Traten a México como un socio, no como un muro
Adam Zyglis
lgo se avecina en la política de inmigración de Estados Unidos. De la nada, el lunes 6 de febrearo, el secretario de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado rechazando categóricamente el reinicio del programa Permanecer en México, bajo el cual la administración Trump envió decenas de miles de centroamericanos a México para que esperen la decisión de los jueces de Estados Unidos sobre su petición de asilo.
El miércoles siguiente, The Washington Post publicó un artículo que dice que México y Estados Unidos estaban negociando el programa Permanecer en México debido a los esteroides –un acuerdo para regresar a los migrantes que no son mexicanos por la frontera sur. Eso podría “permitir que las autoridades de Estados Unidos lleven a cabo deportaciones a gran escala y los regresen por la frontera”, como lo señaló The Post.
El Departamento de Seguridad Nacional se apresuró a negar lo que decía el reportaje. Sin embargo, esa negativa dejó abierta la puerta. “Vamos a seguir colaborando cercanamente con el gobierno de México para implementar nuestro exitoso plan de refuerzo fronterizo”, comentó en un tweet la portavoz del Departamento de Seguridad Interna.
De hecho, acosado por los republicanos de la Cámara y debido a que se aproxima una elección, el presidente Joe Biden espera encontrar cierto alivio para uno de sus problemas más importantes.
Aunque es probable que sea más difícil de lo que él piensa.
El presidente tiene prisa. El 11 de mayo, la emergencia de salud pública concluirá oficialmente. Con eso terminará la razón legal que Estados Unidos utilizó para diseñar un acuerdo en el mes de enero para expulsar masivamente a decenas de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a México, debido a cuestiones relacionadas con la salud.
Si no se implementa otra cosa, Washington podría perder el mejor disuasorio que ha tenido para detener la pesadilla política de miles tras miles de desesperados migrantes que llegaron masivamente a la frontera sur.
Según un acuerdo anterior del mes de enero, Estados Unidos ofreció hasta 30 mil visas temporales por mes para los migrantes de esos cuatro países, siempre y cuando tengan un patrocinador en Estados Unidos y hagan su solicitud en línea antes de venir a este país.
México estuvo de acuerdo en recibir el mismo número de migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos por la frontera, incluyendo a los que intentan solicitar asilo en este país.
Hasta ahora, una visa ha representado una zanahoria para aquellos que acaten esa regla, junto con el palo de la expulsión para aquellos que no lo hagan, y eso ha sido un disuasorio sorpresivamente efectivo. Agentes de Estados Unidos expulsaron a menos de 36 mil migrantes de esos cuatro países en enero, lo cual fue una reducción respecto a más de 98 mil que hubo en diciembre.
El total de “encuentros” de migrantes con la Patrulla Fronteriza disminuyó a sólo más de 200 mil, siendo la cifra más baja desde febrero del año pasado.
Debido a que los republicanos quieren la cabeza de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna, la idea de que el acuerdo pueda expirar y los desesperados migrantes puedan lanzarse nuevamente a la frontera es una aterradora posibilidad.
Y aunque el duelo de mensajes de la semana pasada sugiere que se está diseñando un nuevo acuerdo para realizar expulsiones bajo el amparo de la ley de salud pública conocida como Título 42, que utilizó la emergencia del Covid como una cubierta para lo que es básicamente la política de migración, podría no seguir adelante como lo espera Washington.
México, al igual que la mayoría de los países, usualmente no acepta deportar a los que no son ciudadanos de otros países, un problema legal que el Título 42 ayudó a solucionar.
Cualquier expansión de las expulsiones a México de acuerdo a un nuevo marco legal que aún no está definido, y tal vez de una creciente lista de países –agentes de la Patrulla Fronteriza aprehendieron a 62 mil colombianos y 45 mil ecuatorianos en los primeros cuatro meses del año fiscal que empezó en octubre, así como también, 57 mil guatemaltecos y 52 mil hondureños– es probable que tengan obstáculos legales y políticos.
Lo primero es persuadir a México que acepte un acuerdo que, para muchos mexicanos, les traerá pocos beneficios.
“Francamente, no queda claro cuál será la compensación, sólo la subordinación ha quedado expuesta”, comentó Tonatiuh Guillén López, ex jefe del Instituto Nacional de Migración de México durante los primeros seis meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Eso convertirá a México en un dócil complemento de la política de migración de Estados Unidos”, agregó.
Y ante la pregunta de qué habrá para México, tiene ramificaciones políticas. La pre-campaña a la presidencia mexicana ya está en marcha.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien es probable que firme cualquier arreglo, es uno de los que esperan ser designado como el sucesor de López Obrador. Sus contrincantes ya lo criticaron por dar por terminado el acuerdo Permanecer en México, poniendo en venta la soberanía mexicana.
Los críticos de López Obrador señalan que está recibiendo mucho de la administración Biden a cambio de colocar a México como un muro en contra de los migrantes –lo más notable es ignorar el creciente autoritarismo, políticas nacionalistas de energía y otras decisiones que podrían, en tiempos normales, recibir una audible desaprobación de Washington.
Observadores más empáticos señalan que México probablemente también está ganando directamente de ese disuasorio, impidiendo que miles de posibles migrantes lleguen a México teniendo como objetivo final ingresar a Estados Unidos.
También se considera que aceptar a decenas de miles de migrantes expulsados de Estados Unidos no significa que van a aparecerse.
“El gobierno mexicano podría no estar emocionado en aceptar cientos de miles de migrantes que son regresados debido a que realmente no quiere tener que solucionarle el problema al gobierno de Estados Unidos”, comentó Andrew Selee, presidente del Instituto de Política de Migración.
“Sin embargo, ellos parecen estar dispuestos a colaborar en cosas que podrían mantener bajos los números, lo cual también significa que habrá pocos regresos reales en la práctica”.
Esta parte del acuerdo está en peligro. Encabezados por Texas, los procuradores generales de estados dirigidos por republicanos están solicitándole a las cortes que bloqueen el uso que ha hecho la administración Biden del proceso de libertad condicional, bajo el cual está ofreciendo visas temporales que son las zanahorias del trato.
Si sus demandas tienen éxito, y las cifras de migrantes no-mexicanos, que cruzan por México aumentan de una manera significativa, México podría echarse para atrás.
“El trato de tener algún patrocinador es parte de la estrategia de refuerzo”, comentó Selee. “Perder eso pone en peligro la colaboración del gobierno mexicano”.
El entusiasmo de la administración Biden sobre una estrategia sobre el control de la migración que, finalmente, pudiera otorgarle un respiro también es entendible. El diseñar una estrategia conjunta con México con toda seguridad será lo correcto.
Igualmente importante es la urgencia del presidente Biden para solucionar un problema político que tiene el riesgo de descarrilar una prioridad crucial: La futura prosperidad y seguridad de su país depende de que Estados Unidos y México desarrollen una rica relación estratégica con vínculos económicos y culturales, colaboración en la aplicación de la ley y justicia criminal, conversaciones sobre tecnología y su regulación.
Con toda seguridad, la migración juega un importante papel en esta relación. Sin embargo, la conversación no puede ser rehén de un Estados Unidos imperativo para que México se convierta en su muro contra la inmigración.