SE OPONEN A MURO PROPIETARIOS DEL SUR DE TEXAS
No permitirán el acceso del Gobierno a sus propiedades para sondeos, pruebas del suelo, almacenamiento de equipo..., advierten dueños de terrenos en franja fronteriza
Nadya Álvarez no quiere tener nada que ver con el muro fronterizo, pero su acre de terreno en Rio Grande City, Texas, donde ella vive en una casa color café a lo largo de la línea divisoria entre Estados Unidos y México, ha sido de gran interés para el gobierno estadounidense.
Álvarez, junto con una docena de otros propietarios en el Valle del Río Grande, recibieron sorpresivas cartas del Gobierno federal en meses recientes, solicitudes de parte de funcionarios que buscan acceso a su propiedades para realizar sondeos, pruebas del suelo, almacenamiento de equipo y otras acciones. Esto es, según abogados y expertos, el primer paso del Gobierno intentando confiscar la propiedad privada utilizando el poder de la expropiación —un controversial paso que podría convertirse en un difícil obstáculo legal para los planes del presidente Donald Trump de construir cientos de millas de muro, algunas de las cuales pasan por terrenos como los de Álvarez.
Otros intentos anteriores de expropiación a lo largo de la frontera en Texas han conllevado a batallas legales en las cortes que se han estado combatiendo por más de una década, algunas de las cuales datan de la administración de George W. Bush y aún no han sido resueltas. Muchos propietarios, como Álvarez, están dispuestos a seguir luchando.
Álvarez se rehusó a firmar la papelería para conceder el acceso a su propiedad, la cual heredó de su abuelo. Ella se peleó con su padre por permitir que el gobierno entrara a sus tierras. Y tenía un mensaje para Trump, quien visitó McAllen el jueves por la tarde: No al muro fronterizo, una frase que ella quería escribir en la azotea de su casa para que Trump pudiera verla si sobrevolaba por el lugar. Pero decidió no hacerlo debido a las lluvias.
“Estoy en contra del muro porque eso va hacer que me desalojen”, dijo Álvarez, una maestra de preparatoria de 47 años.
Efrén C. Olivares, director del programa racial y justicia económica del Proyecto a Favor de los Derechos Civiles de Texas, dijo que aproximadamente 100 propietarios han recibido nuevas cartas del Gobierno solicitando acceso a la propiedad privada con el propósito de determinar cómo —y dónde— el muro podría ser construido. Las cartas son la primera fase de un proceso que el Gobierno utiliza en casos de expropiación, según dijeron los abogados y expertos involucrados en estos casos. Primero el Gobierno solicita acceso para realizar un sondeo del terreno, un paso con el cual los propietarios por lo regular están de acuerdo. Si el terreno es apropiado para el uso que el Gobierno le quiere dar, entonces se procede a tomar el terreno ya sea convenciendo a los propietarios a que vendan o recurrir a las cortes para obligarlos a vender.
En una carta que uno de los habitantes recibió del Gobierno, una copia de la misma fue puesta a disposición del Washington Post, al propietario se le pidió que debía ofrecer acceso “irrevocable”’ por 18 meses.
Los habitantes del sur de Texas ya están muy familiarizados con esta lucha. Cuando Bush firmó la legislación del 2006 conocida como la Ley para una Cerca Segura, autorizando cientos de millas de cercado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, las batallas en la corte pronto se desataron entre la gente en la región y el Gobierno.
Pero gran parte de los terrenos que la administración de Bush solicitó ya eran propiedad del Gobierno federal, según dijo Gerald Dickinson, profesor asistente de derecho en la Universidad de Pittsburgh, quien se enfoca en el uso de terrenos y la ley constitucional. El muro que Trump quiere construir será algo muy distinto, dijo.
“Va a ser un muro colindante a lo largo de toda la frontera del suroeste, estamos hablando de una confiscación masiva de propiedad privada”, dijo. La mayoría de la gente, dijo, no está dispuesta a voluntariamente entregar sus tierras, incluso a un precio justo del mercado, obligando al Gobierno a recurrir a las cortes para obtenerlas. “Estamos hablando de miles y miles de procedimientos de expropiación que tendrán que ser atendidos por las cortes federales de los distritos en Texas por la mayor parte, pero también en lugares como Arizona y Nuevo México”.
Olivares dijo que había 334 demandas de expropiación que fueron presentadas en el sur de Texas durante la administración de Bush; aproximadamente de 60 a 70 casos aún siguen pendientes desde hace una década, muchos de estos en relación a montos de dinero que aún no han sido pagados.
El Proyecto a Favor de los Derechos Civiles de Texas está intentando de hacerle saber a la gente que no deben firmar para conceder el acceso a sus tierras. Están pasando puerta por puerta en algunos vecindarios, haciéndoles saber a las personas sus derechos, y están transmitiendo anuncios digitales en las estaciones de radio locales. También planean realizar reuniones al estilo del ayuntamiento.
“Si usted no cuenta con un abogado, simplemente va a ser inducido a hacer algo que usted no quiere”, dijo Olivares. “Nosotros queremos asegurarnos que esto no suceda”.
Pero hay ciertos obstáculos para hacerle frente al Gobierno, dijo, y las cortes por lo regular toman partido con las autoridades federales cuando un decomiso se relaciona con la seguridad nacional. Una opción es un juicio ante un jurado, pero eso puede tomar meses o años para completarse, y no necesariamente detiene al Gobierno de tomar las tierras, dijo. Cuando se permite un decomiso, los propietarios pueden disputar el monto de dinero que se les ofrece, pero Olivares dijo que el gobierno por lo regular presenta una moción diciéndole a la corte que pagará lo que sea que el tribunal determine que es una cantidad justa, pero también argumentan que necesitan acceso inmediato a los terrenos.
La administración de Trump, dijo, ha presentado 10 ó 12 casos contra propietarios en el sur de Texas pidiendo acceso a los terrenos para realizar pruebas del suelo y tomar medidas.
“Todo es en anticipación a que las tierras sean tomadas”, dijo.
Trump por mucho tiempo ha defendido el uso de la expropiación, el cual invocó en una ocasión —sin éxito alguno— al intentar obligar a una mujer viuda de Nueva Jersey a que dejara su casa en Atlantic City, diciendo que “sin la expropiación, ustedes no tendrían autopistas”. La Autoridad de Desarrollo Urbano y Casinos de Atlantic City envió a la mujer una notificación ofreciéndole 250 mil dólares por su propiedad y amenazó con recurrir a la expropiación. Trump intentaba construir un estacionamiento para limosinas al lado de su casino Trump Plaza.
Una corte de Nueva Jersey falló en contra de Trump y la autoridad. La propietaria de la casa posteriormente se mudó a California y su casa fue vendida en una subasta y luego demolida —el lote baldío aún está vacante en la parte trasera del cascarón del ahora cerrado casino Plaza.
Desde que asumió la Presidencia, Trump ha seguido apoyando la expropiación, y la semana pasada se refirió a la misma como “un proceso justo” y “muy necesario”. Los funcionarios federales primeramente intentan llegar a un acuerdo con los propietarios. Según Trump, pero si eso no funciona, “nosotros tomamos las tierras y les pagamos por medio de un proceso en la corte —el cual se realiza con rapidez. Y somos muy generosos. Pero tomamos las tierras”.
El gobierno intentó hacer justamente eso después de que Bush firmó la Ley para una Cerca Segura, y terminó convirtiéndose en un asunto con el que las autoridades tuvieron que lidiar, de acuerdo con un reporte del 2009 del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.
“Ganar los derechos de acceso y adquirir las propiedades que no son del Gobierno federal ha demorado la construcción de la cerca y podría llegar a incrementar el costo, rebasando incluso el financiamiento que estaría disponible, “según escribió el grupo vigilante, describiendo el acto de apoderarse de las propiedades como “un costoso proceso que tomaría mucho tiempo en realizarse”.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a preguntas sobre las cartas enviadas a los propietarios, quienes han recibido cartas tanto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dependencia que según dijo en una carta enviada a un habitante que desea tener acceso a la propiedad para rendir apoyo “a la infraestructura fronteriza autorizada por el Congreso en la apropiación del año fiscal del 2019” y otros proyectos.
Entre aquellos en la corte que luchan contra el Gobierno se incluye la Diócesis Católica Romana de Brownsville, Texas, la cual está impugnando una solicitud para sondear las tierras en donde se ubica la capilla La Lomita, un pequeña iglesia que fue construida hace más de 150 años donde se realizan misas, bodas y funerales y una procesión en Domingo de Ramos que toma lugar cada año.
Mary McCord, ex funcionaria del Departamento de Justicia que ahora trabaja en el caso de la diócesis, dijo que el obispo Daniel Flores cree que si permite que el gobierno acceda a la propiedad sería un implícito apoyo a permitir que el mismo se apodere de las tierras. Eso, dijo, sería una violación a las creencias religiosas y a la doctrina católica. Apoderarse de las tierras para construir un muro, dijo McCord, implica un sustancial obstáculo al ejercicio de la religión, y el gobierno no ha articulado una razón convincente para justificar su necesidad de construir un muro en dicho lugar.
Una persona no puede ser obligada, dijo McCord, “a participar en algo que viola sus más que firmes creencias religiosas”.
El Gobierno presentó una moción para el derecho de entrar a la propiedad por el transcurso de un año para hacer un sondeo de los terrenos. Una audiencia está programada para febrero.
Álvarez también se está preparando para una batalla legal, y está lista para proteger lo que es de ella y para luchar contra lo que ella cree que se trata de un proceso injusto. Ella siente que los políticos en Washington no entienden el modo de vida en el Valle del Río Grande, donde los habitantes cruzan las fronteras internacionales con regularidad y recorren los bosques a los largo de la frontera. Y ella no quiere abandonar su hogar.
“Creo que ellos asumen que somos ignorantes… Nos dicen, ‘Firme o le quitamos todo’”, dijo. “Esta es mi casa”.
Es la primera fase de un proceso en casos de expropiación: abogados y expertos