Asume DOJ caso de corrupción de Paxton
La oficina del fiscal federal en Texas fue recusada después de trabajar en el asunto durante años
Dallas— Funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington se hicieron cargo de la investigación de corrupción contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quitando el caso de las manos de los fiscales federales en Texas que habían estado liderando la pesquisa durante mucho tiempo.
La medida fue revelada en un comunicado de los fiscales estatales que manejan su propio caso contra Paxton. Es el último avance en la investigación federal sobre el fiscal general, que estuvo bajo el escrutinio del FBI en 2020 después de que sus propios diputados principales lo acusaron de soborno y abuso de su cargo para ayudar a uno de los colaboradores de su campaña, que también empleó a una mujer con quien Paxton reconoció haber tenido una relación extramatrimonial.
La investigación del republicano de tres mandatos ahora está a cargo de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia (DOJ), que procesa las denuncias de mala conducta oficial contra los líderes electos a nivel local, estatal y federal. La oficina del fiscal de EU en Texas fue recusada recientemente del complejo caso después de trabajar en él durante años, un cambio abrupto que se produjo a los pocos días de que Paxton aceptara disculparse y pagar $ 3.3 millones en dinero de los contribuyentes a cuatro de los ex empleados que lo denunciaron ante el FBI.
Los fiscales estatales que trabajan en un caso separado de fraude de valores contra Paxton, Brian Wice y Kent Schaffer, dijeron en un comunicado a The Associated Press ayer jueves que fueron notificados de la medida. Refirieron todas las preguntas al DOJ, que se negó a comentar.
No se sabe si Paxton enfrentará cargos, aunque los investigadores federales en Texas que trabajaron en el caso creían que había pruebas suficientes para una acusación, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir la investigación en curso.
No quedó claro de inmediato qué llevó a los altos funcionarios del Departamento de Justicia a recusar a los fiscales federales en el oeste de Texas, pero el equipo legal de Paxton impulsaron la medida. Uno de sus abogados defensores, Dan Cogdell, dijo el jueves que había apelado previamente a los funcionarios de la agencia para que sacaran el caso de las manos de la oficina del fiscal federal local porque los fiscales tenían “un conflicto obvio”.
“Era lo correcto”, dijo Cogdell. Señaló que los funcionarios federales no le habían informado sobre la medida y se negaron a hacer más comentarios.
Ocho miembros del personal superior de Paxton lo acusaron de delitos en 2020 después de que el fiscal general contratara a un abogado externo para investigar las denuncias de irregularidades de un desarrollador inmobiliario de Austin por parte de agentes del FBI y fiscales federales que estaban investigando al desarrollador por separado. Esos agentes y abogados son parte del mismo distrito fiscal federal que los que vinieron a investigar a Paxton.
La superposición era conocida por los funcionarios del Departamento de Justicia y AP informó públicamente a las pocas semanas de que el personal de Paxton acudiera al FBI. No obstante, la agencia dejó que la investigación fuera dirigida por un fiscal federal de carrera con sede en San Antonio, quien anteriormente era mejor conocido por ganar un caso de lavado de dinero y fraude contra un senador estatal demócrata.
La investigación federal se amplió en los años desde que su antiguo personal le dijo al FBI que estaba cometiendo delitos para ayudar al desarrollador, Nate Paul. Llegó a analizar las renovaciones realizadas en la casa de un millón de dólares de Paxton, pero también se prolongó debido a que el liderazgo de la oficina del fiscal federal para el oeste de Texas ha cambiado repetidamente.
Paxton y Paul han negado ampliamente haber actuado mal.
Durante esos años, Paxton ha visto poco costo político de la investigación federal y la acusación separada de fraude de valores de 2015 por la que aún no ha sido juzgado. Derrotó fácilmente al retador George P. Bush en una primaria republicana disputada la primavera pasada, luego venció decisivamente a su oponente demócrata y aseguró un tercer mandato en noviembre y ha presentado un flujo constante de desafíos legales a la administración del presidente demócrata Joe Biden. La Sección de Integridad Pública ha iniciado una serie de procesamientos de alto perfil en las últimas décadas. Uno de sus ex jefes, Jack Smith, ahora se desempeña como asesor especial del Departamento de Justicia que supervisa las investigaciones sobre la retención de documentos clasificados por parte del ex presidente Donald Trump, así como los esfuerzos de este y sus aliados para deshacer los resultados de las elecciones de 2020.
Aunque la unidad ha obtenido importantes condenas, también ha sufrido reveses notables.
La sección participó en el enjuiciamiento del ex gobernador de Virginia, Bob Mcdonnell, un republicano, pero el caso fue anulado más tarde por la Corte Suprema. La sección también procesó al ex candidato demócrata a la vicepresidencia John Edwards, pero un jurado lo absolvió de un cargo y llegó a un punto muerto en otros. El Departamento de Justicia se negó a volver a juzgarlo. Un jurado también llegó a un punto muerto en el caso del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, lo que llevó a un juez a declarar un juicio nulo.
Abogado defensor había apelando antes porque supuestamente los funcionarios tenían ‘un conflicto obvio’