Va cárcel de Chaparral a la ‘caza’ de migrantes
Ante baja de detenidos de ICE, solicitó que le enviaran infractores de otras agencias de la ley
Un centro de detención privado en el Sur de Nuevo México –ubicado en Chaparral, suburbio de El Paso– buscó aumentar el número de detenidos dentro de sus instalaciones luego de que el Estado declarara una emergencia de salud pública por la pandemia de Covid-19.
Management and Training Company (MTC), que opera el Centro de Procesamiento del Condado de Otero (OCPC), envió una carta a la administradora del Condado de Otero, Pam Heltner, con fecha del 31 de marzo. La carta decía que debido a una “disminución significativa“anticipada, en los migrantes detenidos, la empresa rescindiría su contrato, pero ofreció una solución.
NM Political Report recibió la carta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, la que obtuvo mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. La carta decía:
“MTC estaría feliz de explorar con usted la posibilidad de asociarse con otras agencias estatales o federales para ubicar detenidos o reclusos en el OCPC con el fin de aumentar la población general en la instalación y hacer que la operación continua de la instalación, por parte de MTC, sea financieramente viable”.
MTC alberga a migrantes retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La compañía privada también opera la Prisión del Condado de Otero, que mantiene a los reclusos detenidos por el Servicio de Alguaciles (Marshals) de los Estados Unidos y el Departamento de Correcciones del estado. Ambas instalaciones forman parte de un gran complejo en Chaparral, cerca de Texas.
Los ingresos del Condado de Otero, en el último año fiscal de la administración de MTC, tanto del Centro de Procesamiento del Condado de Otero como de la Prisión del Condado de Otero combinados, fueron de 457 mil 730 dólares, dijo Heltner en un correo electrónico enviado a NM Political Report.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham, declaró una emergencia de salud pública por Covid-19 y emitió su primera orden de salud pública exigiendo que el público se quedara en casa para reducir la propagación de la enfermedad el 11 de marzo, dos semanas antes de que la MTC enviara su carta a Heltner.
A menos que el Condado y MTC pudieran “reubicar” a más personas para colocarlas en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, la carta decía que MTC terminaría su contrato con el Condado de Otero el 27 de septiembre.
“Mantenemos la esperanza de que la población de detenidos aumente o de que se puedan buscar alternativas con ICE, el Condado de Otero o los poseedores de bonos para permitir que este aviso sea rescindido para que MTC pueda continuar operando no sólo OCPF (Centro de Prisión del Condado de Otero), sino también OCPC”, dice la carta.
A pesar de la oferta de la empresa, el Condado no tomó ninguna medida, según Heltner. Ella le dijo a New Mexico Political Report por escrito que “la instalación ha estado en uso todo el tiempo”.
Issa Arnita, directora de comunicaciones corporativas de MTC, dijo que la compañía firmó un contrato por un año con el Condado el 1 de septiembre.
También dijo, en la carta, que MTC “sólo ha trabajado con ICE en lo que respecta al Centro de Procesamiento del Condado de Otero”.
El portavoz de ICE, Timothy Oberle, envió una respuesta que decía que la población en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero ha disminuido en un 64 por ciento desde principios de febrero.
“Esta disminución en las personas detenidas ha permitido aumentar las oportunidades de distanciamiento social y mejorar las medidas para minimizar la propagación del virus en las instalaciones”, se lee en el comunicado.
Dentro de la instalación
Arnita también dijo en su correo elecarnita también dijo en su correo electrónico que desde que comenzó la pandemia, la población de la instalación ha disminuido y, hasta el jueves pasado, tenía 225 personas. La instalación tiene capacidad para unas mil personas.
No respondió directamente a una pregunta sobre cómo la instalación sigue siendo rentable con tan pocas camas ocupadas, pero se hizo eco de la declaración de ICE de que la menor cantidad de personas detenidas en la instalación significa que puede seguir las prácticas seguras de Covid-19.
Pero Lujan Grisham se acercó al vicepresidente Mike Pence durante el verano debido a su preocupación por el brote en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero y la Prisión del Condado de Otero, dijo durante una conferencia de prensa en julio.
Joachim Marjon, un abogado de inmigración de ACLU, de Nuevo México, dijo que los centros de detención que mantienen a personas bajo la jurisdicción de ICE en todo el país experimentaron una reducción generalizada a finales de abril o principios de mayo.
Marjon dijo que ICE liberó a algunos que eran médicamente vulnerables al Covid-19. Y, junto con las políticas del presidente Trump para evitar que los migrantes crucen la frontera en la primavera, ICE también realizó menos redadas para capturar a los migrantes que ya viven en Estados Unidos, pero que carecen de la documentación adecuada, dijo Marjon.
Pero Marjon dijo que no se han realizado suficientes pruebas entre los detenidos, lo que “probablemente minimiza el brote”.
Cómo respondió el condado
Aunque la carta de MTC al Condado estaba fechada el 31 de marzo, el Condado se enteró por primera vez de su posible pérdida de ingresos semanas antes, en algún momento a principios de marzo, dijo Heltner por escrito. Los comisionados del Condado de Otero celebraron una reunión especial en la misma fecha que la carta, el 31 de marzo, para votar sobre la modificación del contrato del Condado con MTC.
Los tres comisionados aprobaron la enmienda por unanimidad. La enmienda separó contractualmente al Centro de Procesamiento del Condado de Otero de la Prisión del Condado de Otero. Heltner explicó durante la reunión que la enmienda evitaría una pérdida total de ingresos para el Condado si MTC cerrara el centro de detención porque le permitiría a MTC continuar administrando la prisión.
MTC ha celebrado un contrato con el Condado de Otero para operar y administrar el Centro de Procesamiento del Condado de Otero desde que fue construido en 2008, según Heltner.
Cómo ha respondido el gobernadora
Lujan Grisham podría hacer más para garantizar que las instalaciones privadas que albergan a prisioneros y detenidos solicitantes de asilo realicen pruebas y traten adecuadamente el Covid-19, según expertos legales y defensores de los migrantes. Lujan Grisham, en respuesta a una pregunta del Santa Fe Reporter, durante una conferencia de prensa en julio, dijo que la detención federal no tiene que cumplir con las pautas del Estado.
Ella no está sola en su posición con respecto a tales instalaciones. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, apeló a Trump durante el verano en busca de ayuda con un centro de detención de migrantes en su estado que ha visto un brote importante de Covid-19 y al menos un detenido muerto. Los líderes del Senado de Northam y Virginia dijeron que el Estado no podía actuar porque el centro de detención estaba bajo contrato federal, según The Washington Post.