Encerrar a toda a familia, es la ‘compasión’ de Trump
Washington— Cuando el gobierno de Obama argumentó, en 2015, que la afluencia de familias inmigrantes que ingresaban ilegalmente al país era justificación para detener a las familias indefinidamente, los tribunales federales rechazaron esa postura sin más. Ahora, la administración Trump utiliza un argumento similar con un nuevo giro: que un nuevo fallo judicial que ordena que los niños separados se reúnan prontamente con sus padres equivale a dar luz verde para que los funcionarios federales los detengan juntos.
Eso es un poco de jujitsu jurídico. Intenta convertir la decisión de reunificación emitida por un juez federal la semana pasada, basada en parte en motivos de compasión, en una justificación para extender la cruel cruzada de la administración actual contra las familias migrantes. Como cuestión legal, también es insoportable.
El caso actual, como el de 2015, encalló en los bancos de un acuerdo legal de dos décadas de antigüedad que rige el trato del gobierno a los migrantes menores de edad. Entre los requisitos del acuerdo de 1997, conocido como el Acuerdo Flores, está que los niños inmigrantes sean liberados de la custodia siempre que sea posible “sin demoras innecesarias”, y que cuando sean detenidos, se les retenga en las guarderías autorizadas por el estado.
La jueza de distrito Dolly Gee, que rechazó al gobierno de Obama en 2015, dictaminó entonces que el mandato del Acuerdo Flores de liberar a menores “sin demoras innecesarias” significaba que la mayoría de los niños debían quedar en libertad en 20 días, a menos de que hacerlo dejara a los menores u otras personas en riesgo . La administración Trump ahora insiste en que las demoras han sido calificadas como “necesarias” por otro juez de tribunal del distrito federal, Dana Sabraw, que dictaminó el 26 de junio que los niños separados de sus padres deben reunirse de inmediato con ellos.
Si se requiere que el gobierno reúna y mantenga unidas a las familias, los abogados del Departamento de Justicia sostienen que el gobierno hará precisamente eso: las mantendrá bajo custodia, a la espera del resultado de sus casos de inmigración o asilo, que normalmente tardan meses o años en resolverse.
El argumento del gobierno es muy inteligente, pero a la mitad. No es obligatorio que los padres migrantes sean detenidos mientras se resuelven sus casos; de hecho, no era habitual que las administraciones anteriores lo hicieran y fue adoptado por la administración Trump solo en mayo con su afirmación de una política de tolerancia cero. Existen medios efectivos para garantizar que los inmigrantes que son liberados en espera de la adjudicación de sus casos se presenten a sus audiencias judiciales, que incluyen pulseras electrónicas de tobillo; contacto vía telefónica con tecnología de reconocimiento de voz; y registro a través de aplicaciones para teléfonos móviles.
Además, si los padres inmigrantes toman la angustiosa decisión de caer en el engaño de la administración, optando por mantener a sus hijos con ellos mientras están detenidos, eso probablemente violará el requisito del Acuerdo Flores de que los niños permanezcan en instalaciones de cuidado diurno con licencia del estado. Consciente de esa restricción, la administración le ha pedido a Gee que no aplique ese requisito, que es fundamental para proteger el bienestar de los niños.
El Acuerdo Flores se vio impulsado por abundantes pruebas de que los niños migrantes estaban sufriendo debido a largas detenciones en instalaciones inadecuadas para menores. Sin inmutarse por esa historia, y por los requisitos legales que se derivan de ella, la administración Trump propone revivir prácticas largamente desacreditadas. Su posición es antitética a los valores estadounidenses, ofensiva a la ley y una afrenta a la decencia.