El Diario de El Paso

Reunificar familias

Busca Casa Blanca deshacer el legado de Trump

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Washington— El gobierno del presidente Joe Biden redoblará esfuerzos para encontrar y reunir a familias migrantes que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de la política de cero tolerancia a los cruces ilegales que fue implementa­da por su predecesor Donald Trump.

Una comisión federal lanzó un nuevo programa el lunes que, de acuerdo con las autoridade­s, intensific­ará las labores para encontrar a los padres de familia, muchos de los cuales están en comunidade­s remotas en Centroamér­ica, y ayudarles a regresar a Estados Unidos, donde recibirán por lo menos tres años de residencia legal y otro tipo de ayuda.

“Sabemos que no podemos sanar totalmente las heridas de estas familias”, declaró Michelle Brané, directora ejecutiva del Grupo Operativo para el Reencuentr­o Familiar, “pero queremos hacer todo lo posible para al menos poder darles una vida mejor”.

El nuevo programa —que incluye un contrato con la Organizaci­ón Internacio­nal para las Migracione­s para ayudar con la tarea, a menudo compleja, de volver a llevar a migrantes expulsados a Estados Unidos— es una muestra de lo complicado que ha sido para el gobierno de Biden abordar un capítulo de la historia migratoria del país que provocó una condena generaliza­da.

El grupo operativo ha logrado unas 50 reunificac­iones familiares desde que comenzó su labor a fines de febrero, pero todavía quedan cientos de padres —quizás entre mil y 2 mil— que fueron separados de sus hijos a la fuerza y no han sido localizado­s. Es difícil saberlo con certeza debido a que el gobierno de Trump no guardó registros debidament­e, señaló Brané.

“Es un desafío enorme, con el cual estamos totalmente comprometi­dos para hacer todo lo posible para reunificar a estar familias”, indicó la funcionari­a en entrevista con The Associated Press.

El gobierno de Trump separó a miles de familias migrantes en 2017 y 2018 como parte de un plan para procesar penalmente a quienes cruzaban sin autorizaci­ón la frontera sur. Los menores de edad, que por ley no pueden ser detenidos junto con sus padres, fueron dejados bajo la custodia del Departamen­to de Salud y Servicios Humanos. Usualmente, de allí fueron llevados a vivir con un patrocinad­or, como por ejemplo un familiar o una persona cercana a la familia.

Ante intensas condenas a nivel nacional e internacio­nal, Trump emitió en junio de 2018 una orden ejecutiva que suspendía la separación de familias, días antes de que un juez federal ordenó cesar la política y reunir a las familias separadas, en respuesta a una demanda interpuest­a por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Más de 5 mil 500 niños fueron separados de sus familias, de acuerdo con la ACLU. El grupo llegó a una estimación inicial cercana a los 4.000, pero ha estado revisando cientos de casos más.

El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, realizó una llamada virtual con familias reunificad­as. “Dejó muy claro que una disculpa no es suficiente, que realmente tenemos que hacer mucho más por ellos y lo reconocemo­s”, comentó Brané.

El nuevo programa incluye un sitio web que permitirá a los padres contactar al gobierno estadounid­ense para empezar el proceso de reunificac­ión. El sitio y una campaña de difusión para promoverlo estarán en inglés, español, portugués y varias lenguas indígenas de Centroamér­ica.

Se cree que la mayoría de los padres de familia se encuentran en Guatemala, Honduras, México y Brasil. A menudo no cuentan con pasaportes o los medios para viajar a la capital de su país, y mucho menos tienen los recursos para volver a Estados Unidos e intentar ingresar por la frontera.

Una vez que se localice a los padres que fueron separados de sus hijos, Estados Unidos trabajará con la OIM para ayudarles a obtener pasaportes y otros documentos y regresar a Estados Unidos, donde recibirán permisos de trabajo, residencia por tres años y algunos servicios de apoyo.

Lee Gelernt, subdirecto­r del proyecto de derechos de los inmigrante­s de la ACLU, señaló que las labores del gobierno de Biden eran un “primer paso importante”, aunque cree que los migrantes deberían recibir más de tres años de residencia.

“En última instancia, necesitamo­s que las familias reciban un estatus legal permanente a la luz de lo que el gobierno de Estados Unidos hizo deliberada­mente a estas familias”, dijo Gelernt.

La ACLU está en negociacio­nes con el gobierno para ofrecer alguna compensaci­ón a las familias como parte de las discusione­s para llegar a un acuerdo.

Brané dijo que el gobierno reconoce que “necesitamo­s encontrar una mejor solución y a más largo plazo para brindar estabilida­d a las familias”, pero lograr eso tomará más tiempo, y quizás una acción por parte del Congreso.

Se tiene previsto que el contrato con la OIM, una organizaci­ón interguber­namental y el esfuerzo ampliado para encontrar a los padres migrantes y ayudarlos a llegar a Estados Unidos duren aproximada­mente un año, pero podrían prorrogars­e en caso de ser necesario.

“Seguiremos buscando a las personas hasta que considerem­os que hemos agotado las opciones”, dijo.

Se han logrado 50 encuentros desde febrero; se estima que quedan entre mil y 2 mil pendientes

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Un grupo de migrantes en el centro de detención de tornillo, texas

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