Intensifican redadas en centros de trabajo
Las autoridades federales las llaman auditorías laborales; activistas y defensores de inmigrantes las califican como redadas.
Lo cierto es que en El Paso incrementaron –en concordancia con la tendencia nacional– los operativos en establecimientos y negocios para verificar si los trabajadores están autorizados para laborar en Estados Unidos, según reportó Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con datos proporcionados a El Diario de El Paso, tan sólo en la semana del 26 de febrero al 2 de marzo del 2018, agentes especiales que colaboran para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) entregaron avisos de auditorías a 131 negocios en esta región.
A raíz de las auditorías, ICE logró el arresto de 23 personas sospechosas de estar en territorio estadounidense de forma ilegal. De éstas, tres fueron acusadas de delitos como el reingreso ilegal después de deportación, así como por la posesión ilegal de armas de fuego.
Audita ICE en busca de empleados sin papeles migratorios
Leticia Zamarripa, vocera de ICE, explicó que “HSI no desglosa los períodos de tiempo ni los datos de auditorías mediante sectores”. Empero, los datos proporcionados a esta casa editora corresponden al operativo más reciente registrado.
El sector de ICE en El Paso incluye el sur de Nuevo México –donde se realizaron 63 auditorías– y 18 condados del Oeste de Texas, donde ocurrieron las 68 restantes.
Un realidad aquí: abogada
Para la abogada de inmigración de El Paso Brenda Villalpando, estas redadas en centros de trabajo son una realidad en la región, usualmente en negocios de fácil reclutamiento, como talleres mecánicos, de reparación de llantas y en fábricas grandes donde se emplea a un número significativo de personas.
“En este momento tengo a dos clientes arrestados en el Centro de Detención de ICE en Otero, precisamente porque fueron detenidos en sus centros de trabajo. No cuentan con récord criminal, pero esto sí está ocurriendo”, comentó.
La abogada con nueve años de experiencia migratoria expresó que siendo una región fronteriza, las situaciones de las personas perjudicadas cambian, por lo que las consecuencias varían drásticamente.
“Hay personas que cuentan con visa láser y cruzan a diario para trabajar. A estas personas les cancelan la visa y les prohíben la entrada en el puerto de ingreso, mientras que otras se pueden prestar a usar documentos que no les pertenecen para laborar”, dijo Villalpando.
Sólo ciudadanos y residentes legales
A nivel nacional, la llamada de atención a los empleadores se debe a un aumento de las mismas detenciones y los procesos de deportación que comenzó inmediatamente la administración Trump.
De acuerdo con la agencia, en el país hubo 2 mil 282 auditorías a propietarios de negocios desde el 1 de octubre y hasta el 4 de mayo pasado. A esto se suma que el aumento total de estas auditorías es del 60 por ciento, en comparación con las mil 360 realizadas en el año fiscal anterior.
Tom Homan, subdirector de ICE, dirigió las investigaciones de Seguridad Nacional para intensificar la aplicación de la ley en los centros de trabajo, con el objetivo de realizar más auditorías por la forma I-9, que garantiza que una persona cumple con los requisitos para laborar en los Estados Unidos.
Manifestó que ICE busca proteger y garantizar empleos para ciudadanos estadounidenses y aquellos que residen de forma legal, así como eliminar ventajas competitivas injustas para compañías que contratan mano de obra ilegal.