Gastan $1.7 millones en defender policías
Cuatro juicios vs la Ciudad de EP involucran uso de la fuerza de agentes vs personas mentalmente inestables
Los contribuyentes de El Paso han pagado al menos $ 1.7 millones desde 2016 para defender a los agentes de Policía y la Ciudad en cuatro demandas derivadas del uso de la fuerza letal contra personas en crisis de salud mental, según los registros de facturación obtenidos por El Paso Matters.
La cifra real es probablemente significativamente mayor porque la Ciudad no proporcionó facturas durante meses o años para dos de los casos. El Paso Matters obtuvo los registros a través de las solicitudes de la Ley de Información Pública de Texas a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de El Paso en febrero y julio.
Las cuatro demandas, presentadas entre 2014 y 2018, implican el uso de fuerza letal por parte de los agentes de Policía de El Paso contra personas en crisis de salud mental. Tres hombres fueron asesinados y uno sobrevivió a múltiples heridas de bala. Cada demanda alega que el Departamento de Policía de El Paso, bajo el liderazgo del jefe de Policía, Greg Allen, tiene oficiales mal capacitados sobre cómo responder a los casos de salud mental.
El dinero gastado en la defensa de los agentes de Policía en estos casos de fuerza letal es un ejemplo de prioridades fuera de lugar por parte de los líderes de la Ciudad, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).
García agregó que el Ayuntamiento aumentó el gasto en la Policía y redujo el dinero para otros servicios vitales después de los cuatro casos de fuerza letal. “Parece que la Ciudad premió la impunidad. En este caso, la Ciudad le dio más dinero al Departamento de Policía de El Paso, sin reconocer los principales problemas sistémicos que tenían en ese momento y sin reconocer que en lugar de darles más dinero, tenían que ser más responsables”, dijo.
“Nuestro dinero se está utilizando para defender a los oficiales que matan a los habitantes de El Paso”, dijo García.
Las obligaciones legales de la Ciudad para los oficiales defensores se detallan en un contrato con la Asociación de Oficiales de Policía Municipal de El Paso (EPMPOA). La portavoz de la Ciudad, Laura Cruz-acosta, se negó a discutir el acuerdo y dijo que el contrato está disponible a través de una solicitud de la Ley de Información Pública de Texas.
La Ciudad le proporcionó a El Paso Matters una copia del contrato el 29 de junio en respuesta a dicha solicitud, pero el documento terminó abruptamente a la mitad de la cuarta página, antes de las disposiciones sobre las obligaciones del Gobierno local de defender a los oficiales que enfrentan demandas.
Los funcionarios de la Ciudad se negaron a responder a las críticas de García. “El convenio colectivo con el EPMPOA es un contrato negociado aprobado por el Ayuntamiento. No entablaremos un diálogo sobre los méritos del contrato”, dijo Cruz-acosta.
Aquí están los detalles de las cuatro demandas relacionadas con la fuerza letal durante una crisis de salud mental.
Caso Daniel Sáenz
Daniel Sáenz, de 37 años, fue asesinado a tiros por el oficial José Flores en 2013 mientras yacía en el suelo frente a la cárcel del Centro con las manos esposadas a la espalda.
Le dijo a los trabajadores de una tienda de comestibles que se sentía paranoico, por lo que la Policía y los Servicios Médicos de Emergencia lo llevaron a un hospital, donde presuntamente agredió a pacientes, personal y un oficial fuera de servicio.
Sáenz fue arrestado y llevado a la cárcel del Centro, donde sufrió un corte en la cabeza mientras estaba bajo custodia. Flores y un trabajador de transporte civil estaban sacando a Sáenz de la cárcel para recibir tratamiento médico. Sáenz luchó con el oficial y el trabajador del transporte, negándose a levantarse del suelo en la puerta de la cárcel. Flores sacó su arma durante la lucha y le disparó a Sáenz mientras yacía esposado en el suelo.
Un gran jurado se negó a acusar a Flores. Fue despedido por el Departamento de Policía de El Paso, pero luego fue readmitido en apelación.
En 2014, la madre de Sáenz, Roswitha Sáenz, demandó a la Ciudad, al jefe de Policía Greg Allen, a Flores, al trabajador de transporte civil y a su empleador. Todos los acusados, excepto Flores, finalmente fueron desestimados de la demanda; Roswitha Sáenz llegó a un acuerdo con el oficial por un monto no revelado en septiembre de 2019. Murió el 4 de diciembre de 2019.
Los registros de la Ciudad obtenidos por El Paso Matters en virtud de la Ley de Información Pública de Texas muestran que la Ciudad pagó $394 mil 745.03 al bufete de abogados Denton Navarro de San Antonio y al bufete de abogados Darnell de El Paso para defenderse contra la demanda familiar de Sáenz.
Los gastos reales de defensa de la Ciudad probablemente fueron significativamente más altos que los divulgados en respuesta a la solicitud de El Paso Matters. La Ciudad sólo proporcionó facturas para el bufete de abogados Denton Navarro desde 2014 hasta 2016, a pesar de que sus abogados continuaron representando a la Ciudad o sus empleados hasta 2019.
Caso Erik Salas-sánchez
Erik Salas-sánchez, de 22 años, recibió un disparo mortal en 2015 por el oficial de Policía de El Paso, Mando Kenneth Gómez, mientras sufría una crisis de salud mental en el hogar de su madre.
Una vecina de Salas-sánchez llamó a la Policía cuando lo encontró sentado en su sofá y le dijo que se fuera. Cruzó la calle hasta la casa de su madre y Gómez y otros dos policías llegaron allí poco tiempo después.
Su madre, Celia Sánchez, les dijo a los oficiales que su hijo había estado actuando de manera extraña y que ella creía que necesitaba servicios de salud mental, según los registros judiciales. Gómez y otro oficial entraron a la casa para detener a Salas-sánchez. Un oficial disparó una pistola eléctrica taser y Gómez disparó su arma de fuego, baleando fatalmente a Salas-sánchez tres veces en la espalda, según un informe de autopsia.
Gómez fue acusado de homicidio involuntario y se cree que es el primer oficial de Policía de El Paso en ser acusado de un tiroteo en servicio. Un jurado de El Paso lo absolvió del cargo de homicidio el año pasado.
Los padres de Salas-sánchez presentaron una demanda en 2017 contra Gómez, otros dos oficiales y la Ciudad de El Paso, alegando que la Policía violó los derechos civiles de su hijo.
La demanda alega que la Policía de El Paso tiene un largo historial de uso de fuerza innecesaria contra personas con enfermedades mentales, y que Allen rara vez disciplinó a los oficiales que emplearon fuerza inapropiada.
Los registros de facturación proporcionados por la Ciudad a El Paso Matters muestran que ha gastado $1.04 millones en asesoría legal externa hasta el momento, incluidos más de $740 mil para la firma de abogados Denton Navarro en San Antonio y $195 mil para la firma de abogados Darnell en El Paso. El resto del dinero, poco menos de $100 mil, fue al bufete de abogados Windle Hood en El Paso.
Caso Daniel Ramírez
Daniel Antonio Ramírez, de 30 años, murió en 2015. Su madre, María, llamó al 911 para informar que su hijo era suicida, según los registros judiciales.
El oficial Rubén Escajeda fue el primer oficial en responder y encontró a Daniel Ramírez en el patio trasero intentando colgarse de una canasta de baloncesto, según muestran los registros.