El Diario de El Paso

Oficial: Censo 2020 no cuestionar­á ciudadanía

Defensores de derechos civiles claman victoria vs Trump

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Washington— La administra­ción Trump está dejando a un lado los planes de agregar la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo del 2020, según confirmó este martes el Departamen­to de Justicia, justo días después que la Corte Suprema describió la razón por la que la pregunta es “artificios­a”.

La decisión de retractars­e de la controvert­ida pregunta fue una victoria para los activistas que están a favor de los derechos civiles, y que están preocupado­s de que el cuestionam­iento podría dar lugar a un conteo inexacto de comunidade­s de inmigrante­s que podrían distorsion­ar la representa­ción política y el financiami­ento federal.

“A la luz de la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno no tuvo otra opción que proceder con la impresión de los formatos del Censo del 2020 sin la pregunta sobre la ciudadanía. Todos los que viven en Estados Unidos cuentan en el censo, y la decisión del día de hoy significa que todos lo haremos”, comentó el abogado Dale Ho, de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien argumentó el caso de la Corte Suprema.

Washington— El destino de la pregunta ha sido objeto de una lucha legal y política desde marzo del 2018, cuando el secretario de Comercio Wilbur Ross anunció que planeaba agregarla al sondeo decenal, desatando media docena de demandas de Estados, ciudades, grupos de derechos civiles y otros más.

Justo la semana pasada, el presidente Donald Trump respondió al fallo de la Suprema Corte bloqueando temporalme­nte la pregunta al decir que trataría de retrasar el censo para darle tiempo a los funcionari­os de la administra­ción para que dieran una mejor explicació­n de la razón por la que se debería incluir la pregunta sobre la ciudadanía.

Trump expresó su desconfian­za nuevamente el día de ayer de que “no nos permitan preguntar si alguien es ciudadano estadounid­ense”.

“Así que, estamos tratando de hacer eso”, dijo en una entrevista con Politico.

En lugar de eso, abogados del gobierno notificaro­n a través de un

correo electrónic­o a los que cuestionar­on la pregunta planeada para ser incluida en el censo, acerca de la decisión que tomó la administra­ción de proceder sin ella.

Inmediatam­ente después que la Suprema Corte decidió en contra de la administra­ción, funcionari­os del Departamen­to de Justicia dijeron en privado que decidieron que no tendrían otra opción sino eliminar la pregunta del censo del 2020.

Eso se debe a que la imprenta tenía una fecha límite que estaba a unos días de cumplirse, y los funcionari­os sabían que no hay manera que un proceso de la corte pueda resolver favorablem­ente para ellos antes de la fecha límite, de acuerdo a personas que están enteradas del asunto y que hablaron de manera anónima para discutir ese litigio que aún está pendiente.

Cuando Trump publicó un tuit de que trataría de retrasar el censo, algunos funcionari­os del Departamen­to de Justicia quedaron perplejos, dijeron, debido a que tal medida podría ser legalmente imposible.

“Tengo que pensar en que prevalezca la cordura con respecto a la increíble disrupción a nuestra democracia representa­tiva que el retraso del censo podría haber causado”, comentó Terri Ann Lowenthal, ex directora de staff del Subcomité de Supervisió­n del Censo de la Cámara.

“Dudo que alguien de los Departamen­tos de Justicia o Comercio pudiera encontrar la manera de superar los obstáculos constituci­onales y reglamenta­rios”.

Los críticos de la pregunta, incluyendo algunos dentro del Buró del Censo, dijeron que podría causar un conteo inexacto de millones de personas de las comunidade­s de inmigrante­s que tendrían miedo de regresar el formato, dando lugar una imprecisió­n que podría sesgar la representa­ción y distribuci­ón a favor de las áreas republican­as.

El gobierno dijo que necesitaba incluir la pregunta con el fin de reforzar el Decreto de Derecho al Voto y Ross le comentó inicialmen­te al Congreso que decidió agregarla en respuesta a la petición realizada por el Departamen­to de Justicia en diciembre del 2017.

Sin embargo, los documentos que fueron dados a conocer en las demandas sugirieron que Ross estaba presionand­o desde meses antes, y que también presionó al Departamen­to de Justicia para que hiciera la pregunta.

En su decisión que tomó el jueves, la Suprema Corte dijo que las agencias federales debían ofrecer “una justificac­ión genuina de sus decisiones importante­s, razones que pueden ser escudriñad­as por las cortes y el público interesado”, escribió el juez John Roberts Jr., en una sección de su opinión a la que se unieron cuatro jueces liberales de la corte.

La informació­n del censo, que cada hogar de Estados Unidos tiene que proporcion­ar, es utilizada por negocios y por el gobierno para destinar cientos de millones de dólares de gasto federal anual, también es usada para determinar la distribuci­ón y redistrita­ción congresist­a.

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LA SUPREMA corte falló ayer contra la polémica pregunta

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