PONEN EN VENTA AVIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO
Poco antes del Día de Acción de Gracias en una Corte de inmigración de San Antonio el tercer acusado se presentó ante el juez Aníbal Martínez, caminó por el tribunal sin ser acompañado por un abogado, con una cachucha gris de invierno que tenía cosido un par de ojos azules de plástico y un suéter rojo de estambre.
Cuando el secretario de la corte le preguntó su nombre, dijo orgullosamente: Wilder Hilario Maldonado Cabrera.
“¿Cuántos años tienes, Wilder?” preguntó el juez de inmigración.
Una abogada que se encontraba allí con otros clientes se ofreció a representar voluntariamente a Wilder. Ella se volvió hacia el niño y en español le preguntó su edad.
“Seis años”, respondió, 6, mientras sus piernas colgaban de la silla en la mesa de los acusados.
Wilder, un sonriente y regordete niño salvadoreño, al que le faltan los dos dientes frontales, fue el acusado más joven en la lista de casos de jóvenes de ese día. Sin embargo, eso no es lo que lo convirtió en algo especial.
Se trata de uno de los últimos niños que fueron dejados bajo la custodia del Gobierno y que fueron afectados por la ampliamente criticada política de cero tolerancia de la administración, y quien sigue esperando reunirse con su padre, que está detenido en Estados Unidos.
La política, que fue anunciada con una gran publicidad en el mes de abril y fue detenida dos meses después debido a la oposición bipartidista. El 20 de junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retractaba la política de cero tolerancia para hacer cumplir las leyes migratorias.
Bajo la política, las autoridades tuvieron órdenes de someter a proceso penal a cualquier adulto que fuera detenido por cruzar la frontera ilegalmente, además de separarlo de cualquier menor acompañante.
Más de 2 mil 600 niños migrantes –incluyendo más de 100 que eran menores de 5 años– fueron separados de sus padres antes que la juez federal Dana M. Sabraw le ordenara a la administración que diera por terminada la política y reuniera a las familias afectadas.
Sin embargo, la juez Sabraw exentó a los casos en los que peligraran los menores y no impuso normas ni supervisión para regir la toma de decisiones.
La mayoría ha sido reunida con sus padres u otros familiares. Alrededor de 120 niños permanecen bajo la custodia federal debido a que sus padres ya fueron deportados.
Al menos 30 casos involucran a niños cuyos padres tienen antecedentes penales. Mientras las autoridades de inmigración y los activistas que están a favor de los migrantes tratar de unir nuevamente a las familias, las cortes, como la que preside Martínez, usualmente parecen más una corte familiar.
El día que compareció Wilder, la sala estaba llena de menores de edad, la mayoría de ellos eran adolescentes que habían sido separados de sus padres en la frontera pero habían migrado a Estados Unidos por su cuenta.
Los niños, que vestían pantalones y camisas totalmente abotonadas, estaban sentados en la parte trasera. Había tres niñas embarazadas, una de ellas que se quejaba de sentir dolor, estaba sentada al frente.
“Escuché que tenemos a una niña con problemas médicos”, dijo Martínez, mirando hacia debajo de su estrado. “Si no se siente cómoda o si necesita salir, puede hacerlo”.
Uno de los primeros niños en ser llamados ante Martínez fue una niña guatemalteca de 11 años que vestía un vestido floreado y tenía el cabello sujeto en una cola de caballo en la parte superior de su cabeza.
Se encontraba sentada en una silla de piel negra y casi no pronunció una palabra, mientras su abogada, Mónica Cueva Kretzschmar, explicó que había admitido que cruzó ilegalmente la frontera y quería ser enviada a Guatemala con sus padres, el de ella no era un caso de separación familiar.
El juez preguntó si la niña había tomado la decisión por su libre albedrío. Así fue, dijo la abogada. ¿Su regreso puede representar algún riesgo o peligro? Preguntó. La abogada respondió que no.
Luego, el juez miró a la niña. “Entiendo que quieres regresar con tus padres a Guatemala”, dijo. Ella movió la cabeza afirmativamente. “Acepto esa petición. Te deseo lo mejor”.
La niña se levantó de su asiento, sonriendo y mostró sus dedos pulgares hacia arriba a los abogados que estaban en la audiencia.
Luego, fue el turno de Wilder.
El juez preguntó por el padre del niño. ¿Sigue detenido?
El fiscal dijo que no lo sabía. De hecho, sí se encontraba bajo custodia federal en un centro de detención de inmigración que se localizaba a menos de una hora de distancia de la corte, por carretera. El niño y su padre fueron separados el 6 de junio, después que cruzaron ilegalmente la frontera para solicitar asilo.
Wilder fue colocado temporalmente bajo el cuidado de padres sustitutos. Su padre, Hilario Maldonado, fue enviado a un centro de detención. Desde entonces, habían hablado esporádicamente por teléfono.
Las autoridades determinaron poco después que Maldonado ingresó al país que no calificaba para obtener el asilo, pero se rehusaron a reunirlo con su hijo mientras esa decisión fue apelada debido a que Maldonado, quien vivió en Estados Unidos hace más de una década, tenía una antigua orden de arresto por conducir ebrio en Florida.
Es un cargo que casi nunca ha resultado en la pérdida de la custodia parental en un contexto no relacionado con la inmigración, sin embargo, los abogados de inmigración dijeron que habían visto que las autoridades de inmigración habían utilizado esos récords menores y de delitos penales no violentos para justificar la separación de los padres inmigrantes y sus hijos en la frontera.
Funcionarios gubernamentales señalan que aunque una corte federal les ordenó que dejaran de separar a los niños bajo la política de cero tolerancia, exentaba los casos relacionados con padres que representaban riesgos para la seguridad de sus hijos.
Sin embargo, la madre de Wilder, María Élida Cabrera, aún seguía en El Salvador y enfrentaba problemas por primera vez para alimentar por su cuenta a los tres hermanos de Wilder.
Dijo a través de una llamada telefónica que Maldonado era el que mantenía a la familia y desde su detención ella y sus hijos estaban sobreviviendo con la ayuda de grupos de activistas que están a favor de los inmigrantes en Estados Unidos y que habían escuchado acerca del caso de Wilder.
Ninguno de ellos sabía cuándo o si acaso iban a volver a estar juntos otra vez y menos que todos el pequeño Wilder. Nacido en una remota aldea de la montaña al extremo norte de El Salvador, apenas y supo qué hacer con el detector de metales que estaba en la corte, mucho menos por qué estaba en el tribunal, en primer lugar.
Antes de entrar al tribunal, la secretaria tuvo que darle un leve empujón al niño para que pasara por la máquina, debido a que se quedó congelado por el temor a las luces intermitentes que estaban a su lado. “No estes nervioso”, le dijo.
La abogada le ayudó a Wilder a ponerse los audífonos para que pudiera escuchar al intérprete de la corte, como si el idioma fuera la única barrera para su habilidad de seguir el rápido proceso.
Luego, ella le pidió al juez que dejara a un lado cualquier decisión acerca de la petición de asilo del niño hasta que el abogado de Wilder pudiera estar en la corte con él. El juez estuvo de acuerdo.
“Wilder, te deseo lo mejor”, dijo, enviando al niño hacia la incertidumbre. “Ya nos veremos pronto”.
Wilder, quien es un gran fanático del Hombre Araña, se despidió del juez ondeando la mano, luego, hizo como si lanzara telarañas de sus muñecas. Al salir, saludó amigablemente a la secretaria y le dijo, “Adiós, policía”.
Wilder Hilario Maldonado Cabrera era uno de los últimos menores que aún seguían bajo custodia del Gobierno por la política de cero tolerancia
Continúa la separación de familias
La administración de Trump ha vuelto a separar a familias en la frontera, esta vez en forma sigilosa y justificando el acto con alegatos imprecisos y no corroborados en contra de los padres, acusándolos de ofensas o delitos menores que incluyen el cargo de reingresar al país ilegalmente.
En los últimos tres meses en Nueva York, varios abogados de Caridades Católicas, organización que presta servicios legales a menores inmigrantes bajo custodia gubernamental en ese estado, descubrieron por lo menos dieciséis casos nuevos de separación.
Mencionan que se fueron dando cuenta por casualidad, siguiendo sus propias pistas después de que los menores fueron colocados en casas o instituciones de tutela provisionales casi sin indicios de que habían llegado a la frontera con sus padres, o sin que se diera a conocer esa información.