Con sólo decirle que sí a las farmacéuticas

Nueva York— La semana pasada nos enteramos de que Novartis, la compañía farmacéutica suiza, le pagó a Michael Cohen –el abogado personal de Donald Trump–1.2 millones de dólares por la que acabó siendo una sola reunión. Después, el viernes, Trump anunció un “plan” para reducir los precios de los medicamentos.

¿Por qué las comillas? Porque el “plan” en su mayor parte carece de sustancia, control u otra cosa (bueno, había unas cuantas ideas que a los expertos les resultaron interesantes, pero eran bastante secundarias). Durante la campaña de 2015, Trump prometió usar el poder del Gobierno, incluyendo el rol de Medicare en el pago de los medicamentos controlados, para reducir los precios de los medicamentos. Sin embargo, no mencionó nada de eso en su discurso del viernes.

Si alguien trata de convencerlos de que Trump de verdad se está poniendo estricto con las farmacéuticas, he aquí una respuesta simple: si lo estuviera haciendo, su discurso no habría hecho que las existencias de medicamentos se dispararan.

Nada de esto debería sorprendernos. A estas alturas “Trump incumple otra de sus promesas populistas” es más bien otro de esos encabezados predecibles y ordinarios. No obstante, aquí hay dos preguntas sustantivas. La primera, ¿el Gobierno de Estados Unidos realmente debería hacer lo que Trump dijo que él haría, pero que no hizo? Y de ser así, ¿por qué no se ha actuado con respecto a los precios de los medicamentos?

La respuesta a la primera pregunta es un sí definitivo. Estados Unidos paga más que ninguna otra de las naciones principales por medicinas y no hay una buena razón que lo justifique. En esencia, tratándose de medicamentos, somos los tontos de último recurso de las grandes farmacéuticas.

Tengan en cuenta que la forma en que funciona el negocio de los medicamentos no puede ni debe guardar similitud alguna con la clase de economía básica, ni las historias de oferta y demanda que fascinan a los entusiastas del libre mercado. En cambio, tenemos un sistema de patentes en el que a la farmacéutica que desarrolla un medicamento se le otorga un monopolio provisional sobre las ventas de éste. Ese sistema está bien, o al menos es defendible, como una forma de recompensar la innovación, pero no hay nada en la lógica del sistema de patentes que diga que los propietarios de las patentes deberían estar en libertad de explotar sus monopolios al máximo.

De hecho, hay muy buenos argumentos a favor de que la acción gubernamental limite los precios que las farmacéuticas pueden cobrar, tal como hay buenos argumentos a favor de limitar el poder de los monopolios en general. El hecho de que los contribuyentes pagan una buena porción de los costos de los medicamentos no sólo refuerza el argumento para limitar su precio, sino que además le otorga al Gobierno mucha ventaja que puede usar para alcanzar esa meta.

Claro está que los controles draconianos sobre los precios de los medicamentos podrían desalentar la innovación, pero nadie habla de eso, y los beneficios de la acción moderada casi con seguridad excederían los costos, por diversas razones: las farmacéuticas ganarían menos por unidad, pero venderían más, gastarían menos desarrollando medicamentos que en su mayoría duplican medicamentos existentes, etcétera. Ah, y Estados Unidos, con su indisposición única a negociar los precios de los medicamentos básicamente está subsidiando al resto del mundo. ¿No se supone que Trump detesta ese tipo de cosas?

¿Entonces, por qué no estamos haciendo nada con los precios de los medicamentos?

Es cierto que simplemente otorgarle a Medicare el derecho de negociar los precios no ayudaría mucho por sí solo. También tenemos que darle a Medicare algo de poder de negociación, quizá incluyendo el derecho de rehusarse a cubrir medicamentos cuyos precios sean exorbitantes y antes de que se quejen de que esto es “racionamiento” recuerden que antes de 2003, Medicare ni siquiera pagaba los medicamentos.

A pesar de ello, decir que no, podría molestar a algunos beneficiarios de Medicare; las encuestas muestran un apoyo público abrumador (¡92 por ciento!) para permitir que Medicare negocie bajar los precios, pero ese apoyo podría erosionarse una vez que la gente se dé cuenta de lo que requiere una negociación efectiva.

Sin embargo, las interrogantes sobre los detalles no son lo que está deteniendo las acciones que se deben tomar con los precios de los medicamentos, ya que ni siquiera hemos llegado al punto de permitir que Medicare intente reducirlos. La razón por la que no hemos llegado a ese punto es, tristemente, simple y llanamente que la industria farmacéutica ha comprado los suficientes políticos para bloquear las políticas públicas que pudieran reducir sus ganancias.

No sólo estoy hablando de contribuciones a las campañas. Estoy hablando del enriquecimiento personal de los políticos que sirven a los intereses de la agenda de las farmacéuticas.

Después de todo, ¿quién compendió la Ley de modernización de Medicare de 2003, que puso a los contribuyentes en una mala situación en relación con los costos de los medicamentos para adultos mayores, pero que prohibió en específico a Medicare negociar los precios? La respuesta es que eso lo ideó en su mayoría el entonces representante republicano de Luisiana, Billy Tauzin, quien poco después dejó el Congreso para convertirse en el presidente muy bien pagado de la Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica de Estados Unidos), el principal grupo de cabildeo de la industria. Si eso suena bastante burdo, se debe a que lo es.

Trump, lejos de secar este pantano, lo invitó al poder ejecutivo. Tom Price, su primer secretario de salud y servicios humanos, se vio obligado a renunciar debido a su opulento gasto en viajes, pero, de hecho, sus conflictos de interés con las farmacéuticas eran una razón de más peso. Su sucesor, Alex Azar, es... un ex ejecutivo de una farmacéutica cuyas opiniones declaradas sobre los precios de los medicamentos difieren por completo de todo lo que Trump dijo en campaña.

La conclusión es que el excepcionalismo estadounidense ha prevalecido de nuevo: todavía somos la única nación importante que permite que las farmacéuticas cobren lo que quieran.