‘Desmenuza’ juez programa de condonación de deuda
A pesar de que vivió las consecuencias de los créditos estudiantiles, dudan que esté a favor de la propuesta de Biden
Washington— La Corte Suprema no tendrá que mirar muy lejos si quiere una opinión personal sobre el “peso aplastante” de la deuda estudiantil que subyace en el plan de condonación de préstamos universitarios del gobierno de Biden.
El juez Clarence Thomas tenía alrededor de 40 años y estaba en su tercer año en el tribunal más alto de la nación cuando pagó lo último de su deuda de su tiempo en la Facultad de Derecho de Yale.
Thomas, el juez con más años de servicio en la corte y el conservador más acérrimo, se ha mostrado escéptico con respecto a otras iniciativas de la administración Biden. Y cuando la Corte Suprema escuche los argumentos el martes relacionados con el plan de alivio de la deuda del presidente Joe Biden que eliminaría hasta $20 mil en créditos estudiantiles pendientes, es poco probable que Thomas sea un voto a favor de la administración.
Pero las propias experiencias de los jueces pueden ser relevantes en la forma en que abordan un caso, y sólo entre ellos, Thomas ha escrito sobre el papel que jugaron los préstamos estudiantiles en sus luchas financieras.
Un compañero estudiante de la facultad de derecho incluso sugirió que Thomas se declarara en bancarrota después de graduarse “para salir del peso aplastante de todos mis créditos estudiantiles”, escribió el juez en su libro de memorias de 2007 más vendido, “El hijo de mi abuelo”. Rechazó la idea.
No está claro si alguno de los otros jueces pidió dinero para asistir a la universidad o a la facultad de derecho o lo haya hecho para la educación de sus hijos. Algunos jueces crecieron en relativa riqueza. Otros informaron que tenían becas para pagar sus estudios en algunas de las instituciones privadas más caras del país.
De los siete jueces del tribunal que son padres, cuatro han señalado a través de sus inversiones que no quieren que sus propios hijos carguen con deudas universitarias onerosas, y han acumulado dinero en cuentas de ahorro para la universidad libres de impuestos que podrían limitar cualquier necesidad de préstamos.
El presidente del tribunal John Roberts y el juez Neil Gorsuch tienen la mayor cantidad disponible, al menos $600 mil y $300 mil , respectivamente, según los informes anuales de divulgación que los jueces presentaron en 2022. Cada uno tiene dos hijos.
Los jueces Amy Coney Barrett, que tiene siete hijos, y Ketanji Brown Jackson, que tiene dos, también han invertido dinero en cuentas de ahorro para la universidad, en las que cualquier ganancia o crecimiento está libre de impuestos si se gasta en educación.
Ninguno de los jueces hizo comentarios sobre esta historia, dijo una portavoz de la corte.
Thomas escribió vívidamente sobre sus problemas de dinero pasados en su historia de superación de la pobreza, contando cómo un banco ejecutó una vez uno de sus créditos porque los avisos de pago y morosidad se enviaron a la casa de sus abuelos en Savannah, Georgia, en lugar de la casa de Thomas en ese momento en Jefferson City, Missouri.
Thomas pudo obtener otro préstamo para pagarle al banco sólo porque su mentor, John Danforth, entonces fiscal general de Missouri y más tarde senador de los Estados Unidos, respondió por él.
Thomas señaló que se inscribió en un programa de aplazamiento de matrícula en Yale en el que un grupo de estudiantes pagaba conjuntamente sus préstamos pendientes de acuerdo con su capacidad financiera, y los que ganaban más pagaban más.
En ese momento, la primera esposa de Thomas, Kathy, estaba embarazada. “No sabía qué más hacer, así que firmé en la línea de puntos y pasé las siguientes dos décadas pagando el dinero que pedí prestado durante mis últimos dos años en Yale”, escribió Thomas.
Cuando fue nominado por primera vez para ser juez federal en 1989, Thomas informó $10 mil en préstamos estudiantiles pendientes, según un informe de noticias en ese momento. La administración de Biden ha elegido el mismo número que la cantidad de alivio de la deuda que la mayoría de los prestatarios obtendría según su plan.
La experiencia personal puede dar forma a las preguntas de los jueces en la sala del tribunal y afectar sus conversaciones privadas sobre un caso, incluso si no figura en el resultado.
“Es útil tener personas con experiencias de vida variadas sólo porque enriquece la conversación”, dijo la jueza Sonia Sotomayor. Sotomayor, como Thomas, también creció en la pobreza. Obtuvo una beca completa para estudiar en Princeton, dijo, y luego fue a Yale para estudiar derecho, como lo hizo Thomas.
Evitar que la gente evite los tipos de decisiones difíciles que enfrentó Thomas es una parte clave del argumento de la administración para la condonación de préstamos. La administración dice que sin ayuda adicional, muchos prestatarios se atrasarán en sus pagos una vez que se levante la retención vigente desde el comienzo de la pandemia de coronavirus hace tres años, a más tardar este verano.
Según un plan anunciado en agosto pero bloqueado hasta ahora por los tribunales federales, se cancelarían $10 mil en préstamos federales para las personas que ganan menos de $125 mil o para los hogares con menos de $250 mil en ingresos. Los beneficiarios de las Becas Pell, que tienden a tener menos recursos financieros, recibirían una condonación adicional de $10 mil.
La casa blanca dice que 26 millones de personas ya lo han solicitado y 16 millones han sido aprobados para recibir ayuda. Se estima que el programa costará $ 400 mil millones durante las próximas tres décadas.
La lucha legal podría girar en torno a varios elementos, incluso si los estados liderados por republicanosy las personas quede mandan por el plan tienen capacidad legal para ir a los tribunales y si Biden tiene la autoridad bajo la ley federal para un programa de condonación de préstamos tan extenso.
Nebraska y otros estados que cuestionan el programa argumentan que, lejos de quedarse atrás, 20 millones de prestatarios obtendrían una “ganancia inesperada” porque se borraría toda su deuda estudiantil, escribió el fiscal general de Nebraska, Michael Hilgers, en el informe principal de la Corte Suprema de los estados.
Cuál de esos argumentos resuena en la corte puede quedar claro el martes.
Cuando era decana de la Facultad de Derecho de Harvard, la jueza Elena Kagan mostró su propia preocupación por el alto costo de la facultad de derecho, especialmente para los estudiantes que estaban considerando trabajos con salarios más bajos.
Kagan estableció un programa que permitiría a los estudiantes asistir a su último año sin costo de matrícula si aceptaban un compromiso de cinco años para trabajar en el sector público. Si bien ese programa ya no existe, Harvard ofrece becas a estudiantes para trabajos de servicio público.
Cuando se creó el programa, Kagan dijo que quería que los estudiantes pudieran ir a trabajar donde “puedan marcar la mayor diferencia, pero ese no es el caso ahora”. En cambio, dijo: “A menudo van a trabajar donde no quieren trabajar debido a la carga de la deuda”.
En 2007 el juez Thomas escribió un libro en donde relata lo que es vivir con una deuda estudiantil