograr impulsar una ley que pretende mejorar el sistema de justicia de México.
Organizaciones de la sociedad civil dicen que los colectivos de madres han sido claves en promover la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual fue promulgada el año pasado por el presidente Peña Nieto. Entre otras cosas, la ley establece que servidores públicos podrían ser sentenciados a 60 años en prisión si son culpables en casos de desaparición forzada.
Y aunque la ley representa, en teoría, un paso importante, todavía no se han visto resultados. El año pasado fue uno de los más letales en memoria reciente, con más de 25 mil homicidios. La gran mayoría de las desapariciones siguen sin resolverse.
México debe fortalecer la Ley de Desaparición Forzada. La ley debería ofrecer más claridad sobre cómo la recién establecida Comisión Nacional de Búsqueda coordinaría sus esfuerzos con las autoridades estatales y locales. Además, el Gobierno federal debe garantizar suficiente fondeo para las instituciones creadas por la ley y mejorar los registros de personas desaparecidas.
Pocos tienen fe en la voluntad del gobierno para atender el problema. Muchas de las mujeres que protestaron en la Ciudad de México el jueves acusaron a la administración de Peña Nieto de solo simular.
“La fuerza es por el futuro de los niños, que ellos vuelvan a gozar delo que se dice ser un país libre ”, dijo Rosa María Ramírez. “Queremos recuperar la fe en el sistema”.